Estafas, documentación adulterada, maniobras fraudulentas de exportación e importación, quiebra provocada, lavado y fuga de divisas, muertes sospechosas, suicidios, y una red de corporaciones transnacionales disputándose los despojos de la sexta cerealera argentina. El Banco Nación con un directorio cómplice, los trabajadores en la incertidumbre, pequeños productores primarios damnificados seriamente y el país perdiendo otro fragmento de soberanía, son las víctimas. Los malos de este drama nacional son supuestos empresarios nacionales, jueces y políticos de todos los niveles. Con estos condimentos, el capítulo más reciente de la trama es el pedido de imputación de 14 directores, la totalidad del directorio de la empresa, solicitado el 27 de octubre por el Fiscal penal que sigue el caso, a los que si la Justicia fuese justa, les podría caber hasta 50 años de cárcel. Ninguna ficción de las que produce y emite Netflix supera esta realidad.
El Plan
El “stress financiero” que declaró la empresa en diciembre de 2019 consistía en una deuda de 1.400 millones de dólares, 300 millones de los cuales eran un préstamo sin garantías del Banco Nación que fue otorgado semanas antes. Pero en realidad fue parte de un plan de fuga de capitales que venía de antes, como está quedando demostrado en el juicio penal.
Para mediados de julio de este año se sumó a la causa federal presentada por el Banco Nación una funcionaria de la ciudad de Reconquista de la AFIP. La misma, denuncia con pruebas que desde el 2016 la empresa desarrolló una maniobra de facturación fraudulenta a empresas inexistentes, con las que inflaba gastos y ampliaba deducciones impositivas. Se trata de 20 empresas detectadas en ese año que funcionaban como pantallas para facturación. Esta empleada de la que no se conoce el nombre declara: “Las agencias móviles de AFIP iban a todos los lugares donde no había centro de atención, siendo asignada a dicha tarea; a partir de allí tomé contacto con productores agropecuarios que le referían su situación frente a Vicentin SAIC; tomé estas denuncias en los formularios F288, provistos por la AFIP; (pero) pronto sus jefas Roxana Marchetti, y la jefa de esta era Manuela Vicentin, le prohibieron tomar ese tipo de denuncias”.
Pero el crecimiento meteórico de Vicentin y con ello las maniobras fraudulentas viene de los años de la dictadura militar, como tantas otras corporaciones cómplices de la dictadura. Le empresa dio inicio en 1979 a un proceso de diversificación que la llevó a expandirse a diversos rubros industriales, como por ejemplo la compra de Algodonera Avellaneda, y el frigorífico FRIAR, entre muchas otras.
Luego de las primeras pruebas presentadas sobre el inicio de la facturación fraudulenta, Vicentin comienza un proceso de descapitalización. La venta de FRIAR, de Algodonera Avellaneda y el resto de las empresas del grupo hoy en día están también bajo la lupa de la investigación judicial. Al tiempo que relocaliza sus actividades en Vicentin Uruguay y Vicentin Paraguay, cerrando el ciclo del saqueo con un fraude escandaloso con sus operaciones de exportación e importación.
Es decir, se puede sacar como conclusión que tanto la evasión impositiva, las defraudaciones, el concurso de acreedores fraudulento y el desguace que está buscando la empresa, y que continuó con la estafa al Banco Nación, son hechos que se vienen desarrollando de forma permanente y planificada desde por lo menos el 2016 y que se aceleraron a finales de 2019.
El saqueo continúa
La noticia sobre la imputación de los 14 miembros del directorio de la empresa concursada fue tomada con alegría por los trabajadores de la cerealera; sin embargo, este sentimiento está cruzado por la certeza de que la Justicia y el poder político han actuado en connivencia con los estafadores.
Una sucesión de iniciativas, fracasos y recules del gobierno del Frente de Todos tiñen todo el proceso. Desde el planteo de Alberto Fernández de nacionalizar la empresa hasta el silencio de Cristina sobre el tema, desde el planteo del gobernador Perotti de hacer una empresa “federal” con la participación de la familia Vicentin, se llega a una situación donde se está produciendo la continuidad del vaciamiento. El hecho es que están quedando en manos de corporaciones transnacionales como Glendore antiguos socios de Vicentin, las operaciones de comercio internacional en medio del proceso judicial. A través de la empresa Viterra asociada con Díaz y Forti desconocida en el sector, pasó de ser la octava exportadora al segundo lugar, mientras que su socia reciente paso de exportar 4 millones de dólares a más de 800 millones de dólares ubicándose en el 10° lugar de las exportadoras del complejo agroindustrial.
Mientras la causa judicial se interna en un laberinto que amenaza con hacerla eterna e irresoluble, las transnacionales se van quedando con el negocio más importante del país, perjudicando a los trabajadores y a los pequeños productores entre los que se instala la incertidumbre sobre su futuro.
Si no se confisca y estatiza la empresa, y se coloca bajo el control de sus trabajadores, si el Estado no monopoliza el comercio exterior, lo que sucederá es la consolidación impune de un nuevo desfalco al país y al pueblo trabajador. Todo lo demás es darles tiempo a las transnacionales para que se consoliden como únicos actores en el agronegocio. Mientras tanto, con la complicidad de las instituciones el saqueo continúa.