El martes 26 de agosto condenaron al exrector de la Universidad Nacional de Tucumán y a otros funcionarios por malversación de sumas millonarias provenientes de las regalías que le corresponden a la UNT por su participación como accionista en la explotación Minera Aguas de Dionisio. No quedamos conformes, ni con la condena ni con el significado profundo que implica el solo hecho de la participación de la Universidad en un emprendimiento altamente contaminante y resistido por numerosas organizaciones ambientalistas de toda la región y del país entero.
“Tucumán: condenan por defraudación a tres exdirectivos de la Universidad Nacional de Tucumán y les imponen penas de hasta 3 años y medio de prisión y reparaciones millonarias”. Esa fue la noticia.
El exrector, Juan Alberto Cerisola, y otros dos funcionarios universitarios fueron hallados culpables por malversar sumas millonarias que ingresaron al patrimonio de la casa de estudios. Los hechos incluyeron sobreprecios en la contratación de obra pública, la colocación irregular de dinero en inversiones financieras y la renuncia a utilidades que le correspondían a la UNT de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD). Hubo un absuelto.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) de Tucumán condenó a penas de hasta 3 años y medio de prisión a tres exintegrantes de la cúpula directiva de la UNT por administración fraudulenta en relación al manejo de fondos públicos que ingresaban a la casa de estudios. Además, fueron sentenciados a pagar una reparación millonaria, que se deberá actualizar por índice IPC desde el momento de los hechos —cometidos entre 2006 y 2011— hasta su efectivo pago.
Los jueces Ana Carina Farías, Abelardo Jorge Basbús y Enrique Lilljedahl dieron por acreditados una serie de hechos sucedidos en ese período de cinco años, que incluyen sobreprecios en la contratación de obra pública, colocación irregular de dinero de la universidad en inversiones financieras y la renuncia arbitraria a las utilidades que le correspondían a la UNT de YMAD.
La pena más elevada fue para el exrector Juan Alberto Cerisola, condenado a 3 años y 6 meses de prisión como autor penalmente responsable de incumplimiento de los deberes de funcionario público y como coautor de defraudación en perjuicio de la administración pública.
En tanto, solo por el segundo de esos delitos y en carácter de coautores, la exdirectora general de Construcciones Universitarias, Olga Graciela Cudmani, recibió una pena de 3 años y 2 meses de prisión, y el exdirector de Inversiones y Contrataciones, Osvaldo Venturino, otra de 2 años de prisión en suspenso.
Los tres además recibieron inhabilitación especial y perpetua para desempeñarse como funcionarios públicos.
A su vez, un cuarto imputado, el exsubsecretario administrativo de la universidad, Luis Fernando Sacca, fue absuelto por el beneficio de la duda.
Además, se estableció que Cerisola y Cudmani deben realizar un pago solidario de $39.277.376, actualizado por IPC desde la entrega de la última obra objeto de la causa (30 de octubre de 2012) hasta su pago efectivo. En tanto, Cudmani y Venturino deberán realizar un pago de $717.000,66 en relación a la readecuación económica-financiera respecto de una de las obras analizadas, también actualizable desde 2011 hasta su cancelación.
El juicio —iniciado en junio de 2024— se desarrolló durante 14 meses, con más de 40 audiencias, más de 50 testigos y peritos en sala. Se incorporaron 50 cajas de documentos y se realizaron 11 inspecciones oculares en 11 de las 13 obras analizadas.
El tribunal anunció que los fundamentos de la sentencia se conocerán dentro de los próximos 40 días hábiles.
Los hechos
Según el requerimiento de elevación a juicio elaborado por el fiscal Carlos Brito, entre 2006 y 2009 la UNT recibió —como parte del convenio con YMAD— cuantiosas sumas de dinero que habrían sido puestas a disposición del entonces rector Cerisola.
De acuerdo a la Ley 14.711, ese dinero tenía como destino exclusivo la finalización de la Ciudad Universitaria, un proyecto planificado en 1946 que debía ejecutarse en las Sierras de San Javier, pensado como el mayor emprendimiento educativo de la Argentina. Sin embargo, los fondos se desviaron y nunca se avanzó con esa obra estratégica.
La fiscalía acusó la existencia de un sistema paralelo e ilegal para manejar esos recursos, caracterizado por falta de controles, discrecionalidad y opacidad, que generó un grave perjuicio a la universidad.
Las irregularidades abarcaron:
- Ejecución de 13 obras distintas a la Ciudad Universitaria.
- Sobreprecios, direccionamiento de adjudicatarios y rubros sin justificación técnica.
- Colocación irregular de fondos en inversiones fiduciarias y plazos fijos en entidades no reconocidas por el Banco Central.
- Renuncia arbitraria a las utilidades de YMAD, fijadas por ley en un 40% de las ganancias líquidas, lo que implicó pérdidas millonarias para la UNT (equivalentes a más de $64.000 millones actuales hasta 2010).
Un simulacro de justicia
Era tan evidente la maniobra que los jueces tuvieron que dictar condenas, aunque vergonzosamente bajas en relación con los delitos probados. Incluso absolvieron a uno de los acusados, Luis Sacca, por “beneficio de la duda”. La comunidad universitaria jamás recuperará las cifras multimillonarias desviadas por estos funcionarios, hoy insolventes.
Pero lo más grave es que el juicio se redujo al manejo fraudulento de fondos, dejando de lado un aspecto central: la UNT no debió ser nunca socia de un emprendimiento minero altamente contaminante.
El delito ambiental ignorado
Mientras se debatía sobre malversación de fondos, quedó en la sombra el impacto real de la megaminería. Diversas organizaciones ambientalistas y sociales vienen denunciando desde hace años que emprendimientos como el de YMAD contaminan las aguas superficiales y subterráneas con cianuro, mercurio y otros químicos, afectando la salud de miles de familias en Catamarca, Tucumán y Andalgalá.
En los últimos años, hubo sentencias judiciales que confirmaron esta gravedad, como las que frenaron proyectos en Andalgalá y reconocieron los riesgos de la actividad sobre el ambiente y la población. La evidencia muestra que la megaminería destruye ecosistemas, envenena ríos y napas, y deja tras de sí enfermedades y pobreza.
Sin embargo, nada de esto fue tomado en cuenta en el juicio contra Cerisola y sus cómplices, dejando impune el costado más criminal de este entramado: el ambiental.
Otro modelo de universidad
La raíz de este problema también está en el modelo universitario vigente. En la UNT, los rectores y decanos son elegidos por un sistema indirecto y antidemocrático: los estudiantes, que son mayoría en la universidad y sujetos centrales del proceso educativo, tienen una representación mínima y subordinada frente a docentes y no docentes.
Este sistema fomenta las roscas, la compra de votos y los pactos entre camarillas que luego garantizan silencio cómplice frente a hechos de corrupción como los que tardaron 15 años en llegar a juicio.
Desde el MST, La Marea y Alternativa Universitaria, planteamos que es necesario cambiar de raíz este esquema:
- Un estudiante = un voto.
- Lo mismo para docentes, no docentes y egresados.
- Elección directa de todas las autoridades universitarias.
Solo así podremos construir una universidad democrática, al servicio de las grandes mayorías, que oriente sus recursos y su investigación a las necesidades sociales y ambientales, y no a los negocios contaminantes de las corporaciones.
Dr. Ángel Paliza, docente universitario
