jueves, 21 noviembre 2024 - 14:12

Voucher. Les quitan a las maestras y la escuela pública, pero Pettovello y Milei aumentan la plata para las privadas

El gobierno nacional le dio forma finalmente a sus promocionados “voucher educativos”, pero para financiar a las escuelas privadas, mientras desfinancia fuertemente a la educación pública, entendida como estatal. Y le saca una importante porción de plata de los salarios a 1.6 millones de docentes del país, al dejar de pagar el Incentivo con el que todos los gobiernos nacionales han aportado, en más de un cuarto de siglo, para sostener los sueldos desde que el Incentivo se creó en 1988.

Este miércoles había circulado como proyecto, una supuesta resolución “mediante la cual se propone la apertura de las inscripciones del Programa de Asistencia Vouchers Educativos”. No tenía la firma de la ministra Sandra Pettovello, de Capital (in)Humano, sino la “firma digital” de una Subsecretaria. Pero a las 22 hs, la cuenta del ministerio publicó el comunicado: “Vouchers educativos para la clase media”, donde dan cuenta que el programa ya era oficial.

¿65.520 millones al mes para financiar a una minoría?

A través de la Resolución Nº 61/2024 con la firma de la ministra (descargar aquí), oficializaron el lanzamiento de su nuevo programa, argumentando que lo hacen “para ayudar a familias que envían a sus hijos a establecimientos de niveles inicial, primario y secundario, con una subvención del 75% o más y una cuota que no supere los $ 54.396”.

Según ese comunicado y el Art. 3º de la propia Resolución, los beneficiarios recibirán el 50% del valor del arancel de jornada simple, es decir, $ 27.198 por cada pibe, los que se pagarán de las arcas del Estado nacional. Esas mismas arcas que el gobierno liberfacho ajusta para alcanzar el nefasto “déficit cero” que exigen el FMI y el imperialismo para pagar la estafa de la deuda.

Todo esto implica un verdadero escándalo, ya que en los considerandos de la Resolución dicen que “existen 2.409.006 alumnos que asisten a instituciones educativas de niveles inicial, primario y secundario de gestión privada”, que reciben subsidios del Estado.

De aplicarse ese aporte extraordinario del presupuesto nacional sobre esa masa de estudiantes de institutos privados, a la par que Milei, Pettovello, Caputo y el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, desfinancian y recortan las partidas para la educación pública, podrían destinar más de $ 65.520 millones para asegurar el negocio de la Iglesia y demás patronales privadas.

Todo un despropósito y un contrasentido, ante el argumento de Milei para no pagar el Incentivo, diciendo que la educación sería responsabilidad exclusiva de las provincias… Porque ese programa supone que habrá dos subsidios estatales, para financiar así, tanto “la oferta” como “la demanda” de la enseñanza privada, a la par que desfinancian la estatal. Una barbaridad por donde se la mire, ya que esa plata equivale a reponer el Incentivo a más de 1.6 millones de docentes del país a quienes el gobierno recortó casi $ 60.000 del salario mensual.

El Incentivo y las partidas educativas o el negociado privado

Es decir, las maestras, profes, preceptores, equipos directivos de todo el país estarían financiando con sus bolsillos para garantizar que una porción menor de familias puedan seguir “eligiendo” lo que consideran la “mejor” educación para sus pibes. Algo totalmente inaceptable. ¡Basta de Milei y su plan! La CTERA debe convocar ya al paro nacional para exigir que no se implemente este programa y se restituyan de inmediato todos los fondos a la docencia y la escuela pública.

Por otra parte, en un sinsentido “liberal-libertario”, justifican el programa diciendo que “se buscará evitar que los alumnos deban cambiar de institución educativa debido al aumento en el costo de la matrícula o las cuotas mensuales”. Algo llamativo, ya que fue este gobierno el que liberó, sin ningún control ni intervención estatal, la abultada suba de las cuotas que, dicen ahora, no se podrían pagar…

Resulta así una intervención por partida doble, porque el Estado ya aporta para sostener estos colegios vía los subsidios (es decir, a la “oferta” al pagar establecimientos y sueldos), y proponen sumar un nuevo subsidio a las familias (es decir, a la “demanda”). Para así sostener por doble vía el lucrativo negocio de la enseñanza privada. Ya que ese es el modelo que esta ultraderecha considera para educación.

Este “vale”, voucher, “beca” o como se quiera llamar, que pagaría el Estado, va a cubrir nada menos que el 50% del precio de la cuota. Es decir, a garantizar la “libertad” de enseñanza, pero “con la tuya, contribuyente…”, como chillan estos liberfachos cuando el Estado interviene para regular precios, salarios, gastos, presupuestos y obras.

Se trata de un viejo anhelo de la Iglesia Católica, expresado en muchos escritos del clerical y privatista Secretario Torrendell, quien defiende que se garantice con subsidios, a cierto número de familias, la libertad de “elegir” la escuela que prefieran, según su ideología y creencias. Pero financiada con la plata de todos, esa que aportamos con el conjunto del pueblo trabajador y por partida doble. Mientras la escuela pública está detonada de problema y cae por el constante achique del presupuesto.

