Paola Acosta tenía 36 años y tres hijos: Agustín, Tomás y Martina. La más chica, Martina, tenía un año y nueve meses cuando Paola logró que -ADN obligado por la Justicia de por medio- Gonzalo Lizarralde tenga que asumir la paternidad.
La noche del 17 de septiembre de 2014 Gonzalo fue al edificio donde vivían Pao y Martina con la excusa de pagarles la primera cuota alimentaria. Esa noche asesinó a Paola, intentó hacer lo mismo con Martina y las tiró en una alcantarilla.
El domingo 21 de septiembre, 80 horas después, fueron encontradas. Martina estaba deshidratada, tenía heridas, una fractura, sepsis e hipotermia. Pero sobrevivió.
Durante los días en que estuvieron desaparecidas, Maru, la hermana de Paola, se puso al frente de la búsqueda y el reclamo a la policía y la Justicia para que actúen. “Hay que esperar 48 horas”, “se debe haber ido con algún novio” fueron algunas de las respuestas que recibió por parte de los funcionarios que debían recibir la denuncia.
Pero Maru no estaba sola. Además de sus familiares y amigos, tenía a sus compañeros y compañeras del MST a su lado: llamando a los medios, presionando al fiscal, cortando las calles frente a la comisaría y la fiscalía, convocando y saliendo a marchar, aportando las pruebas del principal sospechoso, volanteando en las plazas y parques de la ciudad la foto de Pao y Martina para que todo el mundo se entere de su desaparición y salgan a buscarlas. La respuesta de la sociedad fue conmovedora y la solidaridad con la búsqueda se hizo masiva.
Las marchas por justicia para Paola convocaron a miles de personas en las calles de Córdoba y hasta en el edificio de los Tribunales locales. Quienes veían pasar la movilización se sumaban espontáneamente a acompañar. El dolor era compartido, y la decisión de luchar por justicia y para que no pase nunca más, también.
Un antes y un después
“Está en nosotras no hacer que esto sea solo una despedida de Paola, porque están nuestros derechos, nuestras vidas en juego. Esto le podría haber pasado a cualquiera, a nuestra hermana, a nuestra hija, a nuestras madres. Entonces nos tenemos que comprometer a seguir, a seguir esta lucha” dijo Luciana Echevarría a la multitud en la marcha del 22 de septiembre de 2014.
Ese compromiso dio un nuevo impulso a la lucha contra la violencia de género. Lo que históricamente había sido tratado como un asunto privado o de la intimidad, pasó a ser entendido como un problema social. Este cambio fue clave para lo que vino después.
Mientras la Justicia seguía inventando protocolos a la medida de los violentos y garantizando la impunidad, mientras los medios de comunicación hablaban de crímenes pasionales y ante cada desaparición de una mujer hacían foco en su ropa y su vida[1], se fue gestando algo muy grande que unos meses después estalló en el primer Ni Una Menos.
El 3 de junio de 2015 un nuevo femicidio, el de Chiara Páez en Rufino, desató la indignación y el hartazgo frente a tanta violencia hacia las mujeres. Millones de personas en todo el país salieron a las calles en cientos de ciudades a decir basta y a exigir al Estado que actúe, que prevenga, que dé respuestas y deje de amparar a los violentos y femicidas.
El movimiento fue tan grande que se contagió y extendió a México, Perú, Italia, España y distintos países de todo el mundo.
Las cosas por su nombre
Durante mucho tiempo se habló de crímenes pasionales para hacer referencia a los asesinatos de mujeres en el marco de la violencia de género. Fue una conquista del movimiento feminista el reconocimiento de estos crímenes como femicidios. “Lo que no tiene nombre, no existe” dice Marcela Lagarde y por eso este reconocimiento es tan importante.
Femicidio es un concepto político que hace referencia al asesinato de mujeres por el hecho de serlo. Su reconocimiento como tal es necesario para visibilizar las particularidades de este tipo de homicidios y el sistema estructural de desigualdad y opresión en el que se enmarcan. Son las desigualdades sistémicas propias del patriarcado las que habilitan las violencias hacia las mujeres en los distintos ámbitos de sus vidas y el femicidio es la expresión máxima de esta cadena de violencias.
