A inicios de julio el Ministerio de Desarrollo y las universidades nacionales firmaron un convenio para que estas últimas auditen, desde el 15 de agosto, los planes sociales Potenciar Trabajo. La decisión llegó semanas después de las críticas de Cristina por la «tercerización» de los planes y la exigencia de que sean gestionados por los municipios. En medio de avanzadas judiciales contra los movimientos sociales y el plan de Massa de reducir la cantidad de planes, esta medida solo puede preanunciar ajuste y massajuste.
La resolución 835/2022[1] por medio de la cual se oficializó el convenio tiene por objetivo auditar los 1.300.000 de planes sociales por medio de 20 universidades públicas. La UBA, la Universidad Tecnológica de Tucumán, Universidad Nacional de Misiones, de Jujuy, la UTN, las universidades nacionales de La Plata, Moreno, La Pampa, y Hurlingham son algunas de las que ya firmaron convenios de cooperación para formar parte de estas auditorías en distintos puntos del país, y en Desarrollo Social aseguran que la intención es «ir sumando a todas las universidades nacionales, en el corto plazo».
¿En qué consiste la auditoría?
Con la excusa de «una política de transparencia de los programas sociales y, también, de cuidado y acompañamiento de quienes participan del programa Potenciar Trabajo», desde Desarrollo Social se están llevando a cabo acuerdos con gobiernos provinciales para que estos pongan los recursos y las universidades “la mano de obra”.
La tarea consiste en realizar un cuestionario de 34 preguntas que recogerá información social y demográfica de cada beneficiario para conocer qué otros programas de seguridad social recibe su grupo familiar (AUH, asignación por embarazo, discapacidad, pensiones no contributivas, Progresar, prestaciones alimentarias y planes provinciales o entrega de alimentos).
Se consultará también sobre la actividad del programa y el trabajo de los beneficiarios: “¿Conoce a qué unidades de gestión y/u organización pertenece?”. Se piden detalles sobre la tarea, ubicación y sobre el nivel de escolarización de los beneficiarios de los planes y se pregunta por el “grado de interés por finalizar los estudios”.
El tercer apartado inquiere sobre la capacitación y tareas de formación y el último interroga sobre actividades laborales -changas- que los beneficiarios realizan por fuera del programa para saber si los ingresos son mayores a los que reciben por el programa y cuántas horas por semana le dedica. “Si le ofrecieran un trabajo registrado, es decir un trabajo en el que le hacen aportes jubilatorios, obra social, etc. ¿en qué medida estaría dispuesta a aceptarlo?”, es la penúltima pregunta destinada únicamente a mujeres.
Las universidades deberán verificar el cumplimiento de los programas de trabajo de cerca de 500 unidades de gestión y, a la par, la contraprestación laboral que hacen los beneficiarios de los planes. “Si las unidades de gestión no funcionan o el beneficiario no puede demostrar que trabaja, se requerirá que estudie. Y si tampoco lo hace, se le quitará el plan”, se informó desde Desarrollo Social.
El gobierno del Frente de Todos mientras no aplica ningún tipo de control sobre los formadores de precios y acaparadores que acumulan millones en los depósitos y silobolsas pone toda la estructura de la universidad al servicio de ajustar a los sectores más empobrecidos para seguir cumpliendo los objetivos pactados con el FMI. Mientras, se niegan a tratar el proyecto presentado por la Unidad Piquetera para generar trabajo genuino y solo proponen más precarización, ahorro para las patronales y recortes a la ayuda social. Hacen de todo para sacar a los sectores populares de la calle pero no de la pobreza.
De la universidad popular a la universidad del Fondo
El convenio firmado es parte de un doble ataque contra la universidad pública. Por un lado el ajuste presupuestario al servicio de respetar el acuerdo con el Fondo, que se traduce en el recorte de 55 millones de pesos anunciado por la ex ministra de Economía Batakis, por el otro, una profundización de un modelo de universidad puesto al servicio del empresariado y el imperialismo que se expresa en el convenio con el Ministerio de Desarrollo.
“Ser universitario más que un privilegio es un deber de compromiso con el pueblo, con aquellos que tal vez nunca podrán acceder a la universidad”, las palabras de Cristina no solo han quedado lejanas, sino que chocan de frente con las medidas que lleva adelante el gobierno del Frente de Todos. En un país donde casi el 40% de la población está por debajo de la línea de pobreza y se profundiza el extractivismo, la orientación de la función de las universidades tendría que ser el opuesto que se mantiene. El conocimiento y los esfuerzos tanto humanos como económicos de las universidades, tendrían que ponerse al servicio de generar propuestas para elaborar planes de viviendas y nutricionales, brindar atención y prevención en materia de salud, así como colaborar con el fortalecimiento de los lazos sociales y de cooperación en los barrios populares, eso sería un modelo de universidad comprometido con el pueblo.
El Frente de Todos avanza en imponer un modelo de universidad al servicio del imperialismo, que literalmente le saque la comida de la boca a los sectores populares para poder cumplir con el Fondo Monetario. Mientras tanto las conducciones estudiantiles afines como Bisagra, MPE, PCR y fuerzas como La Mella – Patria Grande, guardan silencio cómplice demostrando que su acuerdo con el gobierno es más grande que su compromiso con la transformación social al servicio del pueblo que vive de su trabajo.
Saquemos la universidad del Fondo
El rechazo a la utilización de la universidad como una herramienta para aplicar el ajuste, es la tarea inmediata que inicia por exigir el posicionamiento público de todas las unidades académicas y consejos denunciando y repudiando esta medida, así como también que los centros de estudiantes convoquen a asambleas para que les estudiantes podamos discutir sobre este doble ataque, tanto económico como ideológico, a la educación superior y desarrollar un plan de lucha que derrote estas medidas.
Tenemos el desafío de que la universidad y la educación vuelvan a ser parte de la historia viva de nuestro pueblo, siempre al servicio de mejorar las condiciones de vida y el acceso a derechos de los trabajadores y sectores populares. Desde la Juventud Socialista del MST ponemos nuestra militancia y las conducciones de los centros de estudiantes y consejeros que conquistamos al servicio de esta pelea en defensa de una universidad por y para el pueblo trabajador y te invitamos a que te sumes a darla con nosotros.
Lina Ávila Bizcarra
[1] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/266404/20220713