Cinismo discursivo para fomentar la mayor privatización educativa

Sería esta una clara medida “estatista” o de intervención estatal que el gobierno tanto dice criticar, solo para sostener el privatismo educativo con fondos públicos. Esos mismos que nos niegan al recortar el Incentivo y a la escuela estatal. Un “intervencionismo” para sostener el negocio privado y el “acuerdo entre partes” del que tanto habla Milei.

Todos sus considerandos están basados en decretos del gobierno liberfacho (el DNU N° 8 del 10 de diciembre y el Decreto N° 88 del 26 de diciembre de 2023). Las menciones a la Ley de Educación Nacional de 2006 están al servicio de justificar este gasto público para financiar los negocios privados. Algo que solo reafirma el sesgo privatista que denunciamos siempre sobre esa ley de Filmus y Kirchner.

Como cuando dice que “el artículo 11 de la Ley N° 26.206 de Educación Nacional establece como fines y objetivos de la política educativa nacional asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin inequidades sociales; garantizar la inclusión educativa a través… de la asignación de recursos… para atender integralmente las necesidades de la población, aprovechando al máximo los recursos estatales, sociales y comunitarios”. Todo una inclusión para reforzar un relato cínico y al servicio de aumentar, desde la Nación, los ya multimillonarios subsidios a una porción menor de la sociedad.

Milei, su hermana Karina y la ministra Pettovello

O cuando agrega que “por los artículos 79 y 80 de dicha Ley se encomendó al entonces Ministerio de Educación que desarrollara políticas de promoción de la igualdad educativa, para lo que se proveerá de recursos económicos a los alumnos, familias y escuelas que se encuentren en situaciones de injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación, derivadas de factores socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra índole, que afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación”.

Porque aquí evidencian también un cinismo discursivo al palo, ya que no hay ninguna “discriminación” en negarnos a ampliar o plantear eliminar directamente la totalidad de los subsidios a las privadas. Por el contrario, la discriminación es al revés y por partida doble, ya que se destinarían más de 65 mil millones de los recursos públicos para financiar la “elección” educativa de una minoría, ante los 13 millones de estudiantes del país.

No a este programa clerical y privatista de “vouchers educativos”

Este programa tiene el formato privatista y clerical de Pettovello, egresada de la Universidad Austral, la institución privada del OPUS Dei o de alguien formado y formador en la privada y católica universidad de la UCA como Carlos Torrendell. Es lo que Milei anunció ante Chiche Gelblung, diciendo que ya estaba en marcha, pero quedó en ridículo porque esos vouchers no se implementaron.

Como vemos, estos liberfachos no tienen nada de creativos ni de democráticos, ya que copian experiencias funestas del Chile del genocida Pinochet o copian al Brasil de Bolsonaro, en sus políticas fracasadas y repudiadas por los pueblos.

Esto lo pueden hacer también, basados en la falacia menemista de que toda la educación sería siempre “pública”, aunque difiera en la “gestión”: estatal o privada, en la que una clara mayoría de colegios católicos reciben millonarios subsidios del Estado. Una falacia que Kirchner ratificó y sostuvo con la ley del 2006, incorporando incluso otros dos tipos de gestión: social y cooperativa.

Todo esto se da mientras la paritaria nacional docente está empantanada y sin fecha para reanudarla porque el gobierno insiste en que los salarios docentes y la educación serían responsabilidad exclusiva de las provincias, al servicio de quitar responsabilidad al Estado Nacional en financiarla.

Que CTERA, con las CTA y la CGT llamen a paro y plan de lucha

Llamamos a repudiarlo y exigir que esos fondos vayan a la escuela estatal, a restituir, aumentar y pasar al básico el Incentivo docente. Y reponer, además de aumentar también, todas las partidas educativas que Milei, Pettovello y Torrendell recortaron.

A exigir a la conducción Celeste de CTERA y los gremios provinciales el paro y el plan de lucha nacional para lograrlo. Además de ponerle fecha a la Marcha Federal Educativa aprobada en el congreso de CTERA del 22 de febrero. Por un nuevo paro y movilización nacional de la CGT.

A luchar además por renacionalizar todo el sistema educativo, terminando con la fragmentación impuesta por la transferencia de escuelas a las provincias, sin presupuesto, que impusieron la dictadura genocida de Videla y el gobierno de Menem y el PJ. Una fragmentación que la Ley de Educación Filmus-Kirchner y los sucesivos gobiernos, nunca se plantearon revertir.

Vamos a cortar con el avance de la privatización educativa, a luchar para que todo el presupuesto vaya a la pública. En ese sentido, disponer que todo establecimiento privado que no quiera o no pueda seguir funcionando, sea absorbido por el Estado para garantizar la matrícula, los cargos y derechos adquiridos de la docencia. Por eso luchamos. Sumate a dar esta pelea en unidad.

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