La decisión antidemocrática de la Corte Suprema de Justicia de suspender las elecciones del próximo domingo en Tucumán y San Juan, a sólo cinco días de realizarse los comicios, despertó un gran debate político. De diversas maneras las coaliciones patronales, producto de esta medida del máximo tribunal del Poder Judicial, volvieron a mostrarse “sin grietas”. Por parte del oficialismo, el presidente Alberto Fernández salió a dar una cadena nacional repudiando la medida de la Corte y, además, alineándose con Juan Manzur y Sergio Uñac, sin decir nada de los regímenes electorales antidemocráticos que mantienen estos últimos en sus provincias. En cambio, Juntos por el Cambio volvió a festejar una muestra de compromiso de parte de los cortesanos con su idea de república algo distorsionada. Festejan la suspensión de las elecciones por parte de gente que nadie votó y tiene privilegios de casta, al igual que los señores feudales de las provincias del norte que dicen denunciar. Una posición independiente, la de la izquierda: ni Corte macrista ni feudos peronistas.
El discurso presidencial y el ¿golpe? que denuncia Wado de Pedro
Luego de la repudiable medida, Alberto, sabiendo que tiene poca audiencia entre los propios y más aún en el resto de la población, decidió dar una cadena nacional para hablar sobre el tema. Fue directo y señaló que la Corte “ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna”. Sumando además que no es posible “dejar de observar que el fallo deviene inmediatamente después de que Mauricio Macri tratara de ‘feudos’ a las provincias norteñas en las que su espacio político preveía derrotas”. Y para seguir alimentando la riña entre las diferentes coaliciones patronales, el presidente suma que la decisión de los magistrados “afecta a dos provincias en las que se proyectaba el triunfo del peronismo, que se habrían sumado a otros triunfos del oficialismo ocurridos el último domingo”.
Es innegable la maniobra antidemocrática de la Corte, como así también es necesario repudiarla. Insistimos con la idea que se encuentra líneas arriba. Unos pocos jueces, electos por nadie, han decidido interrumpir un proceso electoral sólo para responder a una fracción política, en este caso Juntos por el Cambio. Sin embargo, se reedita un viejo debate que atravesó todo el gobierno del Frente de Todos. En ningún momento la coalición comandada por los Fernández, más allá de algunas denuncias y un juicio político testimonial -ahora Alberto sumará esta decisión de la Corte como una prueba más en contra de su funcionamiento de carácter político-, tomó medidas concretas que vayan contra la estructura de este poder judicial que, como se sabe, se acomoda según las circunstancias políticas.
Después de las reuniones que se denunciaron en Lago Escondido y más aún después de las declaraciones públicas del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, se vislumbra un claro alineamiento de él, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz con el ala más dura del PRO. Sin embargo, los mismos nombres tiempo atrás presentaban otra afiliación política. Rosatti, como se sabe, nació políticamente hablando, desde una intendencia en Santa Fe, juntamente de la mano del peronismo. Además, los jueces que quisieron ser nombrados por un DNU de Mauricio Macri, que hoy actúan suspendiendo elecciones, fueron revalidados en el Senado por los votos de peronistas que aprobaron sus pliegos para que sean parte de esta Corte. En suma, no hay protesta que valga si se les sostienen los privilegios, perpetuando las posibilidades de existencia del poder más antidemocrático del país.
Las declaraciones del presidente no fueron las únicas provenientes de su espacio, ya que su ministro del Interior, Wado de Pedro con el que se encuentra enemistado, en sintonía con lo que pronunció en su cadena nacional, momentos antes, había dicho: “Esta decisión arrasa las instituciones de la democracia”. Y agregó: “Esta decisión irresponsable de la Corte se arroga una competencia que no tiene: se trata de partidos provinciales cuestionando normativas provinciales que deben resolver las cortes provinciales”.
El alfil de Cristina, como también obvió el presidente, decide criticar diciendo sólo una parte de la verdad. Omiten todas las características antidemocráticas que existen en las provincias, más allá de cualquier fallo de la Corte, como así también la intención de perpetuarse en el poder por parte de familias casi nobiliarias como Manzur y Uñac. Lo del posible candidato a presidente, sin embargo, va más allá. Habla prácticamente de una especie de “golpe judicial”. Lo cierto es que esta justicia funciona sin ningún cambio de régimen, con las mismas herramientas que durante 12 años en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y ahora Alberto Fernández, le permitieron sostener al “partido judicial”.
Juntos por el Cambio festeja
Como era más que previsible, todo el arco de Juntos por el Cambio y principalmente el PRO salió a bancar la medida de la Corte. Mauricio Macri en primera persona publicó en su cuenta oficial de Facebook: “Esta decisión le pone un límite al abuso de poder en provincias cuyo sistema de gobierno ha sido calificado con la metáfora de ‘feudales’ por el poder casi absoluto que acumulan los gobernadores”. Patricia Bullrich y compañía tomaron la misma línea festejando esta arbitrariedad de la Corte.
Pero copiando mañas del Frente de Todos, los “defensores” de la república, denuncian feudos sin hacerlo con los que son de su propia franquicia. Gerardo Morales en Jujuy pareciera no cuajar en esta idea, cuando es otro de los gobernadores perpetuados en el poder y que, además, mantiene un sistema electoral sumamente antidemocrático, con colectoras, para poder asegurarse de la mejor forma su permanencia en el poder.
Además, Macri hace silencio omiso por el intendente de San Salvador, Raúl “Chuli” Jorge -también radical- que fue reelecto por quinta vez. La entronización, como decimos, se mira con diferentes lentes para el expresidente que trajo nuevamente al FMI al país.
Las posiciones del PRO, encabezadas por Macri, reflejan lo que denunciamos: el acercamiento y actuar en conjunto de un sector político pro patronal con una parte de la Corte Suprema. Busca mediante este mecanismo, a través de medidas antidemocráticas, imponer condiciones e intereses de los sectores más concentrados de la economía.
Una posición independiente, de izquierda contra la casta judicial y los feudos de las provincias
En el caso de Tucumán y el de San Juan, como expresamos desde el MST en el FIT-Unidad con declaraciones públicas, siempre denunciamos que tanto Manzur como Uñac no se podían presentar y que sus intenciones de hacerlo sólo manifestaban la intención de perpetuarse en el poder. La denuncia contra su postulación tiene que ver con que iban contra las constituciones que, como en el caso de Tucumán, el mismo oficialismo apoyó. Como se señala en otro artículo, nos referimos a la “reforma alperovichista de la Constitución apoyada por la oposición de derecha, para habilitar un segundo mandato, y este nefasto sistema de acoples que repudiamos, que permite que se presenten 18.000 candidatos para 347 cargos, que son partidos fantasmas que apoyan a los grandes candidatos de la patronal”.
Queda claro que el actuar de la Corte responde a intereses de Juntos por el Cambio, demostrando roces con el oficialismo. Por eso es que no reconocemos ninguna medida tomada por los jueces que conforman la misma y exigimos que las elecciones del domingo se realicen en todos los cargos, en ambas provincias, además de que se garantice un desarrollo transparente el proceso electoral.
Como decimos que a la justicia hay que cambiarla de raíz, terminando sus privilegios, por medio del voto popular y haciendo que los jueces cobren lo mismo que una directora de escuela, sumado a la disolución de la Corte, también estamos contra las constituciones antidemocráticas. Por eso en estas provincias recalcamos que es necesario una Asamblea Constituyente libre y soberana, para impedir que los políticos tradicionales, pro patronales intenten perpetuarse en los cargos, en defensa de intereses propios y los sectores económicos que representan.