En una nueva señal de endurecimiento del rumbo político, el Ejecutivo incorporó el debate sobre el Régimen Penal Juvenil al temario de sesiones extraordinarias del Congreso, junto con la reforma laboral. Un avance punitivo que criminaliza a la juventud mientras se profundiza el ajuste social.
Más castigo y menos derechos
La iniciativa abre la puerta a la baja de la edad de imputabilidad y se enmarca en una agenda que prioriza la flexibilización laboral y el disciplinamiento social por sobre políticas de inclusión y prevención.
El Gobierno nacional oficializó la incorporación del debate por el Régimen Penal Juvenil al temario de las sesiones extraordinarias del Congreso, que se desarrollarán en febrero. La decisión fue formalizada mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial y se suma a otros proyectos clave del oficialismo, como la reforma laboral, uno de los pilares del programa económico y político impulsado por el Ejecutivo.
La inclusión del Régimen Penal Juvenil reactiva una discusión históricamente sensible: la posible baja de la edad de imputabilidad, actualmente fijada en los 16 años. Desde el oficialismo se plantea la necesidad de “dar respuesta al problema de la inseguridad”, aunque distintos sectores advierten que se trata de una respuesta punitiva que apunta contra adolescentes de los sectores más vulnerados, sin abordar las causas estructurales de la violencia.
Organismos de derechos humanos, especialistas en niñez y espacios políticos opositores señalaron que el avance de esta iniciativa se da en un contexto de recortes en políticas sociales, educativas y de acompañamiento comunitario, lo que profundiza la exclusión que luego se busca castigar con mayor dureza penal. No hay más Estado para garantizar derechos, pero sí más Estado para reprimir y encerrar.
El debate por el Régimen Penal Juvenil aparece, además, estrechamente ligado a la reforma laboral, que busca flexibilizar condiciones de trabajo, debilitar derechos conquistados y favorecer a los grandes grupos económicos. No se trata de iniciativas aisladas, sino de una misma orientación política: ajuste para las mayorías, beneficios para los poderosos y control social para quienes quedan fuera del sistema.
Con el inicio de las sesiones extraordinarias, el Congreso se convertirá en escenario de una fuerte disputa política y social. Mientras el Gobierno acelera su agenda, crecen las voces que alertan sobre un modelo que, lejos de resolver los problemas de fondo, profundiza la desigualdad y responde a la crisis con más castigo y menos derechos.
