La avanzada en el Senado de la Nación para reformar la Ley de Glaciares (Ley 26.639) no es un hecho aislado ni una discusión técnica. Se trata de una ofensiva política consciente, parte de un pacto entre el gobierno de Javier Milei, los gobernadores de provincias mineras y el lobby extractivo transnacional, que busca desmontar uno de los pocos límites legales existentes al avance de la megaminería sobre las principales reservas de agua del país.
Bajo el discurso del “federalismo”, la “seguridad jurídica” y la “generación de empleo”, se intenta vaciar una ley de presupuestos mínimos que protege glaciares y ambiente periglacial, es decir, las cabeceras de cuencas hídricas que abastecen a millones de personas. Gobernadores como Raúl Jalil (Catamarca) y Marcelo Orrego (San Juan) aparecen como actores centrales de este acuerdo, mientras Milei necesita garantizar gobernabilidad, votos en el Congreso y apoyo provincial para sostener su programa de ajuste, los mandatarios provinciales negocian mayor margen de maniobra para habilitar proyectos extractivos en sus territorios. El resultado es un remate coordinado de los bienes comunes, escrito al dictado de corporaciones como Barrick Gold o Glencore.
Falso federalismo y “seguridad jurídica”: las claves del saqueo
La reforma propuesta tiene un objetivo preciso: reducir el alcance de la protección ambiental establecida por una ley de presupuestos mínimos, transfiriendo a las provincias la potestad de decidir qué glaciares y ambientes periglaciares se protegen y cuáles pueden ser intervenidos. Esto no es federalismo. Es fragmentar la protección ambiental para que cada gobernador pueda negociar directamente con las empresas, sin límites comunes y sin un piso nacional de derechos ambientales.
El argumento de la “seguridad jurídica” es central en esta ofensiva. Pero conviene decirlo con claridad: en Argentina, las grandes mineras no son todopoderosas. Han sido derrotadas más de una vez por la lucha popular. Las puebladas de Mendoza en 2019, la rebelión de Chubut en 2021 y la propia sanción de la Ley de Glaciares en 2010 fueron derrotas claras para el extractivismo. Las comunidades demostraron que pueden frenar proyectos millonarios cuando el agua y el territorio están en juego.
Por eso hoy las corporaciones exigen garantías totales. La llamada “seguridad jurídica” no busca estabilidad para el desarrollo ni bienestar para las poblaciones, sino blindar sus negocios frente a la protesta social, reducir márgenes de impugnación legal y evitar que futuras movilizaciones vuelvan a frustrar sus planes. En este esquema, seguridad jurídica significa seguridad para las ganancias empresariales y desprotección para las comunidades, el agua y los ecosistemas.
Raúl Jalil promete miles de puestos de trabajo como si fueran un cheque en blanco para destruir las fuentes de agua de las futuras generaciones. Es el viejo libreto del extractivismo: empleo prometido, territorios devastados, contaminación, sequías y dependencia estructural. La Cámara de Proveedores Mineros (CAPMIN) habla de “minería responsable” y “transición energética”, mientras impulsa proyectos que profundizan la crisis climática. No hay transición posible basada en la destrucción de glaciares y ambientes periglaciares, ni en manos de quienes son responsables directos del desastre ecosistémico. Los gobernadores que impulsan este modelo son parte del problema, no de la solución.
El RIGI y el blindaje del saqueo
Este pacto no puede entenderse sin el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que funciona como una gran promesa de estabilidad y protección para el capital extractivo. El RIGI ofrece beneficios fiscales, cambiarios y regulatorios extraordinarios, y se presenta como una garantía frente a posibles cambios políticos, sociales o normativos.
En ese marco, las leyes ambientales aparecen para las corporaciones como un “riesgo” que debe ser neutralizado. La derogación tácita de la Ley de Glaciares no es una consecuencia automática del RIGI, pero sí forma parte del mismo clima político: asegurarle a las empresas que nada —ni la legislación ambiental, ni la protesta social, ni futuras mayorías populares— pueda poner en cuestión sus planes de saqueo. La ofensiva sobre los glaciares es, así, una pieza clave del engranaje extractivista que combina ajuste, entrega territorial y subordinación al capital transnacional
El propio discurso del gobierno nacional lo deja en claro cuando habla de eliminar la “paralización” de competencias provinciales. Traducido: quitarle al Estado nacional la capacidad de fijar límites comunes para que cada provincia negocie libremente con las corporaciones, sin leyes ambientales que estorben. Milei, que niega el cambio climático, encuentra en los gobernadores “dialoguistas” aliados fundamentales para profundizar un modelo colonial, primarizado y depredador.
Organización y lucha para defender el agua y el futuro
Frente a esta ofensiva, ya se encuentra en marcha, de forma plurinacional, la campaña “La Ley de Glaciares no se toca”, que articula asambleas ambientales, organizaciones sociales, comunidades, activistas y espacios políticos de todo el país. Esta campaña viene coordinando acciones de calle y pronunciamientos públicos en defensa de la Ley de Glaciares como herramienta central para proteger el agua y las cuencas hídricas.
El pasado 4 de diciembre se realizaron acciones en distintas provincias de la Argentina, expresando una respuesta colectiva frente al intento de vaciamiento de la ley. En ese marco, si bien el Senado logró dictamen para avanzar con la votación prevista para el 10 de febrero, este escenario también abrió un margen temporal mayor para profundizar la organización y la movilización. El plan del gobierno era aprobar la reforma antes de fin de año, pero fracasó en ese objetivo.
Sin embargo, este tiempo ganado no puede leerse como una tregua. Lejos de relajarnos, debemos redoblar la organización y la unidad de acción. Por eso, desde la campaña convocamos a sumarse activamente a la defensa de la Ley de Glaciares. Porque defender los glaciares es defendernos a nosotros mismos: es defender el agua, la salud, las economías regionales y las condiciones de vida de las futuras generaciones.
Desde la Red Ecosocialista seguimos exigiendo la plena aplicación de la Ley de Glaciares, al mismo tiempo que reafirmamos la necesidad de avanzar en una pelea estratégica por la prohibición de la megaminería metalífera. No podemos seguir aceptando un modelo que nos condena a ser una colonia exportadora de materias primas, subordinada a los intereses del capital transnacional.
Necesitamos pelear por otro modelo productivo, que ponga en el centro a las y los trabajadores, a las comunidades y a la defensa de los territorios; con plena democracia participativa y vinculante, y no la ficción institucional que hoy sirve para legitimar el saqueo. La defensa de los glaciares es parte inseparable de esa lucha más amplia por una sociedad justa, soberana y ecológicamente viable.
Daniel Blanes