En Argentina, desde el año 2012 una modificación del Código Penal, realizada a través de la ley 26.791, incorporó como agravante para los homicidios el de la prisión perpetua en casos en los que medie violencia de género. Esa modificación legal fue la respuesta al reclamo del movimiento de mujeres que desde hace años impulsaba el reconocimiento por parte de la Justicia del femicidio y la violencia de género.
Sin embargo, en octubre de 2015 el tribunal de la Cámara undécima del crimen de Córdoba, compuesta por Susana Frascaroli, Daniel Ferrer Vieyra y Graciela Bordoy condenó a Gonzalo Lizarralde a prisión perpetua por el homicidio de Paola Acosta y la tentativa de homicidio de Martina, pero rechazó el agravante por violencia de género.
Los argumentos de la sentencia eran que no medió violencia de género porque “no existió una relación desigual de poder” debido a que Paola Acosta se mostró como “una mujer fuerte, decidida”.
Como consecuencia, este fallo fue citado en sentencias posteriores para negar la aplicación del agravante por violencia de género. Así sucedió con los casos de Irma Rodríguez y Rocío Rodríguez.
Pero dijimos que la lucha por justicia para Paola marcó un antes y un después. Y así fue también en este aspecto. Porque, aunque ya se había logrado llevar a Lizarralde a juicio con mucha más celeridad de la que era habitual en los tiempos de la Justicia y se lo había condenado a prisión perpetua, la lucha siguió. El reconocimiento de la violencia de género por parte de la Justicia era necesario por la memoria de Paola, por el presente y futuro de Martina y por todas las mujeres.
Además de seguir las movilizaciones, los demás juicios por femicidios que habían dormido durante años y por la presión social comenzaron a activarse. El partido en el que Maru ya militaba desde hace tiempo, el MST, presentó un pedido de Jury de enjuiciamiento contra el Fiscal Oyhanarte -el que no actuó frente a la desaparición de Paola y Martina- y acompañó a la querella de la familia en la apelación de la sentencia que no reconocía la violencia de género. Dos días después de la presentación del Jury, el Fiscal Oyhanarte se jubiló sin rendir cuentas ni dar explicaciones.
Además, el 9 de marzo de 2017, un día después del primer paro internacional de mujeres que se expresó en Córdoba con una multitudinaria movilización, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia falló en respuesta a la apelación, tuvo que reconocer que este caso era un femicidio y ratificó la condena a perpetua de Lizarralde. Incluso sentó las bases para que los juicios posteriores a este fallo reconozcan a la violencia de género y apliquen el agravante en las condenas.
Una alquimia de amor y lucha
Hoy en un mural frente al Parque Las Heras en la ciudad de Córdoba brilla la sonrisa de Paola. Y, al igual que la historia de lucha del movimiento de mujeres, resiste frente a los ataques de los hijos sanos de este sistema patriarcal.
A 7 años del brutal femicidio con el que le arrebataron la vida, su sonrisa se hizo bandera, porque la decisión y fortaleza con la que peleó por sus derechos y los de Martina -esa insumisión por la que quisieron castigarla- se hicieron sentir e impulsaron la larga lucha por Justicia para ella y para todas.
Una lucha que desnudó la responsabilidad del Estado para perpetuar la violencia machista, que obligó a instituciones arcaicas como la Justicia a llamar a las cosas por su nombre y reconocer la violencia de género y los femicidios; una lucha que demostró la fuerza de la que son capaces la organización colectiva y la movilización. Y todo fue posible por la fuerza de Maru y de quienes la acompañaron a dar esta pelea, que nacieron de una alquimia de amor que transformó el dolor profundo en lucha inquebrantable.
1] Un ejemplo emblemático fue la nota de Clarín sobre el caso de Melina Romero: https://www.clarin.com/policiales/fanatica-boliches-abandono-secundaria_0_S1ek3YcD7g.html