Abandonando todo doble discurso y cediendo por entero a las presiones de las cámaras empresarias y los consejos del FMI, el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, acaba de anunciar que habrá temporada estival sin exigencia de ningún testeo previo. Lo hacen cuando superamos el millón de contagios y sin reparar en lo que sucedió en Europa con su temporada estival. En estas condiciones es de esperar un nuevo repunte de casos, internados y muertes, producto de privilegiar la ganancia capitalista por sobre la salud.
El gobierno de Kicillof anunció que “la temporada de verano irá desde el 1 de diciembre hasta Semana Santa”. Atrás quedaron los dichos del ministro de Salud de hace unos meses, cuando sostenía como lo más probable que no existieran condiciones para habilitar temporada de vacaciones. Lo que sucede es que prevalecieron las presiones del empresariado del turismo y afines que mueven miles de millones de dólares anualmente, y por eso la voz cantante la lleva el Ministerio de Producción y no el de Salud. No hay lugar para dudas, ante la disyuntiva entre preservar las ganancias capitalistas o evitar mayores riesgos para la gente, Alberto Fernández y su más importante gobernador eligen la ganancia.
Esto no tiene ninguna lógica ni racionalidad sanitaria. Habilitan la temporada justo cuando el país se encuentra entre los cinco con más infectados del mundo, supera el millón de casos y se ubica primero en número de muertos por millón de habitantes. También cuando se logra un amesetamiento de casos en la provincia y en CABA, pero en cambio aumentan en el interior del país. Por lo que abrir las puertas al turismo de todas las provincias en la costa y también en el resto del país traerá como casi segura consecuencia un nuevo pico de contagios a nivel país, porque no solo aumentarán los mismos en las localidades turísticas, sino que quienes vuelvan infectados harán lo propio en sus ciudades y provincias. Fue lo que pasó en Europa, aunque allá los casos habían descendido considerablemente previo a las vacaciones; sin embargo, rápidamente crecieron hasta transformarse en una segunda oleada, con miles de contagios diarios y muertes en distintos países.
En nuestro caso esto podría ser peor aún dado que, al estar en ascenso en la mayor parte del país, las posibilidades de trasmisión viral se multiplican por las condiciones propias de las vacaciones: playas, restaurantes y colectivos congestionados. El sostenido crecimiento de los casos en el país en estos últimos meses tiene una complicación adicional, pone al sistema de salud al borde de su capacidad en cuanto a infraestructura y sobre todo en lo que respecta al personal de salud, hoy fatigado y contagiado. En dichas condiciones un segundo pico sobrepuesto a esta curva en ascenso puede desembocar en un completo colapso del sistema de salud.
Como ni siquiera van a exigir un testeo previo, los riesgos de contagio y trasmisión interprovincial se multiplican. De nada sirven las medidas cosméticas que anunciaron sobre distribuir los viajes, montar operativos de prevención y recomendación de distanciamiento, que sabemos de antemano que no se cumplirán. Tampoco los anuncios de refuerzo de las camas de internación en los lugares turísticos, puesto que los viajeros suelen superar en varias veces el número de habitantes de dichas localidades, cuya infraestructura de salud además de escasa suele ser precaria salvo muy contadas excepciones. Lo dicen porque saben que se multiplicarán los casos y pretenden dar una imagen de prevención que no tienen.
La realidad es que, en la Argentina de hoy con más de un millón de contagios y curva en ascenso, habilitar la circulación masiva y las aglomeraciones típicas de los balnearios populares de la costa es criminal y solo se explica por la política del gobierno centrada en priorizar los negocios y las ganancias, aunque esto se pague caro en contagios, internaciones, colapso sanitario y muertes.