El cambio en el sistema de facturación eléctrica implementado por el gobierno de Javier Milei generó fuertes cuestionamientos entre usuarios y organizaciones sociales. La modificación implica que los hogares del AMBA recibirán tres facturas en apenas dos meses, un esquema que, según especialistas, adelanta ingresos para las distribuidoras Edenor y Edesur mientras presiona aún más sobre el presupuesto familiar.

Un cambio “administrativo” que implica más pagos en menos tiempo

La resolución del ENRE establece que las lecturas de consumo y la emisión de facturas dejarán de ser bimestrales para pasar a un formato mensual. Aunque desde el Gobierno se presentó como una “actualización del sistema”, en la práctica los usuarios deberán pagar dos períodos completos más una refacturación intermedia en un lapso muy corto.

El resultado:

• Tres pagos concentrados en menos de 60 días.
  
• Un aumento del 3,6% adicional para Edenor y Edesur.
  
• Mayor carga financiera justo cuando se anticipan temperaturas extremas y suba del consumo estacional.
  

Beneficio directo a las distribuidoras

Para Edenor y Edesur, el nuevo esquema funciona como un adelanto de caja. Al cobrar antes una parte del consumo, aseguran liquidez en un momento del año donde aumentan sus costos operativos y su demanda energética.

Además, el cambio llega en un contexto donde ambas empresas han mejorado sus balances gracias a las sucesivas actualizaciones tarifarias impulsadas desde diciembre del año pasado.

Impacto sobre las familias trabajadoras

Para los consumidores, la medida cae en un escenario de inflación, caída salarial y pérdida de subsidios. Tener que sostener tres pagos en menos tiempo implica:

• Tensión directa sobre los ingresos mensuales, especialmente en hogares con tarifas ya aumentadas.
  
• Riesgo de mayor morosidad y acumulación de deudas.
  
• Dificultad para prever gastos esenciales.
  

Las asociaciones de usuarios sostienen que el Gobierno prioriza la estabilidad financiera de las distribuidoras por sobre la capacidad de pago real de los hogares.

La medida constituye un “regalo regulatorio” para las empresas privatizadas, que no viene acompañado de exigencias en materia de inversión, mantenimiento o mejoras del servicio.

También, podemos remarcar, que los reiterados cortes de luz, especialmente en zonas de Edesur, continúan sin respuestas estructurales, mientras el Gobierno avanza con nuevas ventajas para las distribuidoras.

El cambio de facturación no solo implica una modificación técnica: es una decisión política que traslada recursos desde los hogares hacia las empresas del sector eléctrico. La medida se aplica en un contexto crítico para los salarios y sin garantías de mejoras en la calidad del servicio, lo que amplifica el malestar y el debate sobre el rol del Estado frente a las privatizadas.