Desde hace días, ganan espacio en la prensa, expresiones de una violencia social que se cuela en las escuelas. Familiares de niñes que denuncian situaciones de abuso, atacaron a docentes y las instituciones, como en el jardín 922 de El Jagüel en Ezeiza o el jardín 956 de Villa Zapiola en Moreno. ¿Cómo abordarlo? Proponemos 10 medidas urgentes.
Los casos tomaron notoriedad por la gran difusión en las redes de las filmaciones que hizo la propia gente sobre el intento de linchamiento o del ataque a la escuela, a vehículos y trabajadores de la educación. Se difundieron también declaraciones de las familias, que los medios reproducen de manera tendenciosa, y culpan o condenan a docentes y los jardines. Todo sin que avance una real investigación que dé garantías a las familias, niñes, docentes y escuelas de ir a fondo, de manera urgente y que permita tener certezas de lo sucedido.
Más allá del análisis y de necesidad de una adecuada intervención para abordar la veracidad de los dichos, los trascendidos, los relatos de niñes y de cómo las familias los reproducen, a partir de lo que ellas entienden y consideran, dándolo como “cosa juzgada” para pasar a la acción; queda claro que no hay una política de contención por el gobierno actual ni los anteriores ni del Estado para preservar a menores y al personal de las escuelas ante este tipo de situaciones.
Una reunión de gremios y gobierno que no resolvió nada…
Estos casos, además de las agresiones a docentes, dejaron destrozos, quemas y hasta robos como saldo. La Dirección General de Cultura y Educación bonaerense (DGCyE) hizo una reunión con las cúpulas gremiales docentes y estatales, con la presencia de la plana mayor de ministros del área social del gabinete de Kicillof. Pero solo hubo declaraciones de buenas intenciones y posteriores pedidos de denuncias penales contra las familias protagonistas de hechos de agresión.
Esa reunión tuvo un fracaso inmediato, ya que se juntaron el lunes 29, con grandilocuentes anuncios, asegurando: “articular urgentes acciones e intervenciones conjuntas desde estamentos gubernamentales como Educación, Justicia, Géneros y Diversidades, Salud y el Organismo de Niñez”. Pero al día siguiente fue el estallido en el jardín 956 de Moreno. Y la Celeste de SUTEBA junto al FUDB, se limitaron a llamar a “jornada provincial” para el viernes 3 de diciembre, pero sin paro ni garantías para sumar al conjunto de la docencia bonaerense.
Esto llevó a que en Moreno saliera una marcha autoconvocada el miércoles 1º, que partió de la plaza Fuentealba y obligó a la burocracia Celeste a llamar a paro distrital, junto al FUDB. Iban cantando “SUTEBA dónde está…”, fue una medida genuina que pasó por la sede gremial y terminó en la fiscalía. Hay mucha bronca porque hubo varios casos, pero la Celeste como si nada. No defienden a la docencia, cuando hay preocupación y hasta temor porque es como que esto le pudiera pasar a cualquiera.
Al otro día en Moreno, la Celeste dividió la marcha para no verse desbordada e interpelada. Pero la mayoría movilizó de forma autoconvocada para exigir soluciones reales y que se llame a paro provincial, no solo en el distrito. Haciendo eje contra la violencia y en defensa de docentes y auxiliares. Pero también se expresó el reclamo para que se investigue lo sucedido en el jardín. Exigir paro provincial y no solo en el distrito, es algo a plantear hasta poner fin a las expresiones de violencia social en las escuelas.
El bluf con la reunión entre gobierno y gremios es mayor porque ahí resolvieron como “la” gran salida que ahora sí van a aplicar la Resolución 2672/2015 que lleva 6 años sin implementarse. En ese entonces la propuso la Celeste de SUTEBA y la aprobó Nora de Lucía en el gobierno de Scioli. Ya en 2012, salió una pomposa “Guía de orientación para la intervención en situaciones conflictivas y de vulneración de derechos en el escenario escolar” que -según esta Res. 2672/15– se la iba a difundir masivamente, hacer jornadas de capacitación, diálogos constantes en las escuelas, las familias y la comunidad, etc. Pero nada.
