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Días atrás, la Secundaria 46 de La Plata vivió un hecho que expresa el contexto de violencia que rodea a las escuelas bonaerenses y del país: el padre de una alumna agredió brutalmente al director, que sufrió lesiones, visión doble, zumbidos y debió ser internado.
El ataque fue al final del turno tarde del lunes 26, en la vereda de la escuela del casco platense (calle 12 entre 66 y 67) y se hizo público el miércoles 30. La situación devendría de una pelea entre dos estudiantes, donde el padre de una, considerando que la dirección no lo abordaba, hizo “justicia” a las piñas. Aunque el director dice que el tema se tomaba.
La Dirección de Legal y Técnica de Educación (DGCyE) pidió una restricción de acercamiento contra el padre para proteger al director y a la comunidad de la Secundaria 46, tendiendo a judicializar la agresión, junto al ministerio de Seguridad. Desde otro ángulo, Educación también dijo activar las medidas de resguardo, poniendo a disposición los Equipos de Orientación Escolar (EOE) y del Programa de Fortalecimiento de las Prácticas de Cuidado, para dar contención al directivo, a docentes, estudiantes y familias. Pero el ataque reavivó el debate sobre la situación de las y los estudiantes, la comunidad educativa y la mayor preocupación de docentes, directivos y trabajadores de la educación.
Por un paro y movilización a Educación, en La Plata
El episodio no es aislado y replantea cómo actuar, sobre todo los gremios que deberían luchar por proteger derechos. Ante el ataque, desde Alternativa Docente exigimos una respuesta contundente a la Celeste de SUTEBA La Plata, al FUDB, la FEB y a UDOCBA: un paro distrital y movilización a Educación, además de un paro provincial y plan de lucha por la aplicación efectiva del protocolo de resguardo y reparación.
Desde el miércoles 30, cuando se hizo público, le dimos difusión y demandamos esa respuesta, pero no hubo convocatoria de la Seccional La Plata ni de SUTEBA Provincia, conducidas por la Turquesa y Celeste. Tampoco mencionaron el ataque en sus redes, apenas si difundieron un posteo este domingo que no habla de la agresión ni se pone a disposición del docente ni de la escuela ni plantea ninguna medida de lucha. Solo leer una carta “a la entrada o salida de cada turno el lunes 5 de mayo”, sin decir nada sobre este ataque. Tampoco lo hicieron la FEB (Udeb) ni UDOCBA.
El reclamo sí lo tomamos con la Multicolor, al publicar este sábado la solidaridad con el director y la comunidad de la ES 46, reclamando asamblea y paro distrital. Exigimos medidas urgentes como la ampliación de los EOE, la aplicación efectiva del protocolo de resguardo y la ESI, así como jornadas de reflexión y capacitación junto a las familias. Además de decir: basta de ajuste, ya que la crisis social profundiza las violencias y es la razón de fondo a resolver.
Eso no lo hace Milei, quien descalifica a la docencia y a la escuela pública, con su privatismo y discursos de odio que generan violencia, pero tampoco lo hace Kicillof que dice levantar un “escudo protector” contra la marginalidad y violencia creciente que genera el ajuste capitalista del FMI y las corporaciones. Y sin revertirlo, toda medida será parcial, insuficiente.
El punitivismo no resolvió, se requiere una salida integral
En diciembre de 2016, Vidal con su reaccionario ministro Finocchiaro, logró promulgar la Ley 14898 que endurecer el Código de Faltas (Art. 74 bis), para aplicar multas y hasta 30 días de arresto a quienes agredan a docentes y trabajadores de la educación. Fomentaban así un ideario punitivo, sin abordar las causas que generan la violencia social que se expresa en las escuelas.
Al centrar sólo en padres o familiares, querían quitarle su responsabilidad a la DGCyE, al Estado, su gobierno y ajuste por lo que generan. Pero el punitivismo como política no resolvió nada. Los propios datos oficiales advertían que el 2016 y 2017 cerrarían con un promedio de cuatro casos semanales de agresiones a docentes de todos los niveles, un incremento notable respecto a las dos o tres registradas antes (Diario Popular, 18/11/2017).
Una sociedad violenta va a reproducir más episodios de violencia en las escuelas que antes, principalmente en lo que hace a las interacciones entre las personas. Una violencia que es fruto de problemas estructurales sin respuesta, como no tener plata, trabajo, vivienda ni poder dar de comer a la familia, todo eso es violencia y cuando hay que resolverlo, explota. Otras situaciones son fruto de la reacción de la familia al seguimiento de la escuela sobre situaciones de abuso. Y en esto, el rol de la ESI es clave para prevenir.
