En medio de una Argentina donde el hambre aumenta y los salarios son destrozados por aumento de la carestía de vida, el Senado de la Nación vuelve a dar una muestra obscena de su descomposición total con la realidad de todas las mayorías.
Mientras el Salario Mínimo Vital y Móvil se arrastra en unos miserables $346.800, las y los senadores se acaban de garantizar un nuevo esquema de aumentos que llevará sus dietas brutas por encima de los $11.500.000 mensuales. Esta cifra, que resulta inalcanzable para cualquier laburante que deba sostener a su familia, representa una desproporción irracional al del sueldo de un trabajador promedio, sobre todo cuando el grueso de la sociedad, con suerte, llega a superar el millón de pesos.
El mecanismo para este nuevo robo al bolsillo se produce gracias a que los legisladores decidieron hace tiempo enganchar sus ingresos a las paritarias de los trabajadores de la Cámara Alta. A través de un acuerdo firmado por las autoridades parlamentarias y los sindicatos de APL, ATE y UPCN, se estableció una suba escalonada del 12,5% acumulado entre diciembre de 2025 y mayo de 2026. Bajo este esquema, el valor del módulo que define el sueldo legislativo subirá mes a mes, garantizando que la casta política no pierda ni un centavo frente al costo de vida, ese mismo costo de vida que para el pueblo trabajador significa elegir qué comida saltearse en el día.
La ingeniería del privilegio parlamentario no se agota en la dieta básica de 2.500 módulos porque a eso se le deben sumar otros 1.000 módulos por gastos de representación y 500 más por desarraigo, además de un aguinaldo propio que ellos mismos se votaron. Para entender la magnitud del robo, basta ver cómo escala el valor de cada uno de esos módulos, que hasta hace apenas unos meses valían $2.554,85 y que, tras este acuerdo, llegarán a costar $2.874,26 el primero de mayo próximo.
Esta unidad de medida es la clave para que sus sueldos millonarios sigan subiendo sin parar, ya que mientras un docente o un enfermero deben discutir cada punto porcentual en paritarias de hambre, los senadores ven cómo sus ingresos se disparan automáticamente cada vez que sube el valor del módulo. Es una estructura diseñada para que quienes legislan vivan en otra realidad, protegidos de las consecuencias de las leyes que ellos mismos aprueban contra el pueblo, como la reciente reforma laboral esclavista que destruye convenios y abarata despidos.
Ante el escándalo que genera este aumento, han aparecido las puestas en escena de siempre para intentar desligarse de este tema, sobre todo porque saben que el descontento social existe. El bloque de La Libertad Avanza, con Patricia Bullrich a la cabeza, se apuró a comunicar que no aceptarán el incremento en nombre de una supuesta coherencia con sus principios. Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel intentó lavarse las manos alegando que ella no decide cuánto cobran los senadores y sugiriendo que donen el excedente a un hospital pediátrico. Estos gestos de falsa austeridad no engañan a nadie porque la renuncia o la donación de un aumento no cambia el carácter reaccionario de quienes levantan la mano para aplicar el ajuste del Fondo Monetario Internacional y el saqueo de nuestros recursos naturales.
Al mismo tiempo, es necesario señalar que el peronismo, que suele llenarse la boca hablando de justicia social, mantiene un silencio cómplice en esta instancia. El bloque que conduce José Mayans no ha definido una postura clara sobre si percibirá o no este aumento, demostrando una vez más que cuando se trata de defender las prebendas del régimen, las grietas se cierran rápidamente. Mientras figuras como Mayans se consolidan como parte permanente del Congreso, la base trabajadora que confía o confió en ese espacio, en estos casos, ve cómo sus representantes se acomodan a una vida de lujos en la Capital Federal.
La realidad es que no importa si un legislador dona una parte de su dieta o si hace un posteo en redes sociales indignándose, el problema de fondo es que toda la estructura del Congreso está armada para que la política tradicional, la que se desarrolla bajo las reglas de este régimen, sea una carrera de enriquecimiento personal y no una herramienta de transformación social.
En definitiva, el Senado es, por definición, la cámara más conservadora y alejada del control popular, un reducto donde los intereses de los gobernadores y las grandes corporaciones se transan a espaldas de la gente. Para terminar con este régimen de privilegios, no alcanzan las buenas intenciones individuales ni los decretos de donación voluntaria. Desde el MST en el FIT-Unidad planteamos que es urgente aplicar una batería de medidas que ataquen el corazón de la casta política. Todo funcionario, diputado, senador o juez debe ganar lo mismo que una directora de escuela, entendiendo que este salario sea equivalente al de una canasta alimentaria que cubra todas las necesidades. Además, deben estar obligados por ley a atenderse en los hospitales públicos y a enviar a sus hijos a la escuela pública, para que sientan en carne propia el estado de los servicios que ellos mismos desfinancian. Para que la política deje de ser un botín, las declaraciones juradas deben ser públicas y obligatorias antes y después de cada mandato, y para terminar con las figuras eternas, todo funcionario político debe estar obligado a volver a trabajar luego de cumplir su función pública.
Sólo con este tipo de medidas, donde los recursos del país se pongan al servicio de las necesidades sociales y no de una minoría parásita, podremos barrer con estos privilegios históricos y construir un gobierno de los que, si se desloman y que nunca gobernaron, los trabajadores.
