Luego de siete años de trámite judicial, una jueza de la zona sur de Nueva York, Loretta Preska, condenó al país a pagar la descomunal suma de U$S 16.100 millones al fondo buitre Burford porque el gobierno kirchnerista no respetó el estatuto de la compañía en ocasión de su recompra de acciones del 2012. Hay que romper con los tribunales imperialistas, nacionalizar toda la sociedad anónima YPF sin poner un peso e investigar los negocios entre los Kirchner y los Eskenazi.
El fallo de la justicia neoyorkina contra Argentina se basa en la demanda iniciada por el grupo Petersen -perteneciente a Eskenazi- contra el Estado por incumplimiento del estatuto de YPF en el momento que el gobierno de Cristina y su viceministro de economía Axel Kicillof decidieron recomprar el paquete accionario mayoritario de acciones a la española Repsol. De acuerdo a los estatutos, la oferta debía haber incluido a los accionistas minoritarios – los Eskenzi eran propietarios del 25%- y Kicillof se negó explícitamente a considerarlo en su momento.
La ley de “nacionalización” fue votada en el Congreso con el acompañamiento de amplios sectores de la oposición. En realidad fue la recompra del 51% de las acciones porque YPF sigue siendo hasta nuestros días una sociedad anónima. “El modelo no es de estatización, que quede claro, sino de recuperación de la soberanía y control de un instrumento fundamental”, dijo en ese momento la presidenta. En aquellos años nuestro MST se movilizó unitariamente reclamando una YPF 100% estatal con control social.
Los derechos de la demanda judicial de los Eskenazi fueron comprados por el fondo buitre de inversión inglés Burford, que habría comprado estos derechos por 15 millones de dólares. Según el fallo de Preska sería acreedor por el U$S 16.100 millones, el mismo establece que se deberán pagar daños e intereses por el 8% anual desde el 2012. Al fondo inglés Burford corresponden U$S 14.385 millones – U$S 7.533 millones por daños y U$S 6.852 millones por intereses- y al otro fondo interviniente, Eton Capital, U$S 1.714 millones – U$S 897,7 millones por daños y U$S 816,6 millones de intereses-. Según Pagni, los Eskenazi se llevarían el 30% de estos montos.
El procurador del Tesoro, el cristinista Carlos Zannini, instruyó a los abogados que representan al país para apelar la sentencia, lo que demoraría la resolución final del juicio por varios años, debiendo pagar el país alrededor de U$S 1.500 millones de dólares por cada año que se demore en pagar la indemnización. Tomando el resultado del juicio de fondos buitres conducido por el fallecido juez Griesa, el resultado de la apelación será similar, pero permitirá a los representantes de Argentina ganar tiempo para poder negociar el monto a pagar. Algunos analistas aportan además que los demandantes podrían incluir en la demanda a YPF, no alcanzada hasta ahora ya que el juicio es contra el Estado argentino.
La sentencia del juicio por YPF ocupa el tercer lugar en el podio de los juicios más caros de la justicia norteamericana, sólo por debajo del fallo contra las tabacaleras y el realizado contra la contaminación producida por la British Petroleum.
El kirchenerismo vs. la oposición, un circo electoral
La publicación de semejante atropello contra el país fue utilizada por la oposición de derecha al gobierno para destacar la impericia de Kicillof que en su momento calificó de “estúpida” la recomendación de respetar el estatuto de le empresa. Bullrich llegó a afirmar que “el kirchnerismo nos sale caro”.
En la otra punta, Cristina denunció la connivencia de los jueces yanquis con los fondos buitres citando dichos de la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez. También Kicillof salió a pegar contra la actitud pro imperialista de la oposición que no plantearía la reprivatización de la empresa, pero no defiende al país frente a la prepotencia imperial.
Lo cierto es que el procurador K Zannini no solo ha reconocido a esta justicia imperial, sino que habría ofertado una suma menor pero muy importante –U$S 5.000 millones- para evitar la sentencia y cerrar un acuerdo con el fondo buitre, sin suerte. Acá se acaban todos los discursos nac&pop, si todo es una gran estafa, ¿por qué reconocen el juicio y negocian el monto a pagar?
La historia de una “nacionalización” trucha y los negocios con los Eskenazi
Aunque prefieren eludir el tema, los Kirchner fueron impulsores fanáticos de la privatización de la estatal YPF en épocas del menemato. El miembro informante de la comisión parlamentaria fue justamente el ultra K, senador Parrilli. La historia de la española Repsol a cargo de la empresa fue una catástrofe de falta de inversión, remate de los bienes de la empresa –que era una de las petroleras más grandes del mundo-, exacción de ganancias y vaciamiento.
Según el kirchnerismo “Repsol vendió activos por USD 3.000 millones, redujo la inversión y se endeudó por USD 9.000 millones, cuando el histórico era USD 4.000 millones”. Después de 22 años de autoabastecimiento, en el año 2011 se importaron combustibles por U$S 12 mil millones. Pese a estas denuncias, el tandem Cristina-Kicillof pagó U$S 5.000 millones a Repsol en su momento, una cifra que con los intereses y pagos de los bonos devengará en total unos U$S 10.000 millones.
Quedó en este negocio un cabo suelto: fueron las acciones de los Eskenazi. Los estatutos de YPF sostenían que si un inversor hacia una oferta por más del 15% del paquete accionario debía hacer extensiva esa oferta a los otros accionistas de la compañía. Los Eskenazi, viejos socios de los Kirchner en Santa Cruz, se habían hecho del paquete accionario de YPF de una manera muy irregular –por no decir por un acuerdo súper corrupto- Pagaron las acciones de la compañía sin poner un peso con los dividendos obtenidos por esas acciones. Esta sería una de las razones por las que Zannini no hace mención en ningún momento a esta “irregularidad” en sus argumentos en defensa del país.
Romper con los tribunales imperiales y los fondos buitres, nacionalizar sin pago toda la compañía
En sus argumentos de por qué respetar semejante atropello y negociar un pago menor – pero equivalente a muchos miles de millones de dólares- a la terrible sentencia de la jueza Preska, se esgrime que si no aceptamos el fallo quedaremos fuera de los convenios internacionales, romperemos con los organismos de crédito y quedaremos aislados.
Sin embargo, existen países como Brasil o Bolivia que se niegan a aceptar la violación de la soberanía que significa subordinarse a los tribunales imperiales. Incluso hay legislaciones como la de Bélgica con leyes que condenan y limitan el accionar de estos fondos buitres.
En definitiva, en boca de los K y de su candidato Massa es el mismo doble discurso que le echa la culpa de lo que nos pasa al crédito fraudulento de Macri con el FMI, para luego pagarlo puntualmente y someternos a sus terribles condiciones de ajuste y sometimiento.
No podemos aceptar este nuevo desfalco de los buitres de la deuda al país. Una onerosa estafa que pagaremos los trabajadores con más ajuste y entrega. Es necesario romper con el tribunal de Preska, desconocer los juicios que se tramitan contra el país en el CIADI, nacionalizar toda la compañía YPF sin poner un peso, convirtiéndola en una empresa estatal controlada por sus trabajadores y usuarios, e investigar los negocios de los Kirchner con los Eskenazi en la fraudulenta entrega del 25% de las acciones de YPF.