La inflación de octubre registró una variación mensual del 2,3%, marcando el segundo mes consecutivo por encima de la barrera del dos por ciento. Los datos del INDEC confirman la continuidad de un proceso que acumula 24,8%[i] en lo que va del año y 31,3% en los últimos doce meses. Esta aceleración se produce en un contexto donde los salarios permanecen congelados y las paritarias no logran superar el 1% de aumento, profundizando la crisis de los trabajadores.
El transporte lideró los aumentos con un 3,5%, seguido por la división de vivienda, agua, electricidad y gas con 2,8%. Los alimentos y bebidas no alcohólicas mantuvieron una incidencia clave en la variación mensual, con un incremento del 2,3%. Los precios estacionales subieron 2,8%, los regulados 2,6% y el IPC núcleo 2,2%, demostrando que la inflación se generaliza en todos los sectores de la economía.
En paralelo a la publicación del índice inflacionario, el INDEC también dio a conocer el valor de las Canastas Básicas[ii], en donde se refleja el deterioro social. La Canasta Básica Total para una familia tipo alcanzó los $1.149.353 (línea de la pobreza), con un incremento del 1,9% con respecto a septiembre, mientras la Canasta Básica Alimentaria llegó a $515.405 (línea de indigencia), también con un aumento del 1,9%. Estos valores contrastan brutalmente con el Salario Mínimo Vital y Móvil que permanece congelado en $322.200 desde agosto, representando menos de un tercio de lo necesario para no caer en la pobreza.
Según el último informe[iii] de la junta interna de ATE-INDEC, un trabajador necesitó en septiembre $1.979.769 para cubrir las necesidades mínimas de un hogar con dos hijos. Esta cifra supera ampliamente no solo el salario mínimo sino también la mayoría de los ingresos de los trabajadores registrados, evidenciando la profundidad de la emergencia social.
Octubre, atado íntegramente al contexto prelectoral, el cual estuvo marcado por la turbulencia política y los escándalos de corrupción que involucraron a funcionarios del gobierno, generó presiones cambiarias que llevaron al dólar a tocar la banda superior. Sin embargo, el clima recesivo y la caída del consumo contuvieron un pass-through (el traspaso del aumento del dólar a los precios) más agresivo hacia los precios. Por otro lado, la victoria electoral del oficialismo y el salvataje estadounidense aportaron cierta estabilidad momentánea, pero los problemas de fondo permanecen intactos. Frente a este escenario el gobierno aprovecha este momento de tranquilidad para acelerar su agenda de ajuste. La presentación del Presupuesto 2026 y las reformas estructurales apuntan a profundizar el mismo modelo que generó la crisis actual.
En el mientras tanto, el Consejo del Salario se reunirá el 26 de noviembre en un escenario donde la CGT, renovada en su conducción, prefiere la negociación con el gobierno antes que la confrontación. En esa reunión que solo sirve para mostrar una foto, los representantes de la central obrera más importante del país, volverán a repetir el papel que vienen haciendo desde que Milei desembarcó en el gobierno. Y esta pasividad que la burocracia intenta implementar, ya en niveles obscenos, únicamente busca hacer que sus privilegios de burócratas queden intactos.
En cuanto al panorama del futuro cercano, los aumentos en servicios públicos continúan su marcha ascendente. La energía subió más del 3,5% y el gas 3,8%, mientras los transportes ajustan sus tarifas periódicamente. Los alimentos, con la carne a la cabeza luego de su aumento del 3,3% en octubre, mantienen una presión constante sobre el bolsillo de las familias. Esta combinación de factores seguramente anticipe nuevas subas inflacionarias para los meses venideros.
Si bien el gobierno intentará aprovecharse de esta publicación y mostrar que este número inflacionario es una victoria, hay cuestiones estructurales que siguen muy lejos de resolverse. El modelo de bandas cambiarias, aunque criticado por los mercados, se mantendría hasta 2027 según anunciaron Milei y Caputo. Esta decisión busca contener cualquier salto del dólar que podría disparar nuevamente la inflación, pero no resuelve los desequilibrios estructurales de la economía. La dependencia del salvataje estadounidense orquestado por Bessent demuestra la fragilidad de una estabilidad construida sobre bases externas y temporarias.
Frente a este escenario, se vuelve imprescindible un aumento salarial de emergencia que equipare los ingresos al menos al valor de la canasta alimentaria, junto con la indexación de sueldos, jubilaciones y pensiones a la inflación. Como a lo largo de estos dos años de gestión libertaria, este gobierno, ni cualquier fuerza política tradicional, nunca aplicará estas medidas porque mientras se defiendan los intereses de los grandes capitales, el ajuste tiene que recaer en las espaldas de los trabajadores.
La salida requiere la más amplia unidad en las calles y la exigencia de un paro general y un plan de lucha a las direcciones sindicales, aunque sin depositar confianza en una burocracia que prefiere negociar con el poder. La ruptura con el FMI y el fin del saqueo financiero son condiciones necesarias para cualquier solución de fondo. Derrotar el proyecto de Milei y sus cómplices es el único camino posible para terminar con la destrucción sistemática de los ingresos de las mayorías trabajadoras.
[i] https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_11_2517475C11AE.pdf
[ii] https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/canasta_08_256CCC421DB8.pdf
[iii] https://drive.google.com/file/d/1VBPNXTzJg0LVdk55zDg9fuuCspex_LIr/view?fbclid=PAZXh0bgNhZW0CMTEAc3J0YwZhcHBfaWQMMjU2MjgxMDQwNTU4AAGny1xuQlmUv0BbUv8GVjb2o_uI3YsBZ6f5mM1oZdFeb-7PhjA1pU7KOSrXYiw_aem_DvTjj26po_WVgb32r85IRw