En esa reunión también definieron que van a poner “un freno urgente al tratamiento inescrupuloso y estigmatizante que realizan los medios”. Pero ya en los Art. 4º y 5º de esa resolución del 2015 decían lo mismo. Y nada cambió ni la burocracia gremial fue garante para que se cumpla. Lo mismo cuando venden que “la DGCyE se comprometió a poner en funcionamiento el Cuerpo Interdisciplinario Provincial, establecido en el Art. 1º de dicha resolución”. Es decir, una comisión para el abordaje de estos casos que nunca se reunió. Recién ahora la pondrían en funciones…
Ninguna “cuerpo” del mismo gobierno, Estado y burocracia que son responsables de que persista esta violencia social que se cuela en las escuelas, resolverá nada. Es necesario una Comisión Investigadora Independiente que integre y dé garantías a las familias de que se a actuar con celeridad y a fondo, lo mismo que a docentes y escuelas. Con plena autoridad para ir hasta las últimas consecuencias y asegurar las medidas para poner fin a estas situaciones críticas.
La educación en pandemia y pos pandemia
Estos casos se dan en un contexto muy particular de la educación. Varios fueron los formatos de escuela que debimos adoptar en la pandemia, debido más a la falta de recursos destinados por el gobierno, y que han implicado cambios en la organización de cada institución. Antes, los equipos educativos llevaban el acompañamiento de las trayectorias educativas con el seguimiento correspondiente de los casos o situaciones de vulnerabilidad que se detectaban. En un año “normal”, docentes y estudiantes comenzaban a interactuar en febrero o marzo, y luego los equipos directivos, maestras y el equipo de orientación, continuaban en el año.
Este trabajo se dificultó al no haber contacto directo. Y desde la vuelta a la presencialidad, tampoco resulta posible tener toda la información para la construcción del contexto de cada niñe, más aún en Inicial donde el contacto directo es esencial. Sumado a la falta de recursos, tanto materiales como humanos, configura un cuadro complicado.
El gobierno sale blandiendo la Resolución 2672/2015, pero no es suficiente si no se la implementa ni hay recursos que aseguren poder descomprimir las situaciones de violencia, realizando un abordaje integral que excede los marcos en los que la educación puede actuar. Sobre todo porque las escuelas son el ámbito de resonancia y receptoras de lo que sucede a nivel social.
Gobierno y Estado son responsables
En estos casos, lo primero es que las víctimas -todas-, sean contenidas por profesionales. No en soledad, sino con el acompañamiento de las instituciones responsables de contener como la DGCyE e Inspección. El gobierno plantea una salida punitiva, sin analizar ni resolver las causales que generan la violencia social para centrar en las familias o la docencia. Y sacar del foco al Estado, el gobierno y el ajuste que aplican como responsables.
Se trata de un emergente de larga data y sin solución. Ya en 2011 y en años posteriores señalamos que esta violencia no surge de la nada. Es reflejo de una violencia social, de una sociedad que trasmite su enojo y frustraciones. Una sociedad capitalista que genera violencia en todo sentido y provoca estas reacciones en los individuos, al no encontrar soluciones. Lo que se agudiza con la pobreza y marginación que generan los gobiernos por su política al servicio del capital.
Además, desde los discursos del poder y grandes medios, ser docente equivaldría a ser vago, sin formación, trabajar poco y tener largas vacaciones o que hacemos paros sin considerar a niñes y estudiantes. Un discurso que fomenta los ataques al docente para responsabilizarle de la crisis estructural de la educación. Ante esta realidad, desde Alternativa Docente y el Frente de Izquierda Unidad – MST ponemos en debate estas medidas:
10 medidas ante la violencia social en las escuelas
- Organizar el reclamo en la institución, no como problema individual, sino social. Convocar a movilizar, a paro distrital y provincial. Incluso nacional si la gravedad lo requiere. Exigir a la Celeste de SUTEBA y al FUDB, así como a CTERA que no dan respuesta adecuada. En una postura funcional al sistema y al gobierno del PJ-Frente de Todos, las cúpulas gremiales no denuncian el carácter social del problema ni apuntan a las causas de fondo en la estructura económica, social y política que degrada a amplios sectores, sus relaciones y a la educación misma.
