La polémica decisión de los ministros Gúzman y Cabandie (como parte de acuerdo con el FMI) de habilitar por decreto estudios de exploración sísmicas para la extracción de petróleo por parte de las empresas Equinor, YPF y Shell en tres áreas de la costa atlántica, trae nuevamente a la agenda pública la continuidad política del FDT de profundizar más aún el modelo económico y productivo extractivista y ecocida, sin medir y menos importar las irreparables y letales consecuencias e impacto sobre el ecosistema y la biodiversidad.
A esto hay que sumar un escenario mundial de emergencia climática, ambiental y sociosanitaria, que pone más aún en riesgo toda forma vida, lo cual está plasmado -entre otras variables- en las diversas enfermedades zoonosicas (ébola, SARS) hasta llegar a esta última pandemia que ocasionó y ocasiona pérdida de vidas, mayor deterioro y colapso del sistema público sanitario, y por ende de la salud, y una enorme crisis socioeconómica con elevados niveles de pobreza, desempleo, quiebra de pymes y negocios particulares.
Como fondo soberano de garantía de inversión compuesto por diversos tipos de activos, ANSES entre otras, invierte y subsidia la explotación de combustibles fósiles, pretendiendo una nueva inversión de US 1000 millones, en esta nueva gesta ecocida que el gobierno nacional pretende imponer, para garantizar el seguir manteniendo las ganancias millonarias de estas empresas.
Lo mencionado es solo la punta del iceberg, que todo se lleva puesto, y donde el Estado actúa desde la complicidad y participación activa.
Como sabemos desde el año 2008, y con la incorporación de las fallidas AFJP, se crea el fondo de garantía de sustentabilidad, que pasa a formar parte del sistema previsional argentino.
Desde su fundación y como su nombre lo indica, tiene entre sus objetivos promover el crecimiento económico, generar empleo, financiar programas sociales, atenuar impactos financieros ante variables económicas negativas y garantizar la cuantía de las prestaciones previsionales.
Todo da cuenta de que este organismo prefiere velar por los intereses de los más poderosos y no de lxs trabajadores, jubiladxs, pensionadxs, y distintos sectores sociales de alta vulnerabilidad.
Esta decisión política de un estado burgués y posibilista, no solo es criminal, ya que el gas subsidiado equivalió el año pasado al 4% del total de emisión de gases del efecto invernadero, sino también supone el abandono de los aportantes y destinatarios legítimos de esta institución pública, con más de la mitad de jubildos muy por debajo del nivel de pobreza, y recortando a sumas irrisorias planes sociales y ayudas económicas, con mercaderías que atentan contra el derecho a una alimentación integral y digna.
Estamos frente a un estado que reproduce en sus ciudadanos, lo que realiza en el territorio: explotar hasta la última gota de agua, de petróleo y de sangre y luego desechar.
Por eso desde Jubiladxs de Izquierda creemos que la defensa de nuestros recursos es paralela a la defensa de nuestros salarios, y no daremos un paso atrás para recuperar lo que nos corresponde.
Este fondo debe ser destinado a recuperar un salario acorde al proceso de hiperinflación. Proponemos: la recuperación de ANSES con control de trabajadores activxs y pasivxs; suspensión de toda financiación a las prácticas extractivistas, resarcimiento económico por parte de estas empresas y expulsión de la mismas; financiamiento para energías renovables. No más aumento de las tarifas energéticas: que las empresas energéticas pasen a control de trabajadores y usuarios. Basta de explotación de trabajadores y del medioambiente: tenemos un solo planeta y una sola vida.
Jubiladxs de Izquierda / ANCLA / MST Córdoba