El empresario Fred Machado, investigado por narcotráfico, confirmó en Radio Rivadavia que el financiamiento a José Luis Espert fue real, sistemático y abarcó todos los aspectos de su campaña. “Apoyé a Espert, el tipo me negó … ¿qué querés que haga?” declaró Machado, desmintiendo el relato del diputado libertario.
Lejos de ser el “contrato de consultoría” que Espert intentó hacer pasar, Machado describió una relación de patrocinio completo: “Le presté un avión de un amigo, lo ayudé con unos mangos”. Los U$S200.000 fueron solo parte de un paquete que incluyó aviones privados, camionetas blindadas y logística completa.
Las declaraciones de Machado pintan un cuadro complicado sobre la penetración del narco en las altas esferas del Estado. “Él no miente cuando dice que hubo un contrato, lo hice en el 2019, es más de 200 mil dólares. Lo contraté como para darle una mano”, reconoció el empresario, confirmando que los pagos documentados por la justicia estadounidense eran reales. Pero lo más grave es la naturalidad con que describe esta relación: “No fue un apoyo oculto ni millonario”. Para estos personajes, financiar campañas políticas con dinero de dudoso origen parece ser una práctica habitual, casi un trámite administrativo.
Frente a esta confesión contundente, las renuncias parciales de Espert resultan insuficientes y cínicas. Su salida de la candidatura bonaerense y de la presidencia de la Comisión de Presupuesto no bastan. Desde el MST en el FIT-U exigimos su inmediata expulsión del Congreso y la creación urgente de una comisión investigadora independiente que examine todos los vínculos entre el narcotráfico y los tres poderes del Estado, junto a todos los implicados. No puede ser que un diputado acusado de recibir dinero narco siga ocupando una banca mientras el gobierno intenta lavarle la imagen con renuncias estratégicas. Y así lo refleja el proyecto de ley presentado por la diputada Vilma Ripoll.
Mientras esta tormenta política se desata, el presidente Milei parece vivir en una realidad paralela. Toca con su banda de rock y lanza un nuevo libro, como si el país no estuviera atravesando una de sus crisis más graves. Su estupidez resulta ofensiva cuando las consecuencias de estos escándalos lo pagan los trabajadores, con salarios que no alcanzan. Un gobierno que se preocupa más por la reimpresión de boletas que por investigar sus vínculos con el narcotráfico ha perdido toda legitimidad.
El caso Espert-Machado no es un hecho aislado. Es la expresión más clara de un gobierno que nació corrupto y que hoy muestra su verdadero carácter. La misma burguesía que financia campañas con dinero sucio es la que impone ajustes salvajes contra el pueblo trabajador. Este gobierno de corruptos y narcofinanciados se tiene que ir ya.
A continuación te compartimos el proyecto presentado por Vilma Ripoll:
