En 2021 entró en vigencia la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria/Legal del Embarazo (IVE/ILE), con la obligación de brindar, por parte del Estado, atención plena y gratuita a las personas que decidan acceder al procedimiento. Sin embargo, esta ley no se ha aplicado adecuadamente y se colocan varios obstáculos en el camino de quienes necesitan de esta asistencia.
En 2022, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) inició la atención de estos casos, realizada en su programa de Consejería en salud sexual integral y derechos reproductivos y no reproductivos, junto con otros servicios relacionados con el tema.
Pero, según información de profesionales que trabajan en esta Consejería y una publicación oficial reciente de Bienestar Estudiantil, actualmente gestionada por el grupo Franja Morada (UCR – Juntos), el seguimiento de la IVE/ILE se encuentra temporalmente suspendido. Sin embargo, no queda claro en la publicación cuándo y cómo se volverá a ofrecer este servicio, al mismo tiempo que no ofrecen alternativas claras para quienes quieran o necesiten acceder a este servicio.
La alegación de la necesidad de reorganización del servicio no es suficiente para negar un derecho garantizado por la ley, y que como tal es una obligación del Estado. El gobierno tiene plenas condiciones para garantizar tanto el abastecimiento de insumos como la capacitación del equipo de atención. Lo que falta, sin embargo, es voluntad política.
Este hecho arroja una luz de alerta sobre la implementación real del derecho al aborto legal, así como la garantía de otros derechos sexuales y de género conquistados tras duras luchas populares.
La gestión de la UNLP, una universidad pública que debe brindar atención gratuita e integral, es responsable por esta suspensión y por aprobar el recorte presupuestario en general. Lo es, además, la Federación Universitaria (FULP) que con sus agrupaciones estudiantiles alineadas con el gobierno nacional del Frente de Todos no moviliza ante el recorte presupuestario, ni ha denunciado esta medida contra el derecho a decidir.
Además, este “comportamiento” de la UNLP demuestra una peligrosa tendencia a cambiar prioridades y orientación: una tendencia que va en contra de los derechos de género, algo que se ha ido intensificando en varios países, y una orientación dirigida a los intereses del “dios” mercado, que requiere ajustes precisamente en lo que se refiere a la salud pública y las libertades democráticas, especialmente sobre las personas gestantes y la clase trabajadora.
Es posible desarrollar «nuevas estrategias organizativas de los recursos, bienes disponibles, y profesionales especialmente capacitados”, en palabras de la agrupación responsable, Franja Morada, sin suspender un servicio esencial de salud. Además, dirigir de manera poco clara la atención a otras localidades de La Plata solo conduce a una sobrecarga de estos centros de salud, lo que lleva a una mayor precariedad de la atención.
Además, el hecho de que otras áreas de la Consejería de Salud Sexual Integral sigan funcionando con normalidad también demuestra que la suspensión puede tener un carácter diferente al declarado oficialmente.
Asimismo, debemos destacar que la Campaña por el Derecho al Aborto de La Plata y la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir vienen denunciando la no aplicación de la ILE en los Centros de Salud dependientes de la Municipalidad de La Plata, dirigida por el intendente Julio Garro (Juntos). No nos sorprende que Franja Morada traslade al interior de la UNLP la misma política enemiga de la ILE que implementa su intendente en la ciudad.
Por lo tanto, enfrentar este revés y luchar por el restablecimiento de este derecho en la UNLP es fundamental y debe hacerse de manera incisiva e inmediata, utilizando todas las herramientas a nuestro alcance. De esta manera nos sumamos a la convocatoria del próximo lunes 17 de abril a las 11 hs en el Rectorado. Escribinos para participar.
Marcela Gottschald