El cuatrimestre no arrancó y el Rectorado decidió adelantar las elecciones estudiantiles para abril. La maniobra se da en medio de una nueva ofensiva del gobierno de Javier Milei contra la Ley de Financiamiento Universitario y del paro docente por el no inicio. Con la universidad en crisis, las autoridades buscan evitar que la bronca estudiantil se transforme en organización.
Entre gallos y medianoche, las autoridades de la UBA decidieron adelantar las elecciones estudiantiles: en lugar de realizarse en el transcurso del segundo cuatrimestre, se votará del 20 al 24 de abril, con tan solo un mes de iniciado el año lectivo.
Un nuevo capítulo en la ofensiva contra la universidad pública
La decisión de adelantar las elecciones no puede entenderse sin mirar el contexto político nacional. El gobierno de Javier Milei envió al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Financiamiento Universitario, una conquista que la comunidad educativa arrancó en las calles el año pasado tras enormes movilizaciones en todo el país en 2024.
Aquella ley, la 27.795, fue sancionada luego de que el Congreso rechazara el veto presidencial gracias a la presión social. Fue una de las derrotas políticas más importantes que sufrió el gobierno libertario. Ahora el Ejecutivo busca dar vuelta ese resultado.
El nuevo proyecto pretende reemplazar la ley vigente para eliminar los mecanismos de actualización automática del presupuesto y recomposición salarial. Bajo el argumento del “equilibrio fiscal”, lo que se intenta en realidad es legalizar el desfinanciamiento que ya se está aplicando de hecho mediante la licuación salarial docente y el congelamiento de los gastos de funcionamiento. Incluso el proyecto tiene un objetivo judicial: esquivar el fallo del juez Martín Cormick, que ordenó al gobierno girar los fondos adeudados a las universidades. Es decir: como el gobierno perdió en el Congreso y en la Justicia, ahora intenta cambiar la ley para poder incumplirla. Y como si todo esto no bastase, esta reforma eliminaría fondos específicos a ciencia y técnica borrando del mapa programas de investigación profundizando el ataque a la ciencia.
En otras palabras: mientras el gobierno prepara un nuevo ataque contra el financiamiento universitario, las autoridades de la UBA intentan ordenar el escenario político interno para evitar que el movimiento estudiantil vuelva a ponerse en pie.
Rectores, diálogo y ajuste
Para avanzar con esta maniobra el gobierno ya empezó a tejer acuerdos con las autoridades universitarias. El secretario de Educación Carlos Torrendel y el subsecretario de Políticas Universitarias Alejandro Álvarez mantuvieron una reunión con Carlos Greco y Franco Bartolacci, presidente y vicepresidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Tras el encuentro, los rectores hablaron de un “acercamiento en la dirección correcta”. Greco incluso afirmó que se iban con “expectativas” de avanzar en la resolución de algunas demandas. Pero detrás de ese lenguaje diplomático lo que se discute es otra cosa: cómo administrar el ajuste universitario sin que se transforme en un conflicto político mayor.
Mientras el gobierno habla de “previsibilidad fiscal”, la realidad en las facultades es muy distinta: salarios docentes pulverizados, presupuestos congelados, edificios deteriorados y una creciente incertidumbre sobre la continuidad de proyectos académicos y de investigación. No casualmente, los gremios docentes ya convocaron a un paro nacional de no inicio de cuatrimestre.
Durante todo el último proceso de lucha, el CIN y las conducciones de la FUA/FUBA apostaron a canalizar el conflicto por la vía institucional, privilegiando las negociaciones con el gobierno mientras el deterioro del sistema universitario avanzaba. En la UBA, el adelantamiento electoral se inscribe en esa misma lógica. El Rectorado (conducido por Franja Morada, Nuevo Espacio y el EDI, junto a sectores del PJ) busca contener el malestar creciente en las facultades y evitar que se traduzca en organización estudiantil.
No se trata de un detalle administrativo: es una maniobra política preventiva
La decisión de adelantar las elecciones estudiantiles debe leerse en ese marco político. No es un detalle administrativo. Por un lado, permite encapsular la bronca dentro de una campaña electoral rápida y despolitizada, reduciendo la discusión a cuestiones de gestión mientras el ajuste avanza. Por otro, evita que las elecciones se realicen en octubre, cuando el impacto del ajuste del gobierno será todavía más evidente. De haberse votado en ese momento, las conducciones actuales de los centros (mayoritariamente en manos de sectores ligados a la UCR y al PJ) habrían quedado mucho más expuestas frente a una comunidad estudiantil golpeada por el recorte presupuestario.
No es nuevo, las maniobras antidemocráticas vienen de imponer elecciones cada dos años sin consulta alguna al movimiento estudiantil, extendiéndose los mandatos de todas las direcciones traidoras. El objetivo es claro y estratégico: reducir la participación, despolitizar el proceso electoral y evitar que los centros de estudiantes se transformen en herramientas de lucha contra el ajuste. Es decir, boicotear cualquier tipo de desborde. Tengamos en cuenta también que miles de estudiantes que ingresan al CBC, quedan afuera de los padrones, reduciendo la participación de uno de los sectores más afectados por la crisis universitaria.
A su vez la modificación de la fecha electoral se da en un año donde la UBA también tiene proceso de elección de Decanatos y Rectorado, no es casualidad que esta modificación en la fecha les venga como anillo al dedo a las autoridades para darse aire en su propia rosca y preparar entre ellos la Asamblea Universitaria de noviembre, donde votaran el nuevo rectorado en función a los acuerdos que alcancen a espaldas de la comunidad educativa.
Organizar la respuesta: recuperar los centros y poner en pie al movimiento estudiantil
El desafío del movimiento estudiantil es claro: no permitir que vacíen de contenido político las elecciones ni que las utilicen para congelar el proceso de organización. En un contexto donde el gobierno nacional intenta desmantelar el financiamiento universitario, los centros deben volver a ser herramientas de organización y lucha, no estructuras dedicadas únicamente a administrar servicios o gestionar la miseria del ajuste.
El ejemplo reciente del Hospital Garrahan demuestra que cuando hay lucha, organización y unidad en la diversidad, es posible torcerle el brazo al gobierno y perforar la narrativa libertaria que pretende naturalizar el desmantelamiento de lo público. Ese es el camino que el movimiento estudiantil tiene que retomar.
Pero para eso no alcanza con disputar los centros. Hace falta poner en pie un verdadero plan de lucha en las facultades. Desde el inicio del cuatrimestre es fundamental impulsar:
- Asambleas interclaustros en cada facultad para debatir el escenario universitario y organizar la respuesta al ajuste.
- Clases públicas y actividades abiertas que permitan visibilizar el conflicto y coordinar la lucha junto a docentes y no docentes.
- La construcción de un nuevo plan de lucha universitario que pelee por presupuesto, salarios dignos y condiciones adecuadas para estudiar y trabajar.
Al mismo tiempo, la defensa de la universidad pública también debe abrir el debate sobre la democratización de la UBA. Hoy la universidad funciona cada vez más como un feudo gobernado por camarillas rectorales donde el demos universitario (estudiantes, docentes y trabajadores) tiene cada vez menos incidencia en las decisiones. Defender la universidad pública también implica pelear por una universidad verdaderamente democrática, donde la comunidad universitaria decida su rumbo y no una casta académica que negocia el ajuste a espaldas de quienes la sostienen todos los días.
En ese camino, el 24 de marzo, a 50 años del golpe genocida, será una cita clave. El movimiento estudiantil tiene que marchar de manera unitaria y masiva junto a los organismos de derechos humanos, los trabajadores y todos los sectores en lucha. Porque los mismos grupos económicos que se beneficiaron con el saqueo durante la dictadura son hoy los que impulsan el desmantelamiento de la educación pública, la salud y la ciencia.
El inicio del cuatrimestre tiene que ser el punto de partida para reorganizar al movimiento estudiantil, recuperar centros de estudiantes al servicio de las luchas y poner en pie una universidad que se defienda en las aulas, en las calles y en la organización colectiva.
Mesa de coordinación de la Juventud Socialista UBA. La Marea, Tesis XI, Inconsciente Colectivo, La Colectiva y Red Ecosocialista.