- Comisión Investigadora independiente que dé garantías a familias, docentes y escuelas. Exigir a las autoridades que preserven, resguarden y acompañen a les niñes ante estos tipos de denuncias y también a docentes que sufran violencia física, psicológica o simbólica. Con atención personal, profesional y asesoramiento legal, donde la patronal asuma y se ocupe de la salud física y psicológica, ya que esto se pasa en el ámbito laboral. Más allá de la separación preventiva mientras se investigue, el gobierno debe tomar las medidas para que la o el docente pueda reintegrarse a la tarea educativa, en el sistema y según la gravedad del caso.
- Con criminalizar a las familias bajo esta (in)justicia burguesa, no se resolverá el problema. Más allá de que los responsables asuman las consecuencias de sus actos, consideramos que, antes que una línea punitiva que derive en más violencia, se debe prevenir ya que cada caso tiene su historia y se podrían evitar si el gobierno interviene correctamente y si se destinan los recursos humanos y materiales necesarios. Además, que se atienda la situación de vulnerabilidad de niñes, jóvenes y sus familias.
- Garantizar que se debata libre y democráticamente lo ocurrido en la escuela, con la comunidad y en otros establecimientos del distrito. Asegurar espacios donde construir acuerdos de convivencia y reflexión, incluso regionales y provinciales para unir las problemáticas de varios establecimientos.
- Exigir el nombramiento de los cargos necesarios para atender las problemáticas de las escuelas como los EOE (Equipos de Orientación Escolar). Revertir las condiciones de trabajo, con un límite de 20 alumnos por aula (y menos en Inicial) para aspirar a una educación de calidad y evitar docentes sometidos al estrés laboral, con bajos salarios y malos ambientes de trabajo.
- Que se ponga fin a las descalificaciones hacia la docencia, reproducidas por los gobiernos, grandes medios y grupos de poder de una sociedad injusta y violenta como la capitalista. Sólo buscan cubrir la responsabilidad del Estado, el gobierno y el sistema que genera privilegios, desigualdad y marginación.
- No será enfrentando a educadores con las familias y estudiantes como encontraremos solución. Los mismos que critican cada reclamo, paro o movilización docente o atacan la escuela pública, son los que plantean medidas punitivas para resolver todo. Aspiramos a una escuela abierta y un sistema educativo democrático, participativo y plural, revirtiendo el autoritarismo en el gobierno de la educación.
- Avanzar en un verdadero Protocolo de Actuación, pero elaborado con la participación democrática de las y los educadores, estudiantes y la comunidad educativa. Por un Congreso Pedagógico o Educativo Nacional para resolver toda la transformación educativa democráticamente.
- Aumentar ya el Presupuesto educativo al 10% del PBI y eliminar los más de $ 40.000 millones que Kicillof destina a subsidiar a la educación privada para aumentar salarios, mejorar la infraestructura, los programas, una capacitación docente de calidad, gratuita y en servicio, además de evaluar las políticas educativas y al gobierno que las aplica, así como las redes institucionales que deberían acompañar a docentes y familias.
- Medidas urgentes para la inclusión y una justa distribución de la riqueza, ante familias que no ganan para mantener al grupo familiar, menos para estimular su desarrollo. No habrá sanción punitiva que resuelva esta violencia que se cuela en las escuelas, si no se avanza sobre la violencia social y el sistema capitalista que la genera.
Alternativa Docente en SUTEBA Multicolor
ANCLA, Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática
MST en el Frente de Izquierda Unidad