Hace pocos días fue novedad la incorporación orgánica de Jóvenes por el Clima, la influencer organización socioambiental, al “Plan de Desarrollo Humano Integral” (anteriormente “Plan General San Martín”). Este plan fue presentado en 2020 por organizaciones de la coalición gobernante como una estrategia para reactivar la maltrecha economía argentina.
Entre sus principales ejes temáticos, proponen crear 270 mil puestos de trabajo registrados y 4 millones de puestos en la economía popular, repoblar el país a través de nuevos emprendimientos industriales y plantean un modelo de transporte polimodal más económico y “amigable” con el ambiente. Además, expresan su intención de mitigar la crisis climática y garantizar vivienda, servicios públicos y un piso de derechos a los sectores más empobrecidos y superpoblados de la urbanidad.
Hasta acá se nos presenta como un pomposo plan soberano, obrero y popular; ahora bien, veamos qué actores son parte de esta formulación. El Vaticano; la CGT con Gerardo Martínez -UOCRA-, reconocido por su activa participación en la última dictadura cívico-eclesiástica-militar y por manejar patotas que apalearon tanto a la Asamblea de Malvinas Lucha por la Vida (Córdoba), que bloqueaba el ingreso de camiones contra la instalación de la mayor planta de Monsanto en Latinoamérica, como a vecinxs y a Gustavo Castro, director de Habitat y Tierra de Lago Pueblo, durante una manifestación de chubutenses contra la megaminería que pretende instalar el gobernador Mariano Arcioni con el apoyo del presidente Alberto Fernandez y por la que anularon recientemente la Iniciativa Popular; Sergio Sasia -Unión Ferroviaria-, socio y sucesor del criminal José Pedraza; Juan Carlos Schmidt de dragado y balizamiento; entre otros dirigentes sindicales, Juan Grabois, representando movimientos sociales y al Ministerio Social y Ambiental del Vaticano, y sus organizaciones satétiles, como la CTEP, el MTE y la UTEP; además del Movimiento Evita.
La ficción del posibilismo
No es ninguna novedad que transitamos, además de una crisis climática globalmente, la peor en términos sanitarios y económicos en nuestro país, como consecuencia de un endeudamiento del 90% sobre el PBI, la falta de reservas del BCRA, una inflación interanual de más del 42%, más de 11% de desempleo, con 6 de cada 10 chicxs pobres y 2 de cada 10 indigentes, mientras un 1% se enriquece cada vez más; lo que resulta en más desigualdad, neo-extractivismos y re-primarización de la economía. Con asistencialismo, salarios y jubilaciones a la baja que impactan sobre los bolsillos populares.
Con esta realidad, en las barriadas y las fábricas, tambalean las expectativas populares de cambio. Nunca llegaron las políticas públicas que hicieran realidad eso de “empezar por lxs últimxs para llegar a todxs”. Y por ende urge debatir cuáles son las mejores estrategias de transición; por un lado, las que nos envían a una continuidad del orden dominante preestablecido con más de lo mismo, o por el contrario las que nos remiten a una transformación estructural y sistémica.
Este gran frente social, sindical, clerical y socioambiental está orientado por la primera tesis1, no son independientes del Estado, están agrupados en el proyecto gobernante y se subordinan al mandato oficialista, más allá de las disputas internas y ministeriales. Por eso inducen a no movilizarse, ni coordinar planes de lucha. Su función, al nuclear a las principales direcciones políticas, es la de contener la conflictividad social en este contexto crítico.
Entonces, es lícito cuestionar si los cambios estructurales van a venir de lxs mismxs actores que nos condujeron a este colapso. Si no es una gran ficción el programa de quienes nos proponen garantizar un plan de vivienda y derechos cuando hace meses atrás, a punta de pistola y gases, desalojaron a las familias en Guernica. Si lxs que proponen generar trabajo son lxs mismxs que avalan despidos. Si la “justicia social” no es otro slogan pobre como el nuevo salario mínimo “vital” móvil que acaba de ratificar la CGT. Si lxs que militan mitigar el cambio climático son lxs que dan luz verde al fracking, la megaminería y el agronegocio; quemando y desmontando la naturaleza del territorio. Si son lxs que proponen un nuevo sistema de transporte pero no invierten en ningún nuevo ramal y nuevamente van a reprivatizar, como lo hizo Cristina Kirchner en el 2009, el Rio Paraná.
Y es lícito preguntarnos si estos cambios se pueden llevar adelante con fuentes de financiamiento que nuevamente salen de los bolsillos de las mayorías sociales con más ajuste. Creemos que no.
Con el FMI ni a la esquina
Asistimos a tiempos de crisis humanitarias, que nos obligan a desobedecer el sentido común, las reglas sistémicas y armar una nueva sociedad confrontando clase contra clase. No hay lugar para el consenso ni la conciliación con lxs que mandan. Nos amenaza este régimen de explotación de todo lo vivo, con su eje en la mercantilización y la ganancia desmedida. No podemos pensar los cambios estructurales sobre este orden imperante.
Por eso, el primer paso para abonar a un piso de soberanía económica, política, alimentaria, energética y más, es auditando y suspendiendo el pago infame al FMI, que dedica sus operaciones a llevar generaciones enteras a la miseria. Las rebeliones en Colombia y Chile son un espejo donde se refleja el destino del pueblo argentino atado al FMI.
Es urgente y necesario. Solo requiere voluntad política para tocar los intereses de los más poderosos, con un permanente impuesto a las grandes fortunas, bancos y a la especulación financiera. Sobran recursos para garantizar vacunas para todxs, salarios y jubilaciones por encima de la canasta familiar.
La única manera de repoblar el campo, garantizando comida saludable, es con una real reconversión productiva, prohibiendo el extractivismo y llevando adelante una verdadera reforma agraria. Solo con un impuesto mínimo del 20% a las grandes cerealeras exportadoras se podría financiar 250 hospitales de alta complejidad, 150 mil viviendas y 600 escuelas. Nacionalizar el comercio exterior y recuperar el Rio Paraná sería un gran paso para ponerle fin a la evasión, el contrabando y a las privatizaciones de los 90.
En fin, de lo que se trata es de invertir la carga del ajuste hacia el 1%, construir movilización consiente y organización revolucionaria. Sin burócratas, ni dirigentes tibios ni papales, sí con los laburantes para de verdad reestructurar las relaciones sociales de la producción afectando el orden de propiedad privada y de poder.
En algo si coincidimos, que para llevar adelante este plan, lo que hace falta es voluntad política, centralización, planificación, transparencia y agregamos democracia directa de lxs trabajadorxs en la toma de decisiones. Todo lo que suponen hacer pero no están haciendo.
Red Ecosocialista CABA
1. https://mst.org.ar/2020/08/24/plan-de-desarrollo-humano-integral-insuficiente-y-ficticio/