Apenas aterrizado de su fallido viaje a Oslo, donde la foto soñada con la opositora venezolana Corina Machado se frustró por la ausencia de la dirigente, el presidente Javier Milei no perdió tiempo el tiempo para ratificar su guerra declarada contra los trabajadores. Vestido con un mameluco de YPF, en una puesta en escena que busca simular una épica industrial mientras desguaza la soberanía energética, el mandatario puso su firma en el proyecto de Ley de Modernización Laboral.
Este acto, filmado para las redes y festejado con euforia por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, describiéndolo como la “transformación más grande de la historia”, marca el inicio de un trámite legislativo en el Senado que pretende retrotraer las relaciones laborales al siglo XIX. La urgencia del Ejecutivo por enviar este texto, que consta de 71 páginas y 26 títulos, responde a la necesidad de aprovechar el envión de las recientes victorias legislativas y la reconfiguración de las alianzas con los gobernadores para imponer un cambio estructural que no es otra cosa que la legalización de la precarización absoluta.
El contenido de esta reforma, que el gobierno vende bajo la mentira de la modernización, representa un ataque frontal a la Ley de Contrato de Trabajo y a los convenios colectivos que han regido la vida de los trabajadores durante décadas.
Uno de los puntos más nocivos es la modificación del artículo 245, que redefine el cálculo de las indemnizaciones por despido para abaratarlas drásticamente. El proyecto excluye de la base de cálculo el aguinaldo, los premios y cualquier concepto de pago no mensual, reduciendo significativamente el monto que percibiría un trabajador al ser echado. Además, habilita la creación de un Fondo de Cese Laboral, un sistema inspirado en el modelo de la construcción que permite a los empresarios financiar el despido de sus empleados mediante un aporte mensual, transformando la desvinculación en un trámite administrativo previsible y de bajo costo, eliminando el efecto disuasorio de la indemnización. Un artículo que le da toda la libertad al patrón para descartar trabajadores como si fueran fusibles cuando los números no le cierran o cuando simplemente quiere renovar su plantel por mano de obra barata y dócil.
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La avanzada patronal, no se contenta solamente con esto, sino que busca dinamitar la jornada laboral de ocho horas, una conquista histórica del movimiento obrero a nivel mundial. Mediante la aplicación de un “banco de horas”, se permite que las empresas dispongan del tiempo de los trabajadores según sus necesidades productivas, compensando horas extras con francos en momentos de baja actividad. Un atentado contra la vida personal y familiar de un trabajador, ya que con estos cambios su vida quedaría subordinada a los ritmos de la producción de la empresa, eliminando el pago de las horas extras y extendiendo la jornada hasta 12 horas diarias sin compensación económica adicional.
A su vez, la reforma ataca a la negociación colectiva al priorizar los convenios por empresa sobre los de rama o actividad, lo que en la práctica atomiza la fuerza sindical y deja a los trabajadores de empresas chicas o medianas en una situación de debilidad absoluta frente a la patronal.
Otro aspecto de extrema gravedad es la legalización del fraude laboral mediante la modificación de la presunción de la relación de dependencia. El nuevo articulado establece que, si existe facturación o contrato civiles, se cae la presunción de que existe un vínculo laboral, legitimando la figura del monotributista que cumple horario y recibe órdenes, pero no tiene derechos. Esto, lisa y llanamente, es la institucionalización de la uberización de la economía, donde el trabajador asume todos los riesgos y el empresario se queda con las ganancias sin responsabilidades sociales. Además, se extiende el período de prueba y se habilita el fraccionamiento de las vacaciones, rompiendo con el concepto de descanso reparador para convertirlo en una variable de ajuste más de la organización empresarial. Todo el andamiaje jurídico está diseñado para transferir poder del trabajo al capital, bajo la falsa promesa de que la eliminación de derechos generará empleo, una receta que ya fracasó en los noventa y que solo trajo más desocupación y miseria.
Sin embargo, lo que termina de configurar el escenario de entrega es el pacto espurio que el gobierno ha orquestado con la cúpula de la CGT para garantizar que este proyecto avance sin resistencia en las calles. Todo esto a pesar de las recientes declaraciones de disconformidad de los popes de la burocracia sindical. Tras días de negociación encabezadas por Santiago Caputo, el titular de Diputados, Martín Menem y el ministro Diego Santilli, el gobierno accedió a modificar el borrador original para salvar la caja de la burocracia sindical. El gesto de buena voluntad de Milei hacia la CGT consistió en excluir del proyecto la eliminación de la cuota solidaria, ese aporte que realizan los trabajadores a los sindicatos y que constituye una fuente de financiamiento central para las estructuras gremiales. La cual no está para nada mal, solo que, en lugar de utilizarse para fortalecer los privilegios de la casta sindical, son recursos que se tienen que utilizar para responder a los problemas de los agremiados en momentos de crisis.
