El inicio de diciembre, que comienza con una batería de aumentos en las tarifas, también arranca con otra demostración de cuáles son las verdaderas prioridades del gobierno de Javier Milei.
Mientras el oficialismo niega sistemáticamente cualquier recomposición salarial para los trabajadores o un aumento digno para los jubilados, bajo la excusa de que “no hay plata”, el Banco Central canceló un vencimiento de 1.000 millones de dólares correspondientes a los Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL). Este desembolso, que se realiza utilizando las escuálidas reservas de la autoridad monetaria, es una confirmación más del esquema de saqueo donde los recursos públicos se destinan únicamente a garantizar las ganancias del capital financiero y a limpiar los balances de los grandes importadores, todo esto a costa de profundizar la recesión y el ajuste sobre las mayorías populares.
Si bien, el gobierno muestra este vencimiento como una cuestión casi que administrativa, para entender la gravedad de este pago, es necesario desmenuzar que son estos famosos bonos BOPREAL. Lejos de ser algún tipo de herramienta de reconstrucción como lo indica su nombre de fantasía libertaria, este instrumento fue creado por el equipo económico de Luis Caputo para estatizar, en la práctica, la deuda comercial que los importadores privados habían acumulado durante el gobierno anterior. Se trata de un mecanismo mediante el cual el Estado asumió el compromiso de entregar dólares a futro a empresas que, en muchos casos, realizaron maniobras especulativas aprovechando la brecha cambiaria.
El pago de estos U$S1.000 millones de dólares representa, de alguna manera, la finalización de ese ciclo de transferencia de ingresos, donde el Banco Central se descapitaliza para honrar una deuda que, en gran medida, es fraudulenta o producto de la propia dinámica perversa del capitalismo dependiente argentino.
Ahora, producto de haberle hecho frente a este vencimiento, se vuelve a notar una vez más la fragilidad del programa económico libertario, sobre todo, porque esta decisión de utilizar reservas para pagar estas obligaciones entra en contradicción con las propias metas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. El organismo internacional, que monitorea casi como un virrey a los movimientos de la economía argentina, estipula en su programa la obligación de acumular reservas netas. Sin embargo, la gestión de Milei, para demostrar señales de ser un buen pagador a los mercados, decidió quemar los pocos dólares disponibles, yendo en contra de lo firmado. Esto aumenta la tensión con el staff del FMI, ya que las reservas del BCRA se encuentran en terreno negativo, muy lejos de los objetivos planteados. Se estima que el déficit de reservas ronda los U$S10.000 millones respecto a la meta de diciembre.
Frente a esta situación, el equipo de Caputo apuesta todas sus fichas a que el directorio del Fondo lo perdone, otorgándole un nuevo perdón o waiver, que les permita extender los plazos y evitar que el programa se caiga a pedazos formalmente. La discusión de fondo es que, para el gobierno libertario, la acumulación de reservas genuinas producto del superávit comercial no es la prioridad número uno en este momento, sino que confían ciegamente en la ingeniería financiera, el endeudamiento y la creatividad contable para sostener la estabilidad cambiaria.
Esta postura no es una muestra de soberanía frente al FMI, sino todo lo contrario; es la demostración de que el plan económico es inviable sin la asistencia permanente y los permisos especiales de los dueños del norte. El gobierno se arrastra pidiendo perdón por no cumplir las metas, mientras garantiza que cada dólar que entre al país saldrá inmediatamente para pagar deuda, en un círculo vicioso de dependencia absoluta.
Esta situación desnuda que, a pesar de la ofensiva política desplegada tras las elecciones legislativas y los intentos de imponer reformas estructurales reaccionarias en el Congreso, la economía real bajo la gestión de Milei está atada con alambres. A pesar de los episodios de euforia de los mercados financieros y la baja del riesgo país, son situaciones que contrastan con la realidad de las cuentas del Estado y la solvencia externa del país. El gobierno ha logrado sobrevivir hasta ahora gracias a una alineación carnal y vergonzosa con los intereses geopolíticos de Estados Unidos, apostando a que la ayuda de Donald Trump y Scott Bessent, le garanticen un blindaje financiero. Aunque, esa ayuda externa, que fue presentada como la salvación comienza a mostrar algunas limitaciones.
La realidad es que el apoyo de la administración Trump no es un cheque en blanco y se encuentra condicionado por los propios problemas internos que atraviesa la potencia del norte. Las políticas proteccionistas y arancelarias impulsadas por el presidente republicano han generado tensiones globales que repercuten en la capacidad de asistencia hacia sus satélites periféricos como Argentina. Además, el esquema de salvataje diseñado por Bessent, que incluía la participación de bancos privados y fondos de inversión para otorgar un préstamo tipo “Repo” al país, ha quedado en un peligroso stand-by. En los últimos días, las dudas sobre la concreción de esta operación han crecido, ya que los prestamistas internacionales, por más afinidad ideológica que tengan con Milei, desconfían de la capacidad real de pago de la Argentina. Nadie quiere prestarle a un país que quema reservas para pagar vencimientos corrientes y que no tiene una matriz productiva capaz de generar las divisas necesarias para el futuro.
El horizonte para el año 2026 se presenta sombrío en materia de vencimientos de deuda. La Argentina enfrenta una montaña de obligaciones que superan los 17.000 millones de dólares, entre pagos al FMI, a organismos internacionales y a bonistas privados. Con un Banco Central quebrado y una economía que no arranca, la pregunta es de dónde saldrán los dólares para afrontar semejante carga. El modelo extractivista que impulsa el gobierno, basado en el RIGI y la entrega de nuestros recursos naturales, no garantiza un flujo de divisas inmediato ni suficiente para cubrir estos agujeros, ya que está diseñado para maximizar la rentabilidad de las multinacionales y permitirles la libre disponibilidad de las divisas, no para fortalecer las reservas nacionales.
Ante este panorama de incertidumbre, la única estrategia mostrada por el gobierno es una huida hacia adelante, donde el endeudamiento perpetuo es la respuesta. La obsesión de Caputo y Milei por bajar el riesgo país a niveles de 400 puntos básicos no tiene como objetivo mejorar la vida de los argentinos, sino habilitar nuevamente al país a acceder al mercado internacional de crédito. Es decir, el plan es volver a endeudarse con privados para pagar la deuda vieja, alimentando una bola de deuda financiera que inevitablemente termina en el colapso. Una especia de esquema Ponzi aplicada en la macro de un país, donde se necesita dinero constante para que la pirámide no se derrumbe, hipotecando el futuro de varias generaciones en el proceso.
Viendo esta dinámica, algo que a esta altura no es ninguna novedad, es que el programa económico de La libertad Avanza solo tiene sustento en la especulación financiera y el ajuste brutal sobre los trabajadores. Las reformas que se acercan a ser tratadas en el Congreso, como la laboral que elimina indemnizaciones y precariza el empleo, o la tributaria que beneficia a los más ricos, son las herramientas necesarias para exprimir a los trabajadores y garantizar los recursos que demanda el pago de la deuda. Cada peso que se recorta en salud, educación, en ciencia y tecnología, o en jubilaciones, tiene un destinatario: las cuentas de los acreedores internacionales y los fondos buitre. El gobierno, con estas presiones encima, se convierte en un administrador que liquida activos nacionales y reduce el coste de la fuerza de trabajo para cumplir con las exigencias del exterior.
Es evidente que no hay salida posible dentro de lo propuesto por el gobierno de Milei y la hoja de ruta del Fondo Monetario. La estrategia de la renegociación constante de las metas, pedir waivers o buscar nuevos prestamistas solo profundiza la dependencia. Mientras se sigan destinando miles de millones de dólares a pagar una deuda externa que es ilegal, ilegítima y fraudulenta, no hay posibilidad alguna de desarrollo nacional ni de mejora en las condiciones de vida de las mayorías. La sangría de recursos que implica el pago del BOPREAL y los próximos vencimientos es dinero que se roba a la construcción de viviendas, a la mejora de los hospitales y a la creación de empleo genuino.
Por eso, insistimos en que es necesario el planteamiento de medidas de fondo y radicales para terminar con este mecanismo de saque histórico. La única forma de cortar con esta asfixia a la economía argentina es declarar el no pago soberano de la deuda externa y romper inmediatamente relaciones con el FMI. Esto no es cuestión de levantar una consigno por cuestiones propagandísticas, actualmente es una necesidad para la supervivencia.
Todos esos recursos deben volcarse a un plan de industrialización y obra pública bajo control de los trabajadores. Pero para que esta medida sea efectiva, debe ir acompañada de la nacionalización de la banca y el comercio exterior. Solo tomando el control de los resortes de fundamentales de la economía se puede evitar la fuga de capitales, planificar el uso de las divisas en función de las necesidades sociales y terminar con la especulación de un puñado de bancos y grandes empresas que juegan con el hambre del pueblo.
Mientras sigan gobernando los representantes del capital financiero, sean libertarios o peronistas que pagan serialmente, la crisis será eterna y los platos rotos los seguiremos pagando los trabajadores.
