Nadia Burgos dirigente del MST en el FITU se pronunció respecto al anuncio del proyecto de baja de imputabilidad y a los trascendidos de “refuncionalización” de áreas del COPNAF: “El Gobierno nacional busca mostrarse firme desde la aprobación de la ley bases y decidieron anunciar algunas medidas que buscan aprobar: desde declarar la educación como servicio esencial, solo para cercenar el derecho a huelga, al avance de los despidos de a cientos de trabajadores en el Estado, y el proyecto de baja en la edad de imputabilidad, que no hacen más que mostrar que todo el plan ultraderechista es profundamente reaccionario. La contra cara es la realidad que vivimos día a día, mientras la pobreza crece y las condiciones de vida se deterioran pretenden que pensemos que las salidas efectistas van a resolver algo, y esto solo agrava la situación. Más que nunca la salida es sacar de la pobreza al 70% de niños y adolescentes, pero no querer meterlos en cana”.
Y sentenció: “Alarma muchísimo más la situación de ver lo que ocurre en la provincia, no solo por la falta de comida para los comedores y merenderos que son una herramienta social central para pensar la contención. O los recortes constantes en presupuesto de educación con escuelas que se caen a pedazos y docentes con salarios de miseria. Ni hablar si tenemos que pensar en el COPNAF. Sabemos que serán citadas la presidenta del COPNAF y la ministra de Desarrollo Humano de Entre Ríos por un grupo de senadores y senadoras que informen acerca del posible cierre de dos divisiones importantísimas del Departamento de Referencia para las Adolescencias del COPNAF. Precisamente del programa Mejor es Convivir y de la División de Abordaje Individual. Esta división es el único dispositivo encargado de trabajar de manera específica con adolescentes no punibles de toda la ciudad, trabaja con pibes y pibas de entre los 13 y los 16 años, esos pibes que los proyectos nacionales quieren criminalizar. Aquí existen dispositivos específicos que se adaptan a convenciones y organismos internacionales, leyes nacionales y provinciales y repito: los quieren cerrar profundizando el desfinanciamiento por parte del Estado de este tipo de dispositivos importantes para orientar, asesorar y acompañar a estos adolescentes a restituir sus derechos y poder pensar un proyecto de vida propio, autónomo e independiente. Nuevamente se dice que quieren “refuncionalizar» con la excusa de la eficiencia y en realidad lo que hacen es recargar a los trabajadores con más tareas y aumentar su precarización, eliminar programas y quitar derechos a adolescentes y niños. Hoy más que nunca hay que defender el derecho a la niñez y adolescencia, no cerrar dispositivos y no criminalizarlos. Por eso decimos no a la baja y no toquen los dispositivos específicos”.