Este acuerdo deja al desnudo la naturaleza traidora de la dirigencia sindical peronista, que está dispuesta a entregar las indemnizaciones, la jornada laboral de ocho horas y la estabilidad laboral de millones de trabajadores a cambio de mantener intactos sus privilegios y el flujo de fondos de sus organizaciones. Mientras que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, presionaba para ir a fondo contra el modelo sindical, hay un ala del gobierno que prefirió apostar a comprar la paz social con la billetera de los trabajadores. Aunque sobre esto último, el pulso de la calle será el encargado de demostrar si a pesar de estos gestos, los trabajadores van a preferir la paz impuesta por las direcciones sindicales frente a tamaña entrega.
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En relación esto, la reforma mantiene la posibilidad de que los empleadores actúen como agentes de retención de la cuota de afiliación, siempre que medie conformidad del trabajador, asegurando que el dinero siga fluyendo hacia los despachos de Azopardo. Es un intercambio criminal donde la burocracia salva su ropa mientras el gobierno se lleva puesta la legislación laboral protectoria.
El tratamiento de esta ley en el Senado se dará en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas para el verano, un período donde el oficialismo intentará aprobar a libro cerrado un paquete de medidas que incluye también el presupuesto 2026 de déficit cero y ajuste brutal, reformas tributarias regresivas y un endurecimiento del Código Penal para criminalizar la protesta.
La estrategia del gobierno: aprovechar el letargo de las vacaciones (si es que existen a causa de la crisis) y la complicidad de la oposición dialoguista para consolidar un cambio de régimen que hipoteque el futuro de las próximas generaciones. La celeridad con la que se firmó el proyecto y se giró a la Cámara Alta demuestra que no hay tiempo que perder para los intereses del capital concentrado, que ven en este gobierno la oportunidad histórica de liquidar el costo de los trabajadores en Argentina, que no es otra cosa que la dignidad de quienes trabajan.
Frente a este escenario de ofensiva total del gobierno y capitulación de las direcciones tradicionales, se vuelve urgente levantar una alternativa política y de lucha que esté a la altura del ataque. No podemos depositar ninguna confianza en una CGT que negocia prebendas a puertas cerradas mientras se cocina la reforma esclavista. Menos en los legisladores que ya han demostrado que pueden cambiar rápidamente de opinión y color.
Acá solo existe un camino, y que lo demuestra un hecho muy reciente: la lucha de los trabajadores del Garrahan, que se plantaron contra el ajuste y los sumarios, convirtiéndose en un faro que demuestra que se puede pelear y ganar si se confía en la democracia de base y en la acción directa. Es necesario romper con la quietud que imponen las centrales sindicales y coordinar las luchas en curso para golpear con un solo puño.
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La próxima jornada del 19/ 20 de diciembre se presenta como una oportunidad histórica para retomar las calles y decirle no al plan de Milei, el FMI y sus cómplices. Actualmente se está discutiendo adelantar esa jornada al 18, fecha posible de entrada del proyecto.
A 24 años del Argentinazo, esa rebelión popular que impugnó a todo un régimen político, tenemos la tarea de volver a movilizarnos de manera unitaria y masiva. Desde el Frente de Izquierda Unidad y el Sindicalismo Combativo, convocamos a una gran acción que no se limite a una marcha testimonial, sino que sea el inicio de un plan de lucha nacional escalonado hasta derrotar la reforma laboral y todo el paquete de leyes anti obreras.
Hay que dejar de lado todos los modelos que nos trajeron hasta acá, la coyuntura obliga a plantear, más que nunca, una salida de fondo a la crisis, donde la deuda no la paguen los trabajadores y donde los derechos laborales sean el piso innegociable de cualquier modelo de país. Ese día en diciembre tenemos que ser miles en la Plaza de Mayo, y en todas las plazas del país para frenar esta embestida y empezar a construir la fuerza política y social necesaria para dar vuelta la historia.
