El conflicto del trasporte de pasajeros en Rosario volvió a poner el debate sobre la estatización sobre la mesa. Nuestra opinión.
El martes 18 de mayo se levantó el paro de transporte urbano, interurbano y media distancia decretado por Unión Tranviaria Automotor (UTA) de Rosario por la deuda del 50% de los salarios del mes de abril. La medida de fuerza duro cuatro días consecutivos y pudo destrabarse tras el depósito de 217 millones de pesos enviados por el gobierno nacional en carácter de subsidios a las empresas.
En medio de la crisis comenzó a resurgir el debate sobre la posibilidad de estatizar el sistema de transporte de pasajeros. El paso inicial lo dio el secretario de transporte provincial, Osvaldo Miatello, que en declaraciones a diferentes medios de comunicación señaló un verdadero sincericidio “Hoy por hoy funciona en base exclusivamente a subsidios”. Pero luego aclaró que “No soy un defensor de la estatización, pero el funcionamiento del sistema tiene que ver con si hay o no hay financiamiento”.
Mientras tanto desde el municipio rosarino evalúan la posibilidad de nuevos aumentos de la tarifa. Se trataría de una opción que el intendente Pablo Javkin tiene entre sus manos ya que cuenta con la facultad de subir la tarifa durante febrero, mayo, agosto y noviembre sin tener que recurrir al debate en el recinto de concejales. Según algunos trascendidos el valor de la tarifa pasaría de los 45 pesos actuales a 50 pesos.
Montos millonarios y poco control
Desde el año 2002 se ha consolidado en el país una verdadera estafa, con la excusa de la crisis social los empresarios comenzaron a exigir más y más subsidios para “compensar” los gastos. El resultado fue la monopolización por parte de unas pocas empresas del sistema de transporte urbano, interurbano y de larga distancia al nivel nacional, pero además se extendió una extensa red de corrupción alrededor de los subsidios y una mayor precarización laboral.
En el último año los subsidios alcanzaron un promedio mensual de 10.500 millones de pesos en la región metropolitana, más conocida como el AMBA. Sin embargo, los empresarios sostienen que no alcanza y que resulta necesario un ajuste que eleve esa suma a 13.000 millones de pesos mensuales, una cifra que carece de controles por parte del Estado Nacional que es quien destina esos montos.
El interior del país percibe una cifra mucho menor y las empresas junto a las autoridades provinciales han vuelto a presionar a la Nación para que acelere y aumente los pagos de subsidios que, según lo aprobado en el Presupuesto 2021, no pueden superar los 20.000 millones de pesos.
De esta forma, Santa Fe va a recibir en el primer semestre 1.303 millones de pesos que irán a cubrir, según dio a conocer la secretaria de transporte provincial, los salarios de las y los choferes en su totalidad. Según sus estimaciones los subsidios de nación, provincia y el municipio cubre cerca del 70% de los gastos totales, y el resto queda a cargo de las empresas.
La estatización es la salida
Seguramente vos desde hace años venís escuchando a empresarios del transporte que cada año “es insostenible el sistema tal cual esta, perdemos millones de pesos” y de ese modo presionan a los gobiernos de turno para que habiliten aumentos tarifarios, pero la pregunta que nunca pueden responder ¿por qué siguen al frente de un negocio que da pérdida constante?, ¿por qué no dan a conocer los libros contables?, ¿dónde va a parar los millones de pesos que reciben en concepto de subidos?
La realidad es que lejos de perder, la juntan con pala. Sobre la base de la falta de controles por parte de las autoridades afines y sobre una estructura laboral basada en la precarización laboral, los empresarios del transporte se enriquecen con la plata de todos.
Por lo tanto, la estatización es la única y mejor salida para poner fin a un sistema de transferencia directa de recursos económicos estatales a las cuentas de los empresarios del transporte que luego pasan a formar parte del juego financiero y la fuga de capitales.
La situación actual exige cambios reales y medidas de fondo. El sistema de transporte funciona gracias los fondos estatales. Si de la ecuación de gastos quitamos la enorme rebanada que se llevan los empresarios el resultado sería el siguiente: por lo tanto, un sistema de transporte 100 ciento estatal, con control de trabajadores y usuarios, unidades acordes a las necesidades de las y los vecinos, disminución del precio del boleto y extensión de recorridos no solo es posible sino necesario.