El gobierno de Maximiliano Pullaro (UCR) sigue dando pasos firmes para congregarse como el mejor aprendiz del ultraderechista Javier Milei. Lejos de las promesas de campaña de mejorar la vida de las y los trabajadores santafesinos, ahora promueve una reforma jubilatoria retrógrada que atenta contra derechos laborales adquiridos.
La propuesta presentada por un grupo de 11 senadores –entre oficialistas y aliados– el pasado 10 de abril cuenta con el aval del jefe de Estado provincial. En la próxima sesión de la Cámara alta se votaría la creación de una comisión de trabajo que tendrá el objetivo de elaborar un proyecto de ley previsional nuevo. Resta confirmar si se cumplirá el plazo establecido por la ley que da un limite de 60 días desde la presentación o si habrá extensiones de tiempo.
Desde el Ejecutivo provincial señalan que la decisión de avanzar en la reforma se debe a la aplicación del DNU del gobierno de nacional de Milei, ya que uno de los apartados de esta promueve un recorte sustancial de los fondos destinados a las cajas de jubilaciones provinciales. En el caso de Santa Fe ese monto asciende a los 1.000 millones de pesos mensuales y según estimaciones del gobierno provincial en el 2023 hubo un déficit de más de 130.000 millones de pesos.
Al respecto, el ministro de Economía Pablo Olivares señaló: “Lo que se recibe por contribución y aportes (de los trabajadores activos) no alcanza para autofinanciar el sistema”, una excusa sencilla de patear las responsabilidades a la Casa Rosada.
Sin embargo, no es la primera vez que la clase política tradicional santafesina intenta modificar el régimen jubilatorio provincial. En el año 2015 los senadores Hugo Pucheta, José Baucero, Alberto Crosetti y Raúl Gramajo habían presentado un proyecto que no tuvo éxito debido a la presión social que lo rechazaba de plano, ya que apuntaba a eliminar el 82% móvil.
En síntesis, el proyecto prevé tres tipos de modificaciones: la primera propone un aumento de la edad jubilatoria justificándose en el aumento de la expectativa de vida. En ese aspecto es donde más eje viene promoviendo Jorge Boasso, secretario de Seguridad Social de la provincia, que ha dado numerosas entrevistas a medios locales desprestigiando a las y los trabajadores santafesinos que se jubilan a los 57 años, sobre todo en el sector educativo y otros; mientras instala una serie de exageraciones sobre montos jubilatorios especiales como el caso de las y los trabajadores de la energía provincial y judiciales. El segundo aspecto que estarían analizando sería un incremento económico de los aportes jubilatorios que tienda a cubrir el déficit y el tercer aspecto transferir la caja a Nación.
No a la reforma jubilatoria de Pullaro
La confirmación del avance del Ejecutivo provincial de reformar el régimen jubilatorio ya ha despertado numerosas voces en su contra. Desde el movimiento sindical combativo, como AMSAFE Rosario, han salido a denunciar que “a la brutal caída del salario que nos están imponiendo se suma ahora la idea de modificar la ley jubilatoria para quitarnos derechos históricos” y se realizarán acciones gremiales en los próximos días en las escuelas.
Por su parte, el sector sindical peronista de AMSAFE Provincial, ATE, UPCN y la seccional de la CGT y CTA-T han solicitado reuniones con los senadores firmantes de la iniciativa en pos de conocer en detalle las propuestas, pero alertan que no aceptaran modificaciones que recorten derechos adquiridos.
Por su parte, la docente y referente provincial del MST en el Frente de Izquierda, Jimena Sosa, afirmó: “La reforma de Pullaro no tiene nada que envidarle a la que propone Milei. Desde la izquierda nos oponemos rotundamente a este tipo de legislaciones porque ninguna de ellas viene a mejorar la vida de las y los trabajadores provinciales, por el contrario, empeora la calidad de vida. Desde nuestro espacio estamos articulando con todos los sectores para organizar una gran marcha provincial en contra de la reforma. Entendemos que no se pueden repetir recetas viejas que ya fracasaron y que nuestras vidas valen, la jubilación digna es un derecho y es muy falso que se pueda trabajar hasta los 70 años como algunos nos quieren hacer creer”.