El 3 de mayo del 2021 entra en vigencia la nueva ley ART en todo el todo el territorio provincial, bastión de la gestión macrista. A pesar de las escaramuzas oficialismo y oposición aprobaron modificaciones a favor del empresariado con el aval de la burocracia sindical.
El pasado 7 de abril el gobernador Omar Perotti y el ministro de Trabajo de la Nación Claudio Moroni firmaron el convenio entre el gobierno de Santa Fe y la cartera nacional para iniciar las últimas acciones para poner en marcha las Comisiones Médicas Jurisdiccionales (CCMM) en el territorio provincial.
De este manera, entra en plena vigencia lo votado el pasado 25 de fue sancionada del 2020 en la legislatura santafesina momento en el cual se dio el visto bueno a la adhesión de la ley de riesgos de trabajo N° 27.348, complementaria de la Ley N° 24.557 de Riesgos del Trabajo.
El gobernador Perotti fue clave para que dicha adhesión se concrete en un tiempo relativamente breve, recordemos que en la provincia varios sindicatos afines al Partido Justicialista habían expresado su rechazo a la implementación. Dicha situación cambio con la llegada de Perotti al poder provincial y de Alberto Fernandez al nivel nacional, todos terminaron cediendo.
De esta forma, las modificaciones realizadas por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 54/2017, por orden de Mauricio Macri y su ministro de Trabajo Jorge Triaca, al régimen vigente de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, las ART, entra en plena vigencia a pesar de algunas leves modificaciones que se realizaron para el territorio provincial.
Una ley hecha a medida de las patronales
La lógica de “bajar los costos laborales” sigue presente al momento en que los partidos tradicionales avanzan en legislar derechos laborales. La nueva ley de ART es un muestra clara de ello, bajo ningún parámetro se trata de una ordenanza que intente penar de manera más clara la falta de infraestructura adecuada para prevenir accidentes laborales, sino que ubica que el centro del problema son los “juicios laborales”, es decir, los trabajadores que exigen que se hagan valer sus derechos.
Con las modificaciones realizadas la trabajadora o el trabajador puede tardar años en obtener una posibilidad de ir a la justicia. Ya que la nueva legislación establece como obligatoria y excluyente la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales como la “instancia administrativa previa” a la presentación del trabajador ante la justicia.
La ley es un verdadero “jaque” para un trabajador que tenga intenciones de acceder a la justicia. Ya que no puede hacerlo previo a las resoluciones de las comisiones médicas que tiene un supuesto “plazo máximo” de 60 días hábiles administrativos para expedirse sobre los casos, pero agrega que “puede extenderse por “cuestiones de hecho relacionadas con la acreditación del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, debidamente fundadas”. En criollo, cuando se les cante y tengan ganas.
Pero la cosa no termina en dicha instancia, la ley prevé que si el trabajador lesionado no acepta lo determinado por la CCMM (compuesta por médicos a sueldo de las ART que nunca le dan la razón al trabajador) e inicia la acción judicial, todo lo referido a la prestación establecida queda en suspenso y no recibe nada hasta la finalización del juicio. Una situación que pone entre la espalda y la pared ya que obliga aceptar las migajas o a iniciar una larga carrera judicial y convivir con la incertidumbre de si habrá una justicia real.
En un movimiento legal y certero el gobierno provincial a pedido de nación deteriora las condiciones de trabajo y seguridad y al mismo tiempo complica las condiciones de reclamo frente a esta situación y todo al servicio de obtener mejor condiciones de explotación para los empresarios.
Organizarnos en defensa propia
La nueva legislación deja en evidencia de que los viejos partidos gobiernan para los grupos empresariales concentrados y a pedido de las multinacionales extranjeras. Las y los trabajadores tenemos enormes desafíos por delante y grandes oportunidades para recuperar y conquistar nuevos derechos.
En el año 2019 el colectivo de trabajadores y familiares de Basta de Asesinatos Laborales (BAL), había dado a conocer que hubo un accidente laboral fatal cada 14 horas al nivel nacional. Una cifra que duele y da lugar a un interrogante clave ¿realmente la nueva legislación de ART va a cuidar la vida de las y los trabajadores? A nuestro modo de ver, para nada. La pretensión de legislar a favor de los empresarios nos ha puesto en esta situación, es momento de dar vuelta la tortilla.
Por último, la pandemia del coronavirus ha dejado en evidencia que nuestras vidas valen muy poco para las patronales, nos ha obligado a ir a las fábricas aun a sabiendas de que muchas ramas industriales no eran esenciales. Poco hicieron para cumplir con los protocolos mínimos de cuidado y en algunos casos hubo que realizar medidas de protesta para que cumplan con las medidas de bioseguridad establecidas como sucedió en la Virginia y otras más del cordón industrial provincial.
A las y los trabajadores de salud los dejaron a cargo de todo y los pocos equipamientos incorporados por el gobierno provincial con ayuda nacional demostraron ser insuficientes para cuidar la vida de cientos de trabadores que han fallecido en el último año.
Es momento de canalizar la bronca en cada lugar de trabajo en organización y asambleas de base que sean el camino para recuperar la conducción de nuestros sindicatos. Queda muy claro que las actuales conducciones gremiales no han estado a la altura de las circunstancias y han optado por defender sus privilegios y sus negociados con empresarios y gobiernos. Incluso a costa de la vida y la salud de los trabajadores y trabajadoras.