Desde el 16 de enero de 2026 comenzó a regir en Argentina un nuevo esquema de subsidios energéticos que según el gobierno debería ordenar el gasto público y asegurar la asistencia a «quienes más lo necesitan». Sin embargo, detrás de la retórica de la eficiencia y la focalización se esconde una política económica que descarga el costo del ajuste sobre millones de hogares populares y de clase media, profundizando la desigualdad y ahogando presupuestos familiares que ya estaban al borde del colapso social.
¿Qué cambió concretamente?
El esquema anterior de tres niveles (N1, N2 y N3), basado en graduar subsidios según ingresos, fue sustituido por un sistema binario: hogares con subsidio y hogares sin subsidio. El criterio para recibir asistencia ahora está determinado por ingresos, patrimonio y condición socioeconómica. Se afirma que la ayuda se dirigirá únicamente a quienes acrediten ingresos por debajo de tres Canastas Básicas Totales.
El nuevo régimen también limita la cantidad de consumo subsidiado (300 kWh en verano/invierno y 150 kWh en meses templados) y aplica una bonificación que, aunque anunciada como “extraordinaria”, es insuficiente para compensar la brutalidad del ajuste.
Un impacto desigual: la clase media y los hogares populares en la mira
Los que queden fuera del SEF deberán afrontar el costo pleno de la energía, es decir, pagar tarifas completas sin descuento alguno. Distintos análisis señalan que cerca de 7,5 millones de hogares, alrededor del 45 % de la población, perderán subsidios y verán sus facturas dispararse de golpe, incluso en un contexto de precios ya ajustados por inflación y caída de ingresos reales.
Este cambio no ocurre en un vacío: los hogares argentinos vienen arrastrando una severa pérdida de poder adquisitivo, con una inflación persistente y niveles de pobreza que se mantienen muy altos tras más de dos años de políticas de ajuste fiscal que, lejos de aliviar la situación, han agravado la precariedad económica de amplios sectores populares.
“Focalización” que desmantela derechos
El discurso oficial repite que la “focalización” garantiza subsidios solo a los que realmente los necesitan, evitando “distorsiones” del sistema anterior. Pero este relato oculta que, en la práctica, muchas familias que dependían del subsidio para llegar a fin de mes ahora enfrentan facturas eléctricas cada vez más impagables.
Además, la implementación del régimen se realiza sin audiencias públicas amplias ni debates verdaderamente participativos, lo que abre la puerta a decisiones técnicas sin legitimación social ni información adecuada para la población afectada.
Un ajuste con nombre propio: austeridad y acuerdo con el FMI
Este giro en la política de subsidios no es un hecho aislado ni improvisado: forma parte de una agenda económica más amplia que incluye recortes del gasto público, liberalización tarifaria y exigencias de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) para reducir el déficit fiscal.
Estos cambios representan una transferencia de costos del Estado hacia los hogares, en especial los más vulnerables, bajo la promesa de “ordenar” las cuentas públicas. Sin embargo, cuando el ajuste golpea primero en el bolsillo de las mayorías, la llamada justicia distributiva se convierte en una ficción: la energía deja de ser un derecho básico para transformarse en un lujo al alcance de pocos.
El nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz no solo ajusta de manera abrupta los costos que enfrentan los hogares, sino que también reafirma una lógica de política económica que prioriza la disciplina fiscal por sobre la protección social. Para las familias que ya ven cómo crece la deuda doméstica y se estrechan los márgenes de supervivencia, este “ordenamiento” tarifario significa una nueva arremetida contra su capacidad de sustento.
