El proyecto de Ley Ómnibus está siendo tratado en el Congreso. Un paquete que pretende restringir todos nuestros derechos sociales y democráticos. El gobierno pulsea para que se apruebe rápido y se vote a libro cerrado. Pero el cuestionamiento que se percibe en sectores amplios del pueblo y su debilidad legislativa lo obligan a negociar. Las negociaciones adentro continúan, mientras afuera, la calle se calienta.
En primer lugar, este proyecto de ley declara “emergencia pública” y le transfiere al Ejecutivo amplias facultades en cuestiones económicas, financieras, fiscales, sociales, previsionales, de seguridad, de defensa, tarifarias, energéticas, sanitarias y sociales por dos años (con posibilidad de extender dos años más), aunque ya en la negociación aceptarían que esto sea por un año. La iniciativa tiene 664 artículos que abordan temas variados que van desde la reforma del sistema político o el control de las protestas sociales a la autorización de la reventa de entradas a eventos deportivos. Es un combo peligroso, privatista, autoritario y aniquilador de recursos y derechos.
Un ataque global
A la par de darle status legal al protocolo de Bullrich y criminalizar la protesta, el proyecto restringe y altera seriamente varios derechos, como las jubilaciones con la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria sin especificar el plazo. Grandes modificaciones en educación: con examen a docentes cada 5 años, cobro a extranjeros de la universidad, o el homeschooling a partir de 4to grado. Remata nuestros recursos, modifica Ley de Bosques Nativos, la Ley de Glaciares, y la Ley de Protección Ambiental contra la Actividad de Quema, con un grave perjuicio al medioambiente. Cambios en salud, cuestiones de género, en la ILE, IVE y en la propia ESI. Con un ataque directo a nuestras conquistas.
Plantea una reforma electoral antidemocrática que beneficia al bipartidismo y otorga la posibilidad de financiar obra pública con inversión privada. Y una reforma laboral festejada por las patronales que por el momento está suspendida judicialmente. Una ley que atraviesa todos los temas, que se constituye en un saqueo de recursos e ingresos, que formaliza la libertad del ejecutivo para esto, y restringe, persigue y condena a quienes pretendamos usar nuestros derechos. Una ley que debe rechazarse “in limine”.
Negociación de todos con todos
El primer paso para que el proyecto de ley sea aprobado será obtener el dictamen en comisiones. Y como era de esperar, se suceden las argumentaciones, y una acelerada negociación del oficialismo con todos los bloques. “Necesitamos que la política haga su parte. (…) Que se apruebe la ley depende exclusivamente del Congreso nacional y la política que representa”1, aseguró el portavoz presidencial, Manuel Adorni.
Por supuesto que el gobierno intenta aprobarlo, es su proyecto. Para eso, aunque una parte del Gabinete se muestra intransigente a que haya modificaciones al proyecto de ley como Guillermo Francos que encarna el ala más dialoguista del Gobierno, porque sabe que debe ceder y negociar para que salga la ley.
El problema es qué hace la “oposición”. En primer lugar, quienes pusieron el grito en el cielo y por las formas, concuerdan con el contenido. Así la UCR, como dice el presidente de su bloque de diputados Rodrigo De Loredo declaro: “no vamos a liderar ningún rechazo de nada, de hecho, tenemos una voluntad constructiva y de acompañar.”2 y el nuevo bloque de Pichetto lanzó un comunicado que intenta tensionar pero donde aclaran: “garantizamos colaboración para sostener la gobernabilidad sin poner obstáculos”3. Estos sectores evalúan que algunas de estas modificaciones deben pasar. Y le dan luz verde. Lo mismo pasa en el bloque de Unión por la Patria; algunos discuten por debajo de la mesa qué reformas pueden ser menos criticadas para acordar, mientras en sus intervenciones se refieren a las más obvias, y más conocidas para rechazar.
Hay acuerdo para avanzar con el paquete fiscal y con las privatizaciones, dejando afuera YPF y Bco. Nación porque son las que dan ganancia. Pero aceptarían las privatizaciones de las estatales menos rentables. También acuerdan con el paquete represivo. Si bien las facultades extraordinarias se las darían por 1 año nada más, aceptarían “este nuevo orden” de Milei.
Los diferentes sectores afectados recorren fervientemente cada bloque intentando que “su artículo” no pase, y esto es alentado por diversos actores que ponen el énfasis en “el cabildeo”. Estas promesas y negociaciones muestran que, a pesar del disparate que significa tanto el DNU como la Ley Ómnibus, y que el oficialismo no tiene mayoría, igual puede pasar gran parte de este paquete reaccionario.
Desde ya esto será responsabilidad de quienes “son Oposición”, que se permiten “negociar parte” con la excusa de que así cae “lo más grave”. Se esconde que al “dejar gobernar” a quienes encarnan la ultraderecha, con el discurso de “este es un gobierno elegido democráticamente”, van a ser parte de la mayor traición a la voluntad popular votando una ley que modificará esa democracia y con la cual Milei pretende darle la validez del congreso al ajuste que atravesamos, como también al recorte de las libertades democráticas del protocolo de Bullrich. Solo rechazar el proyecto integralmente es lo que permitirá de verdad combatir este gobierno y su ajuste.
La calle, el lugar decisivo
La calle se va calentando, una inflación que no para, liberación de precios, devaluación y la suba de tarifas enoja a cualquiera. Pero si a eso le agregamos un proyecto de ley que ataca todos nuestros recursos y nuestros derechos, el enojo puede escalar.
La movilización del 20 cuestionó el Protocolo de Bullrich, y abrió una dinámica nueva, permitió que miles salieran a la calle, con cacerolazos grandes en todo el país, y a su vez el comienzo de asambleas barriales. La masividad de la movilización de la CGT del 27 obligó a esta a convocar al Paro General para el 24E, y presionó a la justicia, que habilitó la feria judicial y acepto varios de los amparos. La masividad de las asambleas y acciones de Unidos por la Cultura en todo el país obliga a muchos bloques a anticipar que no votarán esa parte. Por eso el cabildeo no puede ser la estrategia; la salida es la movilización, ir masivamente al paro del 24E y exigir un plan de lucha a la CGT que nos mantenga en la calle y presione a la casta política que encerrada en el Congreso pretende cocinar todo. El gobierno ha salido a disputar también para debilitar el paro y la movilización, dando por cerrado un acuerdo y el adelantamiento de su tratamiento parlamentario. Pero la realidad es que los acuerdos no son sencillos y el clima favorable al paro va en ascenso.
Por eso ni los dichos de Massa a la CGT, que tildó de apresurado el paro, ni los de CFK, que dice “que no hay que apurarse a atacar a Milei, y que hay que esperar que las medidas impacten”, plantean terminar con este ajuste de Milei y el FMI. Teniendo resto para esperar, le piden a un pueblo hambreado que mientras lo hambrean más, espere en su casa. Tampoco la postura de Grabois plantea salida, asegura que desde el propio gobierno “buscan que caiga Milei, para que gobierne Villarruel”, pidiendo cautela y confianza en el congreso. Sabiendo que, si logramos tirar la Ley ómnibus, significará un duro golpe al gobierno de Milei, Villarruel y todo su gabinete.
La salida no es el lobby parlamentario ni la confianza en los tribunales, sino la movilización. No dejar ni un día de tregua a este gobierno, ir con fuerza al 24E y permanecer en la calle, reclamando un plan de lucha hasta derrotar todo su plan. Las cacerolas y las asambleas traen el recuerdo de un pueblo que ya volteó gobiernos y al ajuste que nos quisieron imponer en el 2001, un pueblo que no va quedarse de brazos cruzados, ni resignarse a la miseria. ¡Abajo el DNU y la Ley ómnibus! ¡Todos al 24E por un plan de lucha!