El viernes 21 de mayo empresarios del transporte, dueños del servicio en la Ciudad de Santa Fe, presentaron una nota en la Municipalidad pidiendo restringir el servicio público que miles de santafesinos utilizan día a día.
En la nota dirigida al intendente de la ciudad, Emilio Jaton, representantes de las empresas Autobuses y Ersa Urbano hablan de “quiebre de la ecuación económica-financiera” y piden brindar un “servicio de emergencia” por 60 días por el momento.
¿Qué implica esta emergencia? Significa reducción de coches, recorte de líneas y recorridos y la eliminación de la circulación nocturna, incluyendo domingos y feriados. Todo lo que resultará en despidos de trabajadores. Además, piden el cese de los boletos gratuitos y todo tipo de descuentos conquistados durante años.
De esta manera líneas como la 21, la 20 y La Boca no funcionarían más, decenas de líneas acortarían recorridos y los santafesinos no contarían más con colectivos durante la noche, entre las 21 horas de la noche y las 5 de la mañana. Pretenden iniciar un diálogo para que el 1 de junio ya comiencen a circular con este recorte del servicio.
También dejan abierta otras posibilidades como la actualización tarifaria, es decir, aumento del boleto nuevamente, la reestructuración del sistema de transporte de la ciudad o la entrega de compensaciones adicionales.
En cada una de las alternativas se perjudica en primer lugar a los trabajadores choferes, que, al barajar recorte del servicio, aunque no lo digan, abre la puerta a la reducción del personal y a los despidos encubiertos. En segundo lugar, a los usuarios, que entre ellos se encuentran miles de santafesinos, jóvenes estudiantes, trabajadores, docentes y jubilados que acceden hoy a diferentes descuentos como derechos conquistados, siendo el único medio para movilizarse por la ciudad.
Si vamos a los argumentos de fondo, bajo números exorbitantes los empresarios argumentan perdida de ganancias y un déficit de deuda de $ 483.000.000, aunque nos preguntamos cómo puede ser que sigan perdiendo cuando el servicio viene recibiendo subsidios extraordinarios y con un último aumento del boleto del 46,5 % en el mes de febrero.
Estos mismos empresarios, entre ellos se encuentra el conocido Alejandro Rossi, de Autobuses Santa Fe, ex candidato por el Frente de Todos, quien en el mes de febrero exigía un aumento del boleto por arriba del 50%.
La situación del transporte urbano de pasajeros en nuestra ciudad arrastra años de crisis, pero se desnudó bajo la pandemia. Servicio pésimo, sobrecargados de personas, largas horas de espera, coches en deterioro, barrios que quedan sin servicio y con un boleto cada vez más caro. Esto en una situación de crisis económica, que golpea a sectores trabajadores, con una inflación galopante y niveles de pobreza arriba del 40% en nuestra ciudad expondría una vez más que el servicio de transporte está pensando para las ganancias empresariales de unos pocos y no para garantizar un derecho de las mayorías populares.
La única salida es la estatización del transporte
Todos los años, cada varios meses escuchamos los mismos argumentos por parte de estos empresarios de que no llegan a fin de mes con sus ganancias, y presionan a los gobiernos a que les habiliten aumentos y más ajuste para los y las trabajadores.
Pero todos nos preguntamos ¿por qué no abren los libros contables?, ¿Qué hicieron con los millones de pesos que reciben de subidos del Estado? ¿Quiénes los controlan? Estas preguntas traen aparejado un debate de fondo, que es la salida a esta crisis del transporte, que desde la izquierda sostenemos debe ser otra, nada parecida a la que mencionan como alternativas.
La alternativa real debe ser la estatización de todo el servicio de transporte y que funcione bajo control social de usuarios y trabajadores. Es la única y mejor salida para poner fin a un sistema perverso, que lo único que logra es enriquecer a empresarios con la plata de todos.
Por lo tanto, si la “ecuación económica y financiera” de la que hablan no les cierra, es más que necesario recortarles de una buena vez a ellos la gran parte de la torta que se llevan mes a mes y año a año como ganancia. De esta manera, lograr tener un sistema de transporte estatal de calidad, con unidades acordes a las necesidades de las mayorías, y un servicio que garantice un derecho y no un negocio como lo es hasta el día de hoy.