Cristina siempre se ufanó de la política de “desendeudamiento” de las gestiones K. Sin embargo, el gobierno que comparte con su presidente designado, Alberto Fernández y su superministro Massa, ya llevó la deuda pública del país de U$S 313.299 millones a fines de noviembre de 2019 a U$S 396.539 millones actuales. Un incremento del 26,5% equivalente a U$S 83.240 millones[i]. Una montaña de endeudamiento que hay que desconocer si no queremos que sigan enflaqueciendo los ingresos populares y enriqueciéndose, sin límite, los de los banqueros usureros y multinacionales.
Como la mayoría de este nuevo endeudamiento es en pesos ajustables por inflación, el gobierno suele justificarlo restándole importancia. Pretende ocultar que esta verdadera bola de nieve que representa el volumen de la deuda en pesos –subió un 185,5%, de U$S 23.791 millones a U$S 67.934 millones- a altísimas tasas de interés. Este gran negocio para los bancos y fondos buitres de inversión es producto de un fuertísimo plan de ajuste para cumplir con la fraudulenta deuda que por U$S 45.000 millones contrajo Macri con el FMI.
En torno a las erogaciones realizadas por el Estado por el pago de deuda pública, durante el año pasado 2022: “los pagos de intereses alcanzaron un monto equivalente a U$S 7.629 millones, de los cuales el 53% se realizó en moneda extranjera”, según la Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional. Este dinero es el equivalente a casi 200.000 viviendas populares y a la creación de 900.000 puestos de trabajo formales.
Dentro de los pagos de intereses, los que corresponden al FMI no dejan de subir. Pasaron de U$S 1.228 millones en 2019 a U$S 1.721 millones en 2022, por el aumento de la tasa de interés que arrastran los sobrecargos que paga la Argentina por haber superado la cuota que le otorga el Fondo a tal efecto.
El total del pago de intereses de deuda pública durante la gestión de este gobierno fue de U$S 21.775 millones:
El volumen de deuda pública considerada no incluye la deuda del Banco Central -calculada en 10 billones de pesos-, ni la deuda pública de las provincias –alrededor de U$S 35.000 millones-, ni la deuda de los municipios, con los que el total de la deuda se incrementaría significativamente[ii].
La usura de la deuda condiciona toda la economía
Estamos sufriendo un tremendo ajuste para cumplir las metas exigidas por el FMI para que el país cumpla con las exigencias del crédito de Facilidades Extendidas que se acordó con el organismo para pagar el fraudulento Stand By contraído por Macri.
Mientras los empresarios ponen el grito en el cielo contra la intención de que los camioneros controlen sus maniobras de desabastecimiento de los productos pactados a Precios Justos, el último capítulo de estas medidas brutales contra los trabajadores y sectores populares es el anunció de Tolosa Paz, la ministra de Desarrollo Social, de su intención de dar de baja 175.000 planes Potenciar Trabajo.
El creciente e imparable endeudamiento es una consecuencia de las dificultades que atraviesa una economía ordenada por cumplir las metas de ajuste que impone el Fondo, que tiene un enorme riesgo país y sufre altas tasas que el mercado internacional de capitales impone a la Argentina, lo que ha llevado al gobierno a generar una gigantesca deuda en pesos, que ya suma dos bases monetarias y medias.
Los analistas económicos señalan no sólo su incremento geométrico a altas tasas de interés -107% de tasa efectiva anual en el caso de las Leliqs del Banco Central-, sino que la renovación de sus altos vencimientos se realiza a muy corto plazo –en general antes de las elecciones- Advierten de que estaría cantada una futura reestructuración compulsiva, que reprograme estos vencimientos a más largo plazo, afectando la especulación financiera y hablan de una verdadera bomba de relojería.
Las tasas positivas altísimas en el crédito están provocando, junto a la baja en el consumo por la baja en el poder de compra de los salarios e ingresos populares y otros factores, como las dificultades para importar insumos necesarios para la industria por el “cepo” de dólares oficiales, una recesión creciente que preanuncia un muy bajo o nulo nivel de crecimiento para este año, afectando además la estabilidad del empleo de millones. El aumento de los costos que provoca repercute además en la altísima tasa de inflación.
Hay que terminar con este endeudamiento eterno al servicio de los buitres de las finanzas internacionales. Romper con el FMI, cancelar nuestras “obligaciones” con los bonistas sin pagar un peso a los fondos buitres, es una tarea imprescindible para poder aumentar los salarios, jubilaciones y planes sociales, los presupuestos para salud y educación públicas, para diseñar un plan que relance nuestra economía al servicio de los intereses obreros y populares.
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[i] Datos extraídos de “Deuda Pública: el pago de intereses llegó a U$S 7.629 millones en 2022” y “La deuda pública sigue aumentando y ya llega a U$S 396.539”, por Ismael Bermúdez, Clarín 16/01/2023 y 17/01/2023.
[ii] Datos del economista independiente Héctor Giuliano.