Foto. Laura Benitez
El pasado martes 4 de noviembre, en una decisión dividida de la que aún no se conocen los fundamentos, se dictó el veredicto mediante el cual el Tribunal Oral Federal N°1 de la ciudad de Rosario, compuesto por los jueces Germán Sutter Schneider, Ricardo Moisés Vásquez y Otmar Osvaldo Paulucci, absolvió de manera vergonzosa a todos los imputados en la causa por Crímenes de Lesa Humanidad que juzga la represión al Villazo en 1975. Dejamos aquí algunos aportes que consideramos útiles para analizar lo que significa este fallo y esperamos que sirvan para continuar la pelea en contra de la impunidad.
Tiempos y tiempismo del Poder Judicial:
El pasado 4 de noviembre la causa El Villazo tuvo un fallo vergonzoso: la decisión histórica de absolver a los 17 imputados que quedan vivos, los dos miembros de la jefatura de Acindar y 15 efectivos de fuerzas represivas. El juicio por la represión desatada desde el 20 de marzo de 1975 sobre el pueblo trabajador de Villa Constitución inició su camino en el año 2010, cuando se presentó en Buenos Aires la denuncia por aquellos delitos de lesa humanidad. Fueron 15 años de lucha encabezada por sobrevivientes, familiares de víctimas, equipos jurídicos y un amplio y variable apoyo de partidos y organizaciones de Derechos Humanos. La causa se trasladó a los Tribunales Orales Federales de la ciudad de Rosario y recién fue elevada a juicio en el año 2022.
El 13 de noviembre de 2023 inició la instancia oral en Rosario, etapa que luego se trasladó por un tiempo a Villa Constitución, a fuerza de presión popular para que los testimonios más significativos se den en el lugar de los hechos, donde debería haberse desarrollado todo el proceso que, finalmente, retornó al TOF N°1 y culminó con la sentencia aberrante del martes 4 de noviembre de 2025.
De la cronología del proceso judicial no sólo puede destacarse, por un lado, la inaceptable demora de quince años desde la presentación de la denuncia, sino también la sumatoria que arroja medio siglo de garantías, por parte del Poder Judicial y su burocracia, a la impunidad biológica de genocidas y cómplices que murieron en el camino hacia el banquillo. Por otro lado, cabe destacar el evidente tiempismo político que derivó en la pérdida de sobrevivientes que fallecieron reclamando una justicia que, por el momento, no ha llegado desde las instituciones de la democracia burguesa, que se han acomodado al clima de época negacionista promovido por un gobierno autoritario que abiertamente reivindica el Terrorismo de Estado de los años 70 y 80 en nuestro país.
Así mismo, el hecho de no realizar el juicio en Villa Constitución debe leerse como una decisión que ha atentado contra la justa reparación que requieren estos casos en relación con el pueblo afectado, pero también como un intento de desarticular la organización alrededor de la Causa Villazo. Esto ocurre, además, en un contexto de conflictos en la rama siderúrgica de la que, en gran parte, aún depende la economía de la ciudad y que hoy se encuentra con suspensiones, retiros voluntarios e intentos de flexibilización laboral por parte de la genocida Acindar y sus satélites. Sobre estos últimos puntos profundizaremos más adelante.
Un fallo vergonzoso y vergonzante:
En el mencionado martes 4, a pesar de una lluvia que por momentos se hizo torrencial, cientos de personas nucleadas en organizaciones de derechos humanos, sindicatos, partidos políticos y no pocos independientes coparon la puerta y el patio delantero del edificio ubicado en Oroño 940 para escuchar y ver la lectura del veredicto.
El sentimiento de bronca unánime que se generó tras el conocimiento del fallo que terminó por absolver a Roberto José Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo (personal jerárquico de Acindar), así como a Roberto Álvarez, Roberto Raúl Squiro, Juan Carlos Faccendini, Emilio Hugo Marciniszyn, Aldo Ramón Gradilone, Carlos Brest, Daniel Vicente Valdés, Amadeo Chamorro, Carmen Amanda Grosolli de Hellaid, Ricardo Antonio Burguburu, Juan Carlos Romero, Aníbal Lozano Windus, Oscar Roberto Giai, Horacio Miguel Nardi y Juan de Jesús Martínez (por las fuerzas represivas que actuaron en el genocidio), prontamente se convirtió en un acto de repudio. Espontáneamente las voces de sobrevivientes, como Pacho Juarez, abogados de la querella, como Julia Giordano y Federico Pagliero, y referentes sindicales, de organizaciones civiles o figuras políticas, como Cele Fierro y Vilma Ripoll del MST, manifestaron la necesidad de continuar la lucha contra una impunidad de medio siglo, tanto en instancias judiciales como en las calles. Todos los presentes, así como los medios locales y nacionales que se hicieron eco de la decisión calificaron el fallo como vergonzoso. A ello deberíamos agregar el carácter vergonzante de la sentencia, personalizado en un tribunal que leyó la decisión con tanta prisa como la que tuvieron en escapar de la mirada de los querellantes que colmaron la sala de audiencias.
Cabe aclarar que, si bien el fallo dividido en cuanto a considerar a los acusados como partícipes de los crímenes cometidos contra el pueblo trabajador abre una instancia más favorable que la unanimidad, debemos considerar que los estamentos superiores de este poder judicial claramente clasista no pueden brindar ningún tipo de tranquilidad en materia de justicia, por lo que se vuelve indispensable sostener la Causa Villazo en las calles, en cada lugar de trabajo y, por qué no, visibilizarla nacionalmente. Además, los tiempos de la burocracia que remarcamos anteriormente seguirán operando hacia etapas futuras, alimentando el proceso de impunidad garantizada por el transcurso del tiempo, que ha permitido que la muerte exima a los represores de sus cargos y arrebate toda posibilidad de ver materializada la reparación que familiares y sobrevivientes necesitan por parte de un de una justicia que termina siendo, a fin de cuentas, complice y responsable del genocidio.
Los dobles sentidos de la sentencia:
Hay, sin dudas, distintas interpretaciones que podemos hacer de este fallo que, de manera inédita en este tipo de causas, absolvió a la totalidad de los imputados. La conexión inmediata, lineal, coyuntural y hacia el futuro inmediato, lo instala como un mensaje o advertencia para lo que se viene en nuestro país en materia de las reformas laboral y previsional que el gobierno nacional va a impulsar. Bajo el eufemismo de la modernización, buscará recortar libertades democráticas conquistadas a lo largo de años de luchas y frenar a fuerza de represión el descontento y la movilización popular que seguramente buscará rechazar estas medidas. Podría decirse, en otras palabras, que este tipo de definiciones judiciales entrarían en la línea de ofrecer garantías a las empresas y al poder político de turno, personificado en Milei y su gabinete de parches menemistas y macristas, pero reforzado por el oportunismo del radicalismo con peluca, el Pro y algunos sectores del peronismo después del triunfo legislativo del pasado 26 de octubre de La Libertad Avanza, de hacer pasar las leyes por un Congreso favorable a estos proyectos.
Ineludible se vuelve, además, ubicar el fallo en un marco no sólo de negacionismo explícito por parte del gobierno (se han conocido en estos días las declaraciones del subsecretario de DDHH, Alejandro Baños, ante la ONU) y sus aliados, sino también en una fuerte avanzada contra los Derechos Humanos. Recordemos que el relato oficial acerca de la última dictadura, que retoma el discurso de los “excesos”, replicando la defensa de Massera, ubica al gobierno en el lugar de una reivindicación de la dictadura que se volvió evidente en las visitas a genocidas en la cárcel y la figura, desdibujada dentro del armado gubernamental y enaltecida por personajes como Guillermo Moreno, de Victoria Villarruel como parte de la familia militar.
No obstante, un análisis más detenido nos permite observar un fallo estructural, sostenido a lo largo de décadas de democracia, en relación con los juicios a los represores y sus cómplices. Esta causa tiene, como otras latentes, la característica de poder romper el piso histórico que ha permitido juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Terrorismo de Estado durante la dictadura, a partir del 24 de marzo de 1976, pero que entierra sistemáticamente los delitos del mismo calibre cometidos bajo gobiernos constitucionales, como el de Isabel Martínez de Perón, el loperreguismo y su pata paramilitar, la Triple A.
Además, el hecho de que la Causa Villazo haya logrado sentar en el banquillo de los acusados a miembros jerárquicos de Acindar implica que, de declararlos culpables, se reconozca también la necesaria responsabilidad empresarial en el genocidio. Despojar a la empresa fundada por Arturo Acevedo y dirigida en 1975 por José Alfredo Martínez de Hoz de toda culpa actúa, en estas circunstancias, no sólo como tapón de contención para casos con características similares, como los de Ledesma o Mercedes-Benz, sino que también suma una barrera ante la posibilidad de discutir la historia pre-dictadura y las responsabilidades de la derecha peronista, en complicidad con las patronales y la burocracia sindical, en el uso del terror y los métodos genocidas contra la clase trabajadora organizada. Todo esto crea un asunto incómodo para los intereses de los partidos de la democracia en nuestro país.
De la bronca a la organización. Movilización y acto en repudio
A pesar del veredicto adverso en esta instancia, la vía judicial no se ha agotado y junto con la apelación ante casación, que es el camino que el equipo jurídico decide impulsar, sigue siendo clave el sostenimiento de la pelea en las calles. Podríamos decir que, en Villa Constitución, la reacción ante el fallo se vivió en un primer momento como un revés; no obstante, tras asimilar el golpe, inmediatamente hubo una reacción que puso a Villa en pie de lucha.
El balance permitió reconocer como un triunfo la reconstrucción de la Memoria realizada por años, que supuso un salto cualitativo desde el comienzo de la instancia oral del juicio y se hizo evidente en el amplio rechazo del pueblo villense. Desde esa base, se avanzó en el llamado a una asamblea que congregó a un centenar de activistas el sábado 8 por la tarde. Mediante este método democrático tan característico de las prácticas de la Lista Marrón, con una convocatoria amplia y abierta a diversos sectores, se definió finalmente llevar adelante una marcha por el centro de la ciudad para dar lugar al acto en desagravio en la Plaza de la Constitución. Este espacio es simbólico, pues fue el lugar de las enormes movilizaciones durante los Villazos del 74 y 75, así como el epicentro de la escalada represiva del 22 de abril. Aquel día, el Terrorismo de Estado bajo el gobierno de María Estela Martínez de Perón se cobró la primera de las vidas obreras, durante la huelga larga de sesenta días que tuvo el rasgo distintivo de la autoorganización del pueblo, con el Comité de Lucha como orientación, pero con los principales dirigentes encarcelados desde el 20 de marzo.
El viernes 14, efectivamente, tuvo lugar la marcha y el acto en repudio, que nos deja el mensaje de que puede abrirse una nueva etapa en esta lucha transversal. El acompañamiento a los querellantes y abogadas por parte de las organizaciones de derechos humanos, partidos políticos de izquierda, sindicatos como UOM, AMSAFE y ATE Rosario, así como de ciudadanos independientes, puede entenderse como un principio aún embrionario de una posible mayor organización en Villa Constitución, que permita pensar en una construcción más amplia que saque del letargo a una ciudad que sigue pagando, aún con frentes de lucha abiertos ante las suspensiones en Acindar y el conflicto docente en la provincia, los saldos del terror impuesto en los setenta.
Audiencia pública en el Congreso de la Nación:
Los caminos de la reconstrucción de la Memoria, la Verdad y la conquista de la Justicia para los sobrevivientes y familiares pueden ser difíciles cuando quienes juzgan y reconstruyen los hechos son los mismos sectores políticos y empresariales que impulsaron la represión de la clase obrera en los ‘70. Sin embargo, la fortaleza de un pueblo que salió del silencio, que colmó durante dos años la sala de audiencia de los tribunales y que puso sobre la mesa los relatos de los protagonistas de la histórica huelga, son la base para seguir la pelea por la negada Justicia.
Por eso, las Hijas del Villazo, junto a los protagonistas de la huelga, la APDH y nuestra compañera diputada Vilma Ripoll impulsan para este primero de diciembre una Audiencia Pública en el Congreso de la Nación bajo el título Villazo: Juicio, sentencia y cómo seguir la pelea por Justicia, que propone ser una “jornada de debate alrededor de un fallo de impunidad y protección a los criminales del genocidio en Villa Constitución, la continuación del proceso judicial y la lucha por Memoria, Verdad y Justicia”. Porque el Villazo no sólo es la disputa por la Memoria, sino también una experiencia histórica que sirve de ejemplo para cientos de activistas y luchadores obreros que en todo el país se levantan contra el plan de Milei y Trump. El Villazo es un ejemplo de la organización del clasismo contra las burocracias podridas, sostenida en la democracia obrera y la solidaridad de todo un pueblo en la heroica huelga de 60 días. El Villazo es también una muestra de lo que son capaces los gobiernos y las patronales cuando el movimiento obrero se pone de pie.
Estos dos años fueron una escuela para quienes seguimos los pasos de los militantes obreros y de izquierda de los ‘70. Escuchar a quienes durante el Villazo militaron en nuestro querido PST, como Pacho Juarez, Chiquito Moya, Pedro Fuentes, Pepe Kalauz y tantos otros, fue un impulso para seguir en esta pelea y para seguir enfrentando a este gobierno ultrarreaccionario.
¡VIVA EL VILLAZO!
¡VIVA EL PST!
¡VIVA LA CLASE OBRERA!
A la memoria de Pepe Kalauz:
Al cierre de la redacción de esta nota, nos llegó la triste noticia del fallecimiento de Roberto J. A. Kalauz, militante del PST, protagonista de la huelga larga durante el Villazo, miembro del Comité de Lucha, querellante y autor del libro Sentencia para un complot. Dedicamos a él este artículo y, como mayor homenaje, entendemos que lo mejor que podemos hacer es continuar luchando por justicia, en memoria de Pepe y de tantos trabajadores y trabajadoras que no pudieron obtenerla.
Gina Turtula; Rodrigo Garzón.
