Las respuestas de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el servicio penitenciario federal sobre la presencia de los diputados de La Libertad Avanza en el penal de Ezeiza para visitar a militares condenados por crímenes de lesa humanidad, fue escueta e insatisfactoria. Por tal motivo se desencadenaría una investigación judicial de los hechos. Hay un debate también en el Parlamento y en toda la sociedad, donde una gran parte repudia estos hechos y reclamas se tomen cartas en el asunto.
Posando con asesinos y represores
El 11 de julio, seis diputados de La Libertad Avanza, siendo ellos Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Alida Ferreyra Ugalde, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci, visitaron a genocidas de la última dictadura militar privados de su libertad en el penal de Ezeiza.
En una foto que finalmente se tuvo que hacer pública, se ve a la comitiva de diputados libertarios muy felices junto a responsables de torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones, como Alfredo Astíz, Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Julio Cesar Arguello, Juan Manuel Cordero, Carlos Guillermo Suarez Mason (h), Gerardo Arraez, Honorio Carlos Martínez Ruiz, Marcelo Cinto Corteaux,Mario Marcote y Miguel Britos.
La sonrisa de la impunidad.
— Cele Fierro (@Cele_Fierro) August 6, 2024
Detrás de ella se esconden los verdaderos culpables: genocidas que aún ocultan el paradero de 300 niños y niñas que ignoran su verdadera identidad, así como el destino de las y los desaparecidos. Y junto a ellos, diputados cómplices que buscan… pic.twitter.com/ZhiyP2JqfQ
Cuando el hecho tomó conocimiento público, fue ampliamente repudiado. Del mismo modo, las diputadas Arrieta y Bonacci que formaron parte de la excursión, empezaron a intentar, sin mucho éxito, despegarse de la situación. Plantearon que fueron engañadas por Beltrán Benedit quien organizó el tour, y que no sabían quiénes eran los represores por su edad, como parte de la maraña de excusas para desligarse de la situación. También para repartir culpas, ambas diputadas deslizaron que era una actividad con el visto bueno del presidente de la cámara y desde la Casa Rosada.
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La información que conocemos del tour fue conocida por goteo, y ni bien el gobierno vio lo que había ocasionado empezó a actuar con cierto hermetismo. En paralelo, el Juez Daniel Obligado, del Tribunal Oral Federal (TOF) 5 y quien esta a cargo de ejecutar la pena de Alfredo Astiz, le realizó un pedido de informes de carácter urgente al Servicio Penitenciario Federal y a la ministra Bullrich sobre la visita.
La respuesta del gobierno no solo tardó, sino que fue escueta en cuanto a la información, con excusas y justificativos impresentables. Diego Morel, subdirector del Servicio Penitenciario Federal, le envió un oficio al Juez en donde solamente menciona la fecha en la que ingresaron y que los diputados siguieron las normativas. En el oficio no se mencionó quienes eran los diputados, ni tampoco los represores con quienes se entrevistaron.
No tienen los patitos en fila, literalmente
— Alejandro Bodart (@Ale_Bodart) July 31, 2024
"Nací en 1993 y no tenía ni idea de quiénes eran"… Estos son los diputados que fueron a visitar a Astiz y otros genocidas, presos por asesinatos, torturas, secuestros, robo de bebés… Estos sinvergüenzas componen el gobierno de… https://t.co/y5ddjmdSN7
De la misma manera, las declaraciones de las diputadas Arrieta y Bonacci le llamaron la atención a la justicia debido a que se precisa que las visitas sean concedidas previo pedido de conformidad expresa del interno. Y resulta extraño que ellas hayan pedido el encuentro y los internos lo hayan podido aprobar con su conformidad, si “fueron engañadas”.
Por lo cual, el Juez Obligado definió formular una denuncia para que investigue la Justicia de Lomas de Zamora, que posee jurisdicción sobre el penal de Ezeiza. El Juez federal Ernesto Kreplak será quien este a cargo del caso.
Dos proyectos reaccionarios
En sintonía con la visita, el gobierno prepara dos proyectos. Uno para darle domiciliaria a los genocidas, ya que poseen más de 70 años. El mismo fue parte de lo que se conversó en el encuentro en Ezeiza según las declaraciones de la diputada Bonacci. Así también ese proyecto involucra al propio ministro Petri, que mucho antes había mandado hombres de su confianza a charlar el asunto con militares en Campo de Mayo y lo vienen también agitando Cuneo Libarona y el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra.
Otro de los proyectos, el más avanzado, es el que busca colocar a los militares en las calles. Con la excusa del combate al narcotráfico, el gobierno piensa lavarle la cara a una institución repudiada desde la vuelta a la democracia y que nada tiene que hacer, participando en asuntos internos del país.
Este proyecto reaccionario contaría con la modificación de la Ley de Seguridad Interior, principalmente sobre el artículo 27 ya que este establece que en caso de emergencia las fuerzas armadas pueden brindar apoyo logístico, pero no militar.
Quien esta detrás de este proyecto es Patricia Bullrich, quien sabemos que estaría más que contenta si pudiera utilizar a las fuerzas armadas para reprimir protestas con la excusa de presencia “narco” o de “terrorismo”.
Que nadie más se atreva
De nuestra parte repudiamos por completo la visita de diputados a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad y ese accionar no puede quedar impune. Nadie puede ser un supuesto representante del pueblo en el Congreso y dedicarse a visitar y sacarse fotos con genocidas. La Cámara de Diputados tiene que tratar este tema y castigar severamente a los seis involucrados, para que nadie más se atreva a realizar semejante ofensa al pueblo y a las y los miles de desaparecidos, encarcelados y torturados que dejó la última dictadura militar. Nadie tiene derecho a pasar por encima de las condenas a genocidas, menso alguien que es diputado. Inaceptable.
A la vez hay que rechazar en el Congreso y en la calle tanto el proyecto que busca darle domiciliaria a los genocidas como el que quiere traer militares a las calles del país. Uno y otro son repudiables y hay que frenarlos.
Todos estos hechos y proyectos son parte de la orientación del gobierno de ir hacia un régimen mucho más autoritario, donde las conquistas democráticas que ha conseguido el pueblo a lo largo de los años, se vayan diluyendo y den paso a un Estado profundamente más represivo. Y de ese modo, tener mejores condiciones para imponer el conjunto de su plan de ajuste.
Así mismo, a lo largo y ancho del mundo, donde se producen fenómenos de ultraderecha, también surge una enorme reserva democrática que los enfrenta. Como plantea la carta del MST en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad, precisamos la mayor unidad posible, ahora y en las calles para combatir todos los ejes del plan motosierra y frenar a todos los negacionistas que buscan impunidad para los asesinos.
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