Aprovechándose de la distracción de los festejos de fin de año, el gobierno puso en marcha uno de los elementos más peligrosos de la arquitectura autoritaria de los libertarios. El DNU 941/2025, una norma que pintan como una simple reorganización administrativa de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), es en realidad el rediseño de una ingeniería de vigilancia trazada para perseguir la disidencia interna y blindar un programa económico de hambre.
Este decreto, oficializado entre gallos y medianoche, desprecia hasta los mecanismos más básicos de la democracia burguesa al eludir el debate parlamentario, imponiendo una reforma que coloca a cada ciudadano bajo un estado de sospecha permanente. Especialmente a quienes se atreven a cuestionar el rumbo del gobierno.
Frente a esto, existieron algunas respuestas en los tribunales con la presentación de amparos presentados ante el fuero contencioso administrativo federal por diversos sectores de la oposición. Los diputados Mónica Frade, Maximiliano Ferraro y Esteban Paulón solicitaron una medida cautelar urgente, denunciando que el Poder Ejecutivo se arrogó facultades legislativas en materia penal, algo expresamente vedado por la Constitución. A esta presentación se sumaron dirigentes históricos de origen radical como Leopoldo Moreau, Federico Storani y Ricardo Alfonsín, quienes alertan que el decreto arrasa con las garantías individuales. Incluso sectores de la derecha como la Fundación Apolo de Yamil Santoro han impugnado la norma, centrando su crítica en la inconstitucionalidad de otorgar facultades de detención a los agentes de inteligencia.
Sin embargo, sería un error casi estratégico depositar toda la confianza en estas presentaciones judiciales, entendiendo que el Poder Judicial se encuentra históricamente viciado por los intereses del poder de turno. La celeridad para tratar temas que afectan la estabilidad de la casta gobernante no es una característica de estos tribunales, que muchas veces funcionan como un apéndice de la Casa Rosada,
Por otro lado, el optimismo que exhibe el equipo de legales de Javier Milei, asegurando que la Justicia rechazará los amparos por “falta de legitimación“, es una señal clara de que el gobierno confía en que los magistrados mirarán hacia otro lado mientras se consolida una especie de Estado policial. Confiar ciegamente en las vías institucionales, sin acompañarlas con la presión de la movilización popular, puede resultar en una espera estéril que solo sirva para que el espionaje se asiente en el territorio nacional.
Maniobras para ganar tiempo
En el terreno legislativo, la estrategia libertaria es la demora sistemática para evitar que el Congreso pueda sesionar y voltear el decreto antes de que sus efectos sean irreversibles. El gobierno trabaja para retrasar la conformación de la Comisión Bicameral y la de Trámite Legislativo, aprovechando el recambio de bancadas y el receso veraniego para ganar tiempo.
Mientras tanto, el DNU mantiene su plena vigencia y aplicación, permitiendo que la nueva estructura liderada por Cristian Auguadra y Diego Kravetz avance en el control de las áreas más sensibles del Estado. A pesar de los esfuerzos de algunos sectores de la oposición por convocar a sesiones extraordinarias o conformar las comisiones de seguimiento, el Ejecutivo apuesta a que la rosca política con gobernadores aliados termine blindando la norma en el recinto.
La urgencia del gobierno por blindar este sistema de vigilancia no hay que aislarla del contexto geopolítico regional totalmente convulsionado tras la reciente invasión de Estados Unidos a Venezuela. Mientras todo el mundo fue testigo de la captura de Maduro, Milei actúa como un súbdito del imperialismo yanqui, importando un modelo de control social muy parecido al de la CIA para garantizar que el saqueo de los recursos nacionales no encuentre resistencia.
Esta modernización de la SIDE, bajo la tutela de Santiago Caputo, busca transformar a cada organismo estatal en un potencial delator de la oposición política. Este comportamiento autoritario, que se quiere imprimir desde el gobierno, es casi una necesidad urgente para un régimen que debe aplicar un ajuste brutal dictado por el FMI, el cual se puede encontrar con una importante resistencia en la calle.
Lo más peligroso del DNU 941/2025 es la ambigüedad de sus términos, los cuales permiten tildar de amenaza estratégica a cualquier organización social o partido que ejerza influencia contra las medidas oficiales. El decreto habilita a los espías a realizar tareas de contrainteligencia sobre conceptos tan vagos como la influencia de actores no estatales, lo que abre la puerta a la criminalización de la protesta legítima. De esta forma, la inteligencia estratégica se fusiona con la seguridad interior, permitiendo que el Estado trate a sus propios ciudadanos como enemigos externos ante cualquier reclamo de derechos. Esta militarización de la seguridad ciudadana es la antesala de un Estado policial donde el secreto se transforma en la regla y la transparencia en la excepción.
Vigilancia masiva y persecución política
El arsenal represivo que despliega este decreto incluye facultades operativas directas que borran las fronteras legales establecidas tras la dictadura. El artículo 10 nonies legaliza que el personal de inteligencia proceda a la aprehensión de personas en casos de flagrancia, otorgando poder de policía a agentes encubiertos que no rinden cuentas ante la justicia ordinaria.
Además, la creación de la “Comunidad Informativa Nacional” obliga a organismos como el RENAPER, Migraciones y la UIF a compartir sus bases de datos con la SIDE, permitiendo trazar perfiles detallados de cada habitante sin necesidad de orden judicial. Este flujo masivo de información sensible pone en riesgo la privacidad y la intimidad de toda la población, dejando los datos personales a merced de una central de inteligencia que responde únicamente a la voluntad política de la Casa Rosada.
La transformación de la Agencia Federal de Ciberseguridad en la Agencia Federal de Ciberinteligencia es otra muestra clara del sesgo de esta reforma. Ahora, el gobierno tiene vía libre para realizar patrullajes digitales, vigilar redes sociales y ejecutar operaciones desde el ciberespacio contra usuarios críticos a la gestión. Esta estructura se complementa con un control presupuestario total sobre los gastos de inteligencia de todas las fuerzas federales y militares, sometiéndolas a la supervisión directa del Secretario de Inteligencia. Es un sistema diseñado para el espionaje interno que poco le importa la prohibición de realizar inteligencia sobre personas por razones ideológicas o políticas.
Ante esta escalada autoritaria, es fundamental entender que las instituciones del sistema no serán las que pongan un freno definitivo al plan de guerra del gobierno contra los trabajadores. Si bien la vía judicial y parlamentaria son campos de batalla que ayudan, la historia reciente demuestra que solo la movilización y la organización en las calles pueden tirar abajo decretos que atentan contra las libertades democráticas. La oposición tradicional que especula con los tiempos legislativos termina siendo funcional a la estrategia de Milei de ganar tiempo para aceitar su aparato represivo. La unidad de acción de las organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos es la única garantía para defender la soberanía y evitar que la oscuridad de los servicios de inteligencia reemplace a los derechos conquistados con décadas de lucha.
