En la provincia del antiderechos Juan Manzur, actual jefe de gabinete nacional, de nuevo torturan a una niña violada y la obligan a parir. En este caso, de extrema vulnerabilidad, la menor fue abusada por el novio de su madre de crianza. En medio del proceso judicial por su tenencia, habla sobre el abuso ejercido por Carlos Alberto Merlos, de 58 años.
La justicia tucumana primero dijo estar garantizando una ILE, pero enseguida se reconoció que el Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes había realizado una cesárea y que el recién nacido estaría en Neonatología hasta que cumpla nueve meses
El Estado siempre es responsable
La historia de vida de esta niña demuestra la complicidad de la justicia, la policía, el gobierno y el sistema de salud y desarrollo social en la violencia ejercida sobre las mujeres, en especial las más jóvenes y las más pobres. Como lo dijimos durante toda la marea verde, nuestro derecho a decidir también se debe a razones de justicia social.
Carmen, madre de seis hijos en plena vulneración de derechos, queda embarazada de mellizos. Una vecina se ofrece a ayudar con el cuidado de la beba, pero luego le impide verla. Ante esta situación la madre lleva adelante un juicio, que sale favorable pero con una condición: exige construir una habitación para la menor, para lo cual no tuvo asistencia del Estado. Hasta entonces, la niña queda al cuidado de la vecina…
En este contexto se desarrolla el abuso sexual por parte del novio de su cuidadora. La tía biológica dice haber visto en octubre que el cuerpo de la niña cambiaba. Creyó que podía estar embarazada y avisó al Centro de Atención Primaria de la Salud del Barrio La Cerámica. E informó sus sospechas, ya que el caso estaba judicializado. Para entonces la nena debía estar en la semana 15 de gestación, o sea a tiempo para evitar una violencia más.
Ya a inicios de enero la nena le confesó el abuso a su cuidadora, que hizo la denuncia. Y lo mismo hizo su madre biológica. Recién en la semana 27 se la trasladó del Hospital Eva Perón, sin garantizar la ILE, a la maternidad. Allí se le hizo una cesárea clandestina y siguen en internación la niña y el recién nacido.
Como bien señala Soledad Deza, abogada de Belén: “Acá hay que pensar varias cosas. Por un lado, los embarazos en niñas tan pequeñas suelen detectarse tarde. Y acá abro dos interrogantes: ¿Qué hace el sistema de protección de las infancias para disminuir este horror? Ahí hay una niña que fue entregada a otra familia vecina por una vulnerabilidad previa de una estructura familiar y el Estado no tenía ni noticias al parecer. Y si tenía noticias de esa situación, ¿por qué no hubo un seguimiento? Si hizo un seguimiento, fue claramente un fracaso. Hay una Dirección de Niñez y Familia absolutamente ausente. También una escuela para quien esa niña abusada fue invisible. Luego de ello, también hay que reflexionar acerca de una política pública sanitaria. No puede sostenerse recargando las espaldas de uno o dos profesionales que hagan abortos en el tercer trimestre”. Y Deza agrega, “fetolisis, que ya se ha hecho en Tucumán, en el tercer trimestre es muy duro, y no hay formación de profesionales en ese sentido. Pero, lo cierto es que es una realidad de las niñas abusadas. Y no se puede cargar en sus espaldas la ausencia de un Estado y, mucho menos, validar las violencias institucionales en ellas. Es muy injusto, muy triste, pero sobre todo, imperdonable”1.
Frente a los antiderechos, lucha y organización
¿Y el abusador? Se fugó. Desde que se lo denunció hasta que la justicia fue a buscarlo, vendió la casa de la madre y consiguió un cómplice ¿Qué nos puede extrañar de la provincia de Manzur? Nada, porque es un sostén del modelo capitalista patriarcal y clerical. Una provincia que es “ejemplo” en impedir derechos de género, la única del país que no adhirió a la Ley de Salud Reproductiva -¡de 2002!- y también la única del país que aún sigue impartiendo religión católica en las escuelas públicas.
Nuestra lucha en las calles, en los barrios, en los trabajos, escuelas y universidades no terminó. Ahora es cuando. Fuimos millones organizadas por la ley de aborto y sabemos que el Estado sigue siendo responsable. Para que nuestros derechos legales sean reales, el Estado debe garantizar el acceso efectivo a la Educación Sexual Integral, a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Interrupción Legal del Embarazo en casos de violación. Porque las niñas son y deben seguir siendo niñas, no madres forzadas.
1 https://www.pagina12.com.ar/394731-una-nina-de-10-anos-violada-y-llevada-al-parto-en-tucuman