Una nueva encuesta deja al descubierto un dato clave: el modelo económico del gobierno empieza a chocar con la realidad cotidiana de millones. Mientras el oficialismo sostiene el ajuste como bandera, crece el rechazo social y se profundiza el deterioro de las condiciones de vida.
La realidad golpea más fuerte que el discurso
El relato del ajuste como solución comienza a mostrar fisuras. Un relevamiento de la consultora QSocial indica que el 45% de la población considera que el gobierno debería priorizar el bienestar social, incluso si eso implica mayor déficit, mientras que solo el 32% sostiene que hay que mantener el equilibrio fiscal aun si eso agrava el malestar. Este dato cuestiona directamente uno de los pilares del programa libertario y pone en duda la supuesta aceptación social del ajuste.
Más allá de los números macroeconómicos que el gobierno busca exhibir, la percepción social va en otra dirección. Según el mismo estudio, sólo el 26% de la población considera que su situación económica es buena, mientras que el 41% la define como regular y el 33% como mala. A esto se suma que la principal preocupación ya no es abstracta, sino concreta: el endeudamiento y el miedo a perder el trabajo empiezan a ocupar el centro de la escena.
El deterioro del humor social también aparece reflejado en otros relevamientos. La consultora D’Alessio IROL señala que el 61% de los encuestados considera que la situación económica está peor que el año pasado y que un 65% percibe un empeoramiento en su situación personal. Estos datos refuerzan la idea de que el ajuste no solo impacta en indicadores, sino en la vida cotidiana de la mayoría.
El ajuste deja de ser un concepto abstracto cuando se expresa en la experiencia diaria. Salarios que no alcanzan, consumo en caída y precarización laboral configuran un escenario donde la “motosierra” deja de ser una consigna para convertirse en una realidad concreta. En ese contexto, incluso sectores que no tienen una identificación política definida —clave en cualquier escenario electoral— empiezan a cuestionar el rumbo económico y plantean la necesidad de moderar el ajuste.
El gobierno había sostenido que había logrado instalar un consenso social en torno a la necesidad del ajuste, pero los datos empiezan a mostrar lo contrario. La llamada “batalla cultural” aparece cada vez más condicionada por el peso de la realidad material, donde la promesa de estabilización económica no logra traducirse en mejoras concretas para amplios sectores de la población.
El deterioro del humor social no es un hecho aislado, sino el resultado de un modelo que prioriza el orden fiscal por sobre las condiciones de vida y descarga el ajuste sobre trabajadores y sectores populares. La apuesta a que la sociedad sostenga indefinidamente este esquema empieza a mostrar límites cada vez más claros.
En este escenario, el gobierno enfrenta una tensión creciente entre sostener su programa económico o contener el malestar social. Porque si bien los indicadores fiscales pueden mostrar cierto orden, la legitimidad política no se mide en balances sino en la vida concreta de la población.
La discusión de fondo ya está planteada. No se trata solo de cifras, sino de definir qué modelo de país se construye y para quién. Y en esa disputa, el desgaste del apoyo social a la “motosierra” empieza a poner en cuestión no sólo una política económica, sino el rumbo general del gobierno.