Por otra parte, el Acuerdo de resguardo no avanza sobre la judicialización que se pueda hacer sobre las acciones de la docencia como ante un contenido, una clase o secuencia didáctica y una familia que se “moleste”, y pueda judicializar. En eso hay que poner freno también porque hace a la libertad de cátedra que se debe respectar, no violentar.
2023, un cambio. Aporte crítico al Acuerdo de resguardo y reparación
En ese año, después de la violencia en distintos jardines bonaerenses, donde la Celeste de SUTEBA y el FUDB se negaron a llamar a una medida provincial o distrital (como en La Matanza por el Jardín Nº 933, ver nota), sí se materializó un cambio al firmarse el “Acuerdo de prevención, resguardo, y reparación para hechos de violencia” (Portal abc, 16/5/2023).
Ese acuerdo salió por la movilización, con puntos que buscan responder a demandas sentidas, gracias a la pelea autoconvocada y la coordinación con SUTEBA Multicolor. Acuerdo que incorpora garantías de ART, acompañamiento legal y medidas de reparación, aunque sin un claro plan preventivo, con plazos, recursos y participación democrática de la docencia. Pero implicó un cambio de paradigma y abordaje, que debemos ampliar y profundizar en lo que resulte insuficiente.
Así, el 8 de abril, el ministro de educación bonaerense Alberto Sileoni debió reconocer la magnitud del problema en la FM 750, al hablar de “una pequeña semana trágica” ante los casos de Maschwitz, Laferrere, General Rodríguez, Quilmes, Junín o Ensenada. Si bien habló de “deudas” en la respuesta educativa, enfatizó que buena parte de la responsabilidad recae en las familias, a las que acusó de “desresponsabilizarse” y no controlar el “mundo virtual” de pibas y pibes (ampliar [1]). Con un discurso más progre, que revisa la visión de su gobierno después de las fuertes luchas docentes, Sileoni destaca hoy que “la escuela tiene un umbral ético más alto que la sociedad”.
También cuestionó el discurso agresivo del gobierno nacional, pero habló de “una génesis invisible” en la problemática. Por lo que se limita a reclamar “una reflexión sobre la educación familiar” de los pibes ya que, para Sileoni, “la escuela es sólo el 15 % de la vida de los chicos” y “no reparte navajas, sino libros” (Página 12, 8/4/25).
Por lo que el foco debería ponerse en las familias, en el “mundo adulto” donde –dijo-, “no se ven los desafíos y cuestiones relacionadas con el juego, con las adicciones” que circulan en las redes. Orientación que repite en su Carta a la comunidad educativa bonaerense: “solicitamos que el mundo de los adultos actúe con la corresponsabilidad que la situación demanda” (08/04/25). Pero es este gobierno, así como el nacional, el responsable de concretar las políticas para revertirlo.
Lamentablemente, de manera funcional a este mismo gobierno que integran, la Celeste de SUTEBA tampoco denuncia el carácter social y las causas que están en la estructura económica, social y política capitalista que degrada a amplios sectores. Porque sin resolverlas, no habrá solución y la violencia se agravará.
Acciones para una salida integral y de fondo
Desde Alternativa Docente y el MST en el Frente de Izquierda Unidad proponemos medidas para abordar la violencia en la escuela como un fenómeno social estructural, no como hechos aislados:
- Movilización y coordinación docente. Convocar paros y movilizaciones distritales y provinciales tras cada episodio de violencia, incluso nacional si la gravedad lo demanda, exigiendo a SUTEBA y CTERA.
- Atención integral a las víctimas. Acompañamiento psicológico, atención médica y asesoramiento legal a cargo de la DGCyE. Con medidas para que el docente aspire a reintegrarse a la tarea educativa, dentro del sistema, según el caso. Así como garantizar los actos de reparación o desagravio público que correspondan.
- Protección de familias y estudiantes. Prevención antes que penalización: intervenciones tempranas, programas de contención social y recursos para las familias, atendiendo la vulnerabilidad de las infancias y jóvenes para garantizar igualdad y oportunidades. Evaluación social de las políticas educativas y los funcionarios que las aplican.
