Según el último informe de la consultora Audemus, basado en los datos procesados por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Argentina se ha consolidado como el segundo país con el peor desempeño industrial del mundo en los últimos dos años. Este penoso podio solo es encabezado por Hungría, otra nación bajo el mando de un gobierno de ultraderecha liderado por Viktor Orbán, lo que permite trazar una línea directa entre estos programas reaccionarios y el desmantelamiento del tejido empresarial.
Los números de la ONU no dejan lugar a dudas. El destino de la industria y el empleo manufacturero en Argentina es su destrucción sistemática, un comportamiento que no es accidental. Todo esto es un objetivo medido y ejecutado por el programa económico de Javier Milei.
A diferencia de lo que el relato oficialista intenta instalar, el desplome manufacturero argentino no responde a las turbulencias de un contexto mundial incierto o a las crecientes tensiones bélicas que afectan el precio de la energía. El trabajo de Audemus afirma que estamos ante una crisis fabricada en casa. Lejos de ser un problema importado, la destrucción industrial es la consecuencia directa de las medidas de Milei, quien combinó una política cambiaria, para atrasar el precio del dólar, con una apertura comercial que asfixia a las fábricas.
Mientras que potencias industriales como Alemania o Italia sufren contracciones por shocks exógenos identificables, en la Argentina la debacle es autoinfligida por un gobierno libertario que ha decidido romper los instrumentos de política industrial. Este contraste se vuelve aún más hiriente cuando se analiza la región, donde Brasil ha logrado expandir su industria un 3,5% y Chile un 5,2%, demostrando que el retroceso local es una anomalía exclusiva de la gestión de Milei.
Industria destruida: el derrame que nunca llega
La profundidad de la recesión industrial acumulada durante un cuatrimestre entero desmiente de lleno las tesis que el presidente sostuvo en su discurso de apertura de sesiones ordinarias. En aquel escenario, Milei intentó instalar la idea de que los puestos de trabajo perdidos en el sector manufacturero se generan mágicamente en otras actividades económicas, una premisa que los datos de la realidad se encargan de destrozar. La industria manufacturera representa el 19% del empleo formal directo y moviliza otros 2,4 millones de puestos indirectos con salarios que históricamente se ubican por encima de la media, pero hoy este motor social está en llamas. Los números son alarmantes porque el empleo sectorial cayó en 16 de los últimos 24 meses, acumulando una pérdida de 73.000 puestos de trabajo registrados y el cierre definitivo de unas 2.400 empresas, lo que equivale a la desaparición del 5% del total de firmas del sector en apenas dos años.
Esta sangría empresarial no distingue entre pequeñas pymes o firmas con décadas de trayectoria, generando un daño sobre el entramado productivo que Audemus califica como superior a los episodios más disruptivos de las últimas décadas. La cantidad de unidades productivas activas se encamina a perforar los mínimos históricos registrados durante lo peor de la pandemia de COVID-19 en 2020, con la diferencia de que hoy no hay un virus que paralice la actividad, sino un plan de gobierno.
El diagnóstico sobre la Utilización de la Capacidad Instalada Industrial revela que las máquinas argentinas están paradas en niveles críticos, con un promedio que en 2025 se ubicó en apenas el 57,9%. Exceptuando el año del confinamiento total, esta es la cifra más baja de la última década, dejando en evidencia que el sector privado industrial ha entrado en un modo de supervivencia donde la reducción de costos y los despidos son la única respuesta frente a una demanda doméstica totalmente hundida por el ajuste.
Pelea de arriba y saqueo de abajo
En medio de este derrumbe, las rispideces y los cruces mediáticos entre el gobierno y la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA) deben ser analizados con cautela para no caer en la trampa de la victimización empresarial.
Si bien Martín Rappallini ha intentado marcar cierta distancia de los modos agresivos de Milei, es fundamental recordar que estos sectores de la burguesía celebran en lo macro el equilibrio fiscal, el ajuste violento sobre los jubilados y la educación pública y demás sectores sensibles del Estado. La pelea que vemos es una disputa por la renta entre distintos bandos de los dueños de las cosas, donde no hay víctimas entre los contendientes. El ejemplo más claro de que no hay escrúpulos en ninguna de las partes es el caso de FATE, donde la patronal de Madanes Quintanilla utilizó el cierre de la planta para presionar en su pulseada política contra el presidente, dejando a cientos de familias en la calle como moneda de cambio de una puja de intereses ajenos a la clase trabajadora.
La matriz productiva que el gobierno libertario está construyendo apunta a un cambio estructural donde la industria pase definitivamente a un plano marginal. Para Milei, el país debe apalancarse en la megaminería, la explotación hidrocarburífera, el agronegocio contaminante y la especulación financiera, todas actividades que requieren muy poca mano de obra y que no generan valor agregado significativo. Se trata de un modelo que nos condena a ser un bazar de commodities a costa de mano de obra precarizada y la entrega de nuestros bienes comunes. Incluso el aparente choque de Rappallini pierde fuerza cuando se observa que sectores de la dirigencia industrial ya están volcando sus inversiones hacia esos proyectos extractivos, como el caso del proyecto minero San Jorge. El resultado de esta política es un golpe letal a la soberanía productiva del país, donde las ganancias se fugan mientras los trabajadores industriales enfrentan la incertidumbre de no saber si su fábrica seguirá abierta mañana.
La defensa de la industria no puede quedar en manos de una burguesía que solo reclama cuando sus márgenes de ganancia peligran, mientras avala la licuación de los salarios. Es fundamental que la clase trabajadora construya una alternativa propia e independiente que detenga este proceso de desmantelamiento fabricado en la Casa Rosada.
La reconstrucción del entramado fabril demandará años, pero el primer paso es frenar este programa que utiliza el hambre y el cierre de empresas como herramientas de disciplina social. Sin una organización que rompa con la tregua de las cúpulas, el destino de la Argentina será el de una economía primaria y dependiente, donde la destrucción de la industria manufacturera deje como saldo un país más pobre, más desigual y con su capital humano calificado arrojado a la informalidad.
