Este miércoles 18 de junio de 2025 rige un nuevo aumento del 7 % en el boleto de más de 100 líneas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). La decisión, impulsada desde la Secretaría de Transporte bajo la órbita nacional, deriva de un esquema trimestral de ajustes automáticos que ya mostraba tensiones desde su inicio.
Los números
El pasaje mínimo, para recorridos de hasta 3 km, pasó de $397,11 a $424,91.
Los tramos más largos también recibieron aumentos, alcanzando hasta $582,56 por viajes superiores a 27 km.
Quienes viajan sin tarjeta SUBE registrada pagan aún más caro: el boleto mínimo trepa a $675,61, y puede escalar hasta $926 en rutas extensas.
Ajustes encadenados
Este aumento corresponde al segundo tramo de una suba total del 21,52 %, que comenzó el 23 de mayo. Se trata de un modelo que encadena alzas automáticas: inflación más un 2 % mensual. Una fórmula que, en la práctica, deja en evidencia el aumento constante del costo de vida frente a salarios estancados.
El impacto recae con dureza en trabajadores y trabajadoras que se trasladan cotidianamente desde el conurbano, con escasa capacidad de ahorro, debido a salarios pulverizados. También golpea a adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, que incluso con tarifa social ven reducido su acceso al transporte.
Mientras las líneas nacionales avanzan con aumentos del 7 %, las jurisdicciones porteña y bonaerense aplicarán en julio subas del 3,5 %. Así se profundiza la brecha tarifaria entre distintos territorios y usuarios: no hay unidad ni criterio de solidaridad federal en el sistema de transporte colectivo.
En resumen, Un nuevo tarifazo del 7 %, parte de una política de aumentos encadenados, golpea de lleno a los sectores populares del AMBA. Mientras el gobierno se jacta de la desaceleración inflacionaria, los bolsillos de los trabajadores se enfrentan a un saqueo donde se priorizan modelos automáticos por sobre el derecho a la movilidad de quienes menos tienen.
En este marco, la CGT sigue sin decir presente ni convocar a ninguna medida lucha, dejando que avance el ajuste del gobierno. Al contrario de lo que hacen las centrales, es necesario luchar, por un lado, un reajuste salarial que compense estas subas y recupere el poder de compra. Por otro, resulta urgente aplicar una auditoría transparente a las empresas que dicen necesitar estos aumentos, pero que año tras año cobraron millones en subsidios y boletos, sin mejorar el servicio.