La causa que investiga la corrupción estructural en la ANDIS entró en una etapa de definiciones profundas que sacuden los cimientos del poder Ejecutivo. A más de siete meses de que estallara el escándalo, el fiscal Franco Picardi solicitó una nueva ronda de indagatorias para los sospechosos principales de este esquema de recaudación ilegal. Diego Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete vuelven a estar en la mira de la justicia federal debido a la aparición de nuevas pruebas que confirman un fraude colosal contra el Estado. Según los últimos hallazgos de la investigación, el monto desviado superaría los $75.000 millones provenientes del erario público.
Este nuevo capítulo en el expediente judicial se abre por la detección de maniobras articuladas entre funcionarios y empresarios proveedores de insumos médicos de alto costo. Los fiscales detectaron que existió una estructura delictiva organizada para direccionar contrataciones y repartirse el dinero que debía estar destinado a la población más vulnerable del país. El fiscal Picardi sostiene que la agencia funcionó como una “ventanilla administrada de forma discrecional” para concentrar beneficios económicos en un grupo selecto de amigos del poder. La gravedad de los hechos aumenta cuando se observa que los fondos robados estaban asignados a prótesis de alta gama, sillas de ruedas motorizadas e implantes complejos para personas en situación de pobreza estructural.
En el centro de esta organización criminal aparece una vez más la figura de Karina Milei. Desde el primer momento de la investigación, la Secretaria General de la presidencia fue referenciada como la cabeza política de esta corruptela institucionalizada. Los testimonios y los elementos recolectados sugieren que “el jefe” era quien se encargaba de centralizar y quedarse con el flujo de las coimas. Esta estructura de retornos y dádivas funcionó bajo el amparo de la máxima confianza presidencial, transformando una oficina de asistencia social en una caja de financiamiento espurio para la estructura libertaria. La justicia ahora busca determinar cómo se distribuían estos millones que se le quitaban sistemáticamente a los beneficiarios del programa Incluir Salud.
Audios comprometedores y el sistema de las ofrendas ilegales
La incorporación de nuevos registros de audio a la causa aporta una cuota de gravedad que el gobierno ya no puede ocultar. En las grabaciones secuestradas se escuchan menciones crípticas a personajes centrales del entorno de Javier Milei. Los fiscales pusieron la lupa sobre términos como “Caputito” y “Rioja“, los cuales aludirían directamente al asesor presidencial Santiago Caputo y a los primos Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem. Estos mensajes demuestran que las distintas bandas que operaban dentro del organismo actuaban de forma alineada para conservar el negocio de los sobreprecios y la cartelización empresarial.
Otro de los elementos reveladores surgió del peritaje al teléfono de Daniel Garbellini, quien fuera el segundo de Spagnuolo en la agencia. En ese dispositivo se encontró un cuadro con nombres de empresas relacionadas a determinadas compras de insumos médicos junto a montos de dinero etiquetados como “ofrendas“. Para la justicia, estas ofrendas representan el dinero que las empresas debían pagar como retorno para asegurar su participación irregular en el sistema de compras estatal. Los funcionarios que debían velar por el interés público estaban en realidad puestos al servicio de intereses privados, ofrendando el dinero estatal en detrimento de la población con discapacidad que se quedaba sin sus medicamentos esenciales.
Este esquema delictivo se apoyó en la manipulación del sistema informático de la agencia para que las empresas amigas pudieran ingresar directamente y gestionar las prestaciones a su antojo. Los funcionarios brindaban claves de acceso y daban información privilegiada sobre las fechas de pago para facilitar el cobro de las firmas seleccionadas. El fiscal Picardi fue contundente al describir que este servicio ilícito incluía la simulación de competencia en las licitaciones y el direccionamiento intencionado de las compras de insumos PACBI. Todo este entramado de corrupción se ejecutó mientras el gobierno discutía (lo sigue haciendo) la ley de Emergencia en Discapacidad.
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La corrupción libertaria como regla de gestión
El avance de la causa ANDIS se produce en un contexto de descomposición total, que envuelve a toda la administración actual. Este nuevo escándalo de $75.000 millones aparece justo cuando el AdorniGate mantiene al jefe de Gabinete contra las cuerdas por su crecimiento patrimonial injustificado. Al mismo tiempo, la reaparición del caso de la criptoestafa $LIBRA y el escándalo de los préstamos VIP del Banco Nación terminan de configurar un mapa de saqueo generalizado. El gobierno que llegó con la promesa de destruir a la casta política se encuentra hoy dando cátedra de cómo utilizar el Estado para el enriquecimiento personal de sus integrantes.
Es un insulto para los millones de trabajadores que sufren el ajuste que los funcionarios de la libertad se dediquen a repartirse sumas millonarias mientras recortan programas sociales básicos. Esta provocación se completa con el aumento salarial del 123% que recibieron los ministros para seguir de fiesta mientras saquean la plata de la discapacidad. Quienes se decían enemigos de los privilegios hoy están procesados por asociación ilícita y fraude a la administración pública en perjuicio de los sectores más desprotegidos. La corrupción en la gestión libertaria dejó de ser una serie de hechos aislados para convertirse en la regla de un modelo que utiliza la motosierra para el pueblo y la caja fuerte para los amigos. La impunidad con la que se movieron Spagnuolo, Calvete y el resto de los implicados demuestra que se sentían dueños de los recursos públicos desde el primer día de gestión.
Ante esta situación de degradación institucional absoluta, se vuelve fundamental poner en pie una comisión investigadora independiente de todos los poderes del Estado. No se puede confiar en que el propio gobierno investigue sus propios crímenes cuando las máximas autoridades están involucradas en el reparto de las coimas. Esta comisión debe tener acceso total a las cuentas y registros para llegar al fondo de la causa ANDIS y de todos los otros focos de corrupción que brotan en la Casa Rosada. Es la única manera de garantizar que todos los responsables de este saqueo criminal paguen por sus actos y que el dinero robado sea devuelto a los programas de salud que hoy están paralizados.