- Comisión Investigadora Independiente. Para dar garantías a las familias, docentes y las escuelas de que se actuará con celeridad y autoridad para ir a fondo. En una investigación seria, con especialistas en educación y género, con peritos y otros profesionales reconocidos por todos. Porque difícilmente resuelva mucho un “ámbito interministerial” de estos gobiernos, su Estado y burocracia sindical, responsables de la violencia sistémica que se expresa en las escuelas.
- Debate democrático de convivencia. Mesas de diálogo en cada escuela e instancias regionales para construir colectivamente acuerdos de convivencia, con jornadas democráticas y distintas a las actuales que no son integrales.
- Contra el discurso estigmatizante. Exigir a los gobiernos, la prensa y grupos de poder de esta sociedad injusta y violenta como la capitalista, que dejen de presentar a las y los docentes como “vagos” o “privilegiados” y reconozcan el rol social de la escuela pública. Basta de discursos de odio.
- Unidad con familias y estudiantes. Fortalecer lazos entre comunidad y escuela, antes que centrar en la criminalización y fomentar la solidaridad como herramienta educativa. Por un Congreso Pedagógico Nacional donde docentes, estudiantes y familias resolvamos, de forma democrática y participativa, las salidas a esta violencia y toda transformación que requiere la escuela, al servicio del pueblo trabajador.
- Aplicación efectiva del protocolo de resguardo y la ESI. Si bien habla de prevención, el Acuerdo es más para cuándo la violencia se ha producido. Resulta un avance, aunque insuficiente y se deben definir democráticamente las acciones concretas, los plazos, presupuestos y recursos en este Acuerdo, y el accionar preventivo para evitarlas. Garantizar la ESI para detectar situaciones de abuso, canalizarlos correctamente y evitar hechos de violencia.
- Aumento del presupuesto, recursos humanos y materiales. Nombrar Equipos de Orientación Escolar con los cuatro profesionales pertinentes en cada escuela y turno. Más bibliotecarios, parejas pedagógicas, preceptores y maestras de inclusión, que estén toda la jornada y los días de la semana; límite de 20 alumnos por aula; salario igual a la canasta familiar y condiciones laborales sin sobrecarga ni multitarea. Más servicios zonales y locales, con presupuesto y personal en planta. Aumentar el presupuesto al 10% del PBI, suprimir el billón de pesos que Kicillof destina en subsidios a las privadas o los vouchers de Milei, para destinarlos a la pública.
- Medidas de emergencia socioeconómica. Plan económico obrero y popular que asegure trabajo y salarios dignos para acabar con la pobreza, plata para educación, salud, empleo y asistencia social, no para la deuda, el FMI ni los bonistas buitres. Impuesto a los ricos, que la crisis la paguen los de arriba, porque sin eliminar la violencia social capitalista, no habrá protocolo que baste.
Estos puntos reflejan una visión integral, con énfasis en la prevención y participación democrática. La violencia social generada por décadas de ajuste, exclusión y marginación, no se resolverá con multas, arrestos ni señalando a las familias, como hace Sileoni. Porque la responsabilidad es de los gobiernos, el Estado y de un modelo económico que tritura vínculos y derechos.
Es hora de exigir al gobierno bonaerense que dote a las escuelas de todos los recursos humanos y materiales necesarios, que garantice condiciones laborales y salariales dignas, y abra espacios de participación real. Y a los gremios, que llamen a paro, movilización y plan de lucha para lograrlo. Sin eso, la escuela seguirá pagando con violencia la crisis de una sociedad profundamente injusta y que prefiere criminalizar al otro antes que transformar las políticas educativas y sociales en beneficio de las mayorías.
Alternativa Docente, SUTEBA Multicolor
ANCLA, Agrupación Nacional Clasista Antiburocrática
MST en el Frente de Izquierda Unidad
[1] El ministro Sileoni reclamó “incorporar un concepto de corresponsabilidad porque hay sectores que encapsulan el problema en la escuela y esto es desresponsabilizar fuertemente al resto de la sociedad, principalmente a la familia. La escuela en algún sentido es el 15% de la vida de los chicos en un año. Hay otra vida de los chicos que ocurre en la familia, en la privacidad de sus habitaciones, donde las familias creen que están a resguardo de la calle, pero esa privacidad es de gran opacidad porque en las redes hay desafíos y cuestiones relacionadas con lo lúdico, con el juego, con las adicciones, que los adultos no las están viendo. Hay una gran cantidad de episodios que se manifiestan en la escuela, pero que tienen una génesis invisible…”, sostuvo a la FM 750 (Página 12, 8/04/25).