En octubre de 2019 logramos conquistar la Ley 13.902, que permite el acceso del 5% de la población travesti-trans a un trabajo formal en nuestra provincia. Fue un derecho logrado con años de lucha y sacrificio. Con el cambio de gobierno, bajo el peronista Omar Perotti, la ley estuvo cajoneada, sin hacerse cumplir.
El gobernador la promulgó el 8 de septiembre de 2020. Luego firmó el convenio con el Ministerio de Trabajo y mandó a llamar a las organizaciones sociales que trabajan con la comunidad LGBTQNB+ para empezar a armar la lista de aspirantes.
Hoy, en agosto de 2021, en la segunda ola de Covid-19, esta ley y el mal manejo de las autoridades siguen dando que hablar. El pasado 23 de julio se notificó en todos los medios de comunicación y a les más de 100 inscriptes de toda la provincia, que se haría el sorteo para armar las ternas de personas que serán entrevistadas para entrar a la administración pública provincial.
El sorteo se realizó a partir de las 8.30 en la sede de la Lotería de Santa Fe, con fiscalización de la Escribanía de Gobierno. Las personas inscriptas fueron notificadas del sorteo por correo electrónico y serán informadas de los resultados por ese mismo medio. Al día del hoy ese sorteo fue un misterio: ninguna de las personas inscriptas fue notificada del resultado y ni siquiera se molestaron en difundirlo ese mismo día, siendo algo histórico para la comunidad trans y para toda la provincia.
Estamos igual que cuando comenzamos: sin respuestas claras desde el gobierno sobre la real implementación de estos puestos. Similar situación se atravesó cuando el Ministerio de Salud decidió poner fin a los contratos de les compañeres Dionisio Germanis y Sol Narbonne en el Hospital Iturraspe.
Las disidencias sexuales llevamos años exigiendo reconocimiento laboral a través del cupo en el Estado. Sin embargo, con el pasar de los gobiernos, la falta de acceso y permanencia y la precarización marcan a todo el colectivo. Ni el gobierno anterior del Partido Socialista ni éste comandado por el PJ han tenido la intención real de revertir el problema.
Sin respetar el cupo laboral trans, con despidos y precarización, es evidente que la igualdad ante la ley no es la igualdad ante la vida. Por eso es necesario seguir luchando por la real implementación, coordinar y unificar criterios, armar un plan de lucha y seguir en las calles.
La discriminación laboral sobre la diversidad sexual es un problema al que todos los gobiernos hacen oídos sordos. Nuestras necesidades y demandas llevan años y aun teniendo leyes aprobadas no logran efectivizarse. Sobran relatos, pero las acciones son escasas. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, el cupo laboral trans debería llegar a unas 1.700 personas, pero apenas incluyeron a unas 200.
Necesitamos una respuesta de carácter integral a un problema real y complejo como el que atraviesa nuestro colectivo, en medio de una crisis económica profunda, que no es nueva y que afecta principalmente a los sectores más vulnerados.
Sol Pereyra