El actual gobierno, entre sus muchos desaguisados, viene teniendo continuidad y coherencia en su orientación económica, pero una profunda esquizofrenia entre lo que dice y hace en materia de ciertas políticas. En este caso nos vamos a referir a las que tienen que ver con tarifas de los servicios públicos, lo que nos llevan a recordar aquello de “quien no vive como piensa, termina pensando como vive.”
Luego de una campaña en la que denunciaban con vehemencia la deuda contraída por el Macrismo como ilegítima y fraudulenta, terminaron acordando con el FMI y, por esa vía, reconociéndola. De este modo, el ajuste comenzó a sentirse poco a poco pero cada vez con mayor intensidad como resultado de años de gobiernos sometidos a las políticas del FMI y de los organismos multilaterales de crédito.
Una de las metas fijadas por el FMI, es la reducción del déficit fiscal. Medida que, en el tema que nos ocupa -las tarifas de servicios públicos de electricidad, gas y agua-, se refiere a la eliminación de los subsidios que las mismas reciben. Analicemos entonces lo que ocurre, por ejemplo, con el servicio de electricidad. Las tarifas que deben abonar los usuarios se compone de:
- Los costos de generación, transporte y los de distribución;
- Además de los impuestos tanto nacionales como provinciales y, en muchos casos, municipales.
Esta estructura que remunera distintas etapas del servicio, es una herencia del Menemismo junto a la política de privatizaciones, mediante la cual se transfirió el patrimonio de las empresas nacionales al sector privado, principalmente aquellos que eran tenedores de títulos de la deuda externa.
Demás está decir que estos servicios públicos esenciales para la vida de las personas y sus familias se convirtieron, en esa época, en un gran negocio para grupos económicos concentrados. Por lo tanto, el hecho de que el Estado Nacional subsidie parte del costo de las tarifas, se traduce como la garantía de la ganancia de las privatizadas.
Segmentación: un tarifazo que golpea aún más los salarios
La pregunta aquí es, ¿por qué debe el pueblo trabajador seguir sosteniendo la tasa de ganancia de las empresas, sea esta por la vía de los subsidios que surgen del presupuesto nacional o pagando tarifas que no son accesibles a la gran mayoría?. Por otra parte, la aplicación del IVA en el caso de los usuarios residenciales, el más regresivo de todos los impuestos, es aplicado sobre las tarifas de un servicio que, como ya se señaló, es esencial para la vida de las personas. Sin embargo esto persiste en un contexto inflacionario, de creciente pobreza, desempleo y con salarios y jubilaciones de millones que, con suerte, apenas se ubican entre los índices de indigencia y pobreza.
Al parecer el gobierno, primero con Martín Guzmán y luego con la efímera gestión de Silvina Batakis, respondió esta pregunta poniendo en cabeza de la gente la responsabilidad. Lo hizo a través de la llamada segmentación tarifaria, donde los usuarios tenían que solicitar continuar con un nuevo esquema de subsidios. El mismo, tiene como principal criterio el ingreso por grupo familiar conviviente, para definir si pueden o no seguir siendo acreedores a una tarifa subsidiada.
La segmentación tarifaria, en definitiva, establece tres cuadros tarifarios o diferentes valores tarifarios: Tarifa Social, Tarifa Plena Subsidiada y Tarifa Plena. Se aplicarán considerando los parámetros de ingresos de todo el grupo conviviente con el titular del suministro- como ya se dijo-, o patrimonio del mismo, lo cual modifica en principio los criterios para acceder a la Tarifa Social.
El desembarco de Massa, un catalizador del tarifazo
Ahora, con los anuncios realizados por el nuevo Ministro de Economía, Sergio Massa, el tema no terminó. Para aquellos usuarios comprendidos en el segmento que mantendría la tarifa subsidiada, en caso de superar los 400 kWh mensuales, el consumo excedente sería facturado sin subsidio.
Los cuadros tarifarios se componen valorizados en pesos de un cargo fijo y un cargo variable, que se van incrementando de acuerdo al rango de consumo de los usuarios. Por lo tanto, un aspecto a considerar aquí, no aclarado entre muchos otros, es el relativo a qué valor se considerará como cargo fijo en estos casos al momento de facturar.
Otro aspecto a considerar, es el de aquellas edificaciones que fueron realizadas exclusivamente con instalación eléctrica como única fuente energética ¿serán consideradas éstas del mismo modo que aquellas regiones en donde no existen redes de gas? No hacerlo sería un mensaje contradictorio con la idea proclamada de alentar consumos basados en energías, cuya matriz de generación es renovable versus el gas, que no lo es. Además de su extracción, a través de la fractura hidráulica, es nada amigable con el medio ambiente.
En muchos casos existen viviendas humildes que sólo cuentan con el servicio de electricidad por razones económicas, ya que la instalación del servicio de gas resulta más caro. Y, el equipamiento eléctrico con el que cuentan, por obvias razones, en general no es de alta eficiencia eléctrica recomendados por tener un menor consumo.
Así mismo, debemos señalar que los usuarios residenciales si bien representan alrededor del 45% del total de la demanda energética, al menos entre capital y gran BsAs, donde se concentra casi la mitad de la población del país, en el mejor de los casos alcanza el 25% del total de la facturación de las distribuidoras eléctricas. El comercio y la industria por su parte tienen, como siempre lo han hecho, la capacidad de trasladar a los precios los incrementos tarifarios.
Por lo tanto, concluimos que el actual esquema propuesto tendrá un efecto altamente negativo para los sectores más humildes y medios de la población, que se verán afectados por el costo de los servicios esenciales.
Eduardo Jorge Bunster
Trabajador de Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA) 1984-1992
Trabajador del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) 1993-2018