El relato de la estabilidad y el superávit fiscal que el gobierno de Javier Milei intenta imponer como una verdad absoluta se rompe cada vez que la realidad de los números se asoma con los vencimientos de deuda. Detrás de las frases hechas sobre el fin de la inflación y el supuesto orden macroeconómico, se esconde una ingeniería de endeudamiento que ha vuelto a colocar al país en una situación de vulnerabilidad extrema.
Esta semana, el ministro Luis Caputo se enfrenta a una verdadera montaña de deuda en pesos que asciende a los 9 billones de pesos, una cifra que expone la fragilidad de un esquema que solo se sostiene mediante la entrega sistemática de recursos a los sectores más concentrados del capital financiero.
La Secretaría de Finanzas ha tenido que salir a ofrecer un menú desesperado de títulos, desde las Letras Capitalizables (Lecaps) y Boncaps hasta bonos ajustados por inflación (Lecer) o por el dólar oficial, intentando convencer a los especuladores de que mantengan sus pesos dentro del sistema antes de que corran hacia la divisa estadounidense.
El problema central no es solo la magnitud de lo que hay que renovar, sino el costo que el Estado argentino está aceptando pagar para evitar el colapso. Ante la falta de liquidez y el agotamiento de los fondos estatales, el gobierno ha iniciado un movimiento peligroso al retirar pesos de los bancos comerciales, especialmente del Banco Nación, para cubrir sus cuentas en el Banco Central. Esta maniobra ha provocado una escasez de dinero en el mercado que disparó la tasa de interés a niveles de usura, alcanzando picos de hasta el 190% de Tasa Efectiva Anual en las cauciones bursátiles. Para los bancos y los fondos de inversión, este escenario es un paraíso de ganancia asegurada; pero para el resto de la sociedad argentina, es una sentencia de muerte económica provocada por quienes prometieron terminar con la casta, pero terminaron gobernando para los directores del JP Morgan y el Citibank.
Esta disparada del costo del dinero no es un fenómeno abstracto que se queda en las pantallas de la City porteña; es uno de los motores que está destruyendo la cadena de pagos y asfixiando a las familias que ya no pueden afrontar el financiamiento de sus tarjetas de crédito o sus préstamos personales. El índice de morosidad se ha triplicado en el último año, reflejando que el pueblo trabajador está pagando con sus ahorros y condiciones de vida el sostenimiento de una timba financiera que el oficialismo defiende como libertad económica. Caputo y Milei han decidido que el dólar sea el ancla inflacionaria a cualquier costo, incluso si ese costo implica secar la plaza de pesos y convalidar tasas que vuelven imposible cualquier tipo de actividad productiva o crédito para el consumo básico.
El costo de la usura: fábricas vacías y familias en la calle
La consecuencia más dramática de este ciclo de tasas elevadas es la aceleración del proceso de desindustrialización que estamos viviendo en los principales cordones productivos del país. Cuando el financiamiento se vuelve inaccesible, las empresas, especialmente las medianas y pequeñas, se ven forzadas a recortar gastos por el eslabón más débil, que es siempre el puesto de trabajo.
Un ejemplo de esta realidad se vive por estos días en la localidad de Tortuguitas, donde la empresa Lustramax despidió a 45 trabajadores sin previo aviso y bloqueó su reincorporación bajo la fachada de un Proceso Preventivo de Crisis. Los empleados, a quienes además se les adeudaba el aguinaldo, denunciaron que la respuesta de la compañía ante el reclamo legítimo fue convocar a la policía para reprimirlos como si fueran delincuentes en la puerta de su propio lugar de trabajo. Este accionar no es casualidad; las patronales hoy se sienten envalentonadas por un gobierno que, a través de su discurso y la inminente reforma laboral, les garantiza un respaldo político total para avanzar sobre los trabajadores sin costo alguno.
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Este escenario de desamparo se repite en la petroquímica Sealed Air, en Quilmes, donde 65 familias recibieron el Año Nuevo con telegramas de despido en la mano. Lo que el gobierno analiza como un ajuste necesario de la macroeconomía, para un trabajador, significa la destrucción total de su proyecto de vida. Mientras Caputo hace malabares con bonos como el TAMAR para que los bancos cierren sus balances, las familias trabajadoras son arrojadas a la calle por una depresión de la actividad que es consecuencia directa de este apretón monetario criminal.
El modelo libertario propone una Argentina donde sobran las finanzas y faltan las fábricas, donde el capital especulativo hace lo que quiere mientras el trabajador es descartado sin la menor sensibilidad social. Este desprecio por la vida de quienes producen se ve alentado por un clima político donde la reforma laboral funciona como un cheque en blanco para que las empresas aceleren sus planes de ajuste y despidos, sabiendo que el Estado está allí para avalar cada uno de sus atropellos.
Es fundamental denunciar que este camino es el cumplimiento estricto de una hoja de ruta diseñada por el FMI y los intereses estratégicos de los Estados Unidos. Milei ha transformado al país en un laboratorio de ajuste salvaje donde la soberanía se entrega en cada licitación de deuda a cambio de una estabilidad ficticia que solo beneficia a los bancos y fondos de inversión privados. Se nos dice que hay que sufrir hoy para estar mejor mañana, pero la realidad demuestra que el sacrificio siempre recae sobre los mismos hombros, mientras los amigos de Caputo en Wall Street festejan las ganancias obtenidas por la usura en pesos.
El gobierno ha decidido actuar como el gerente de los intereses del capital financiero internacional, priorizando el cumplimiento de los vencimientos fraudulentos por sobre el derecho al trabajo y una vida digna. No se puede hablar de recuperación cuando el costo de mantener a raya el dólar es el cierre de fábricas y la represión a quienes defienden su sustento.
Tenemos que pelear por un paro general y un plan de lucha que ponga fin a esta entrega; planteamos la necesidad urgente de declarar el no pago soberano de la deuda para volcar esos recursos a la reactivación industrial y a la defensa del salario. La verdadera libertad es la que se puede ganar en las calles, enfrentando este programa de hambre que solo ofrece miseria para el pueblo y fortunas para los especuladores.
