El fallo judicial del juez Luciano Carbajo prohíbe la pesca comercial y deportiva en el río Paraná de Santa Fe hasta el 31 de marzo. Los pescadores advirtieron que continuarán los cortes de rutas y calles hasta que reciban respuesta a sus reclamos.
Cientos de pescadores cortaron desde las primeras horas de este lunes 4 de enero el tránsito en varios puntos de la provincia de Santa Fe; entre ellos la autopista Santa Fe – Rosario, el puente que une esa ciudad con Victoria (Entre Ríos), la Ruta Nacional 168 y manifestaciones en la explanada del edificio de Tribunales de la capital santafesina.
Estas acciones se realizaron en repudio a la decisión adoptada por la Justicia provincial de prohibir la pesca comercial y deportiva en el cauce santafesino del río Paraná. Una resolución que afecta de manera directa a unas 6.000 familias que viven de la comercialización de pescados de río. Los voceros de los pescadores expresaron en diferentes medios de comunicación que los funcionarios del Ministerio de Producción, conducido por Daniel Costamagna, deben brindar una respuesta inmediata a las 4.200 familias que figuran en la base de datos, pero también a las otras más de 2.000 que llevan adelante la actividad de manera irregular por diferentes motivos.
La medida adoptada por el juez rige entre el 29 de diciembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021 y exceptúa solo la pesca denominada de subsistencia. El magistrado Carbajo dio lugar a una medida cautelar que presentaron las organizaciones El Paraná no se toca e Identidad Ecológica, y que contó con el acompañamiento de algunos diputados provinciales en pos de preservar la vida ictícola del río Paraná.
Recordemos que la región del litoral viene afrontando una bajante histórica del nivel del agua, a la cual se sumaron los incendios y un incremento del uso de agrotóxicos que ha puesto en jaque a todo el ecosistema de la región ante la mirada indiferente de las autoridades políticas y judiciales. En otros lugares como Chaco y Corrientes la veda había sido decretada a principios del 2020 pero de forma descoordinada con el resto de las provincias litoraleñas.
Negocio de unos pocos
Desde hace 26 años la Argentina se ha convertido en uno de los pocos países a nivel mundial que exporta pescado de río a más de 20 naciones. Desde la habilitación en el año 1994, los únicos que se han enriquecido han sido los acopiadores y frigoríficos que se dedican a la exportación específicamente, sin control alguno.
En los últimos 20 años se han exportado -según datos oficiales- algo más de 450 millones de kilos de pescado, con un precio de la tonelada promedio (U$S 1.117). La suma de la comercialización durante esos años nos da un total de U$S 502.650.000. El Estado nacional se quedó con el 5% del total en concepto de retenciones, los pescadores solamente han recibido migajas y la realidad lo deja al descubierto.
Está claro que los únicos beneficiados son los empresarios y que las autoridades nacionales y provinciales no se oponen a dicha lógica ya que, de un modo u otro, han recibido ingresos de un recurso que hasta hace muy poco se lo consideraba “sustentable”.
Propuestas ecosocialistas
En el contexto de la bajante histórica del río Paraná, consideramos positivo que se decrete la veda pesquera como freno de emergencia a las consecuencias ecosistémicas tremendas que la fauna ictícola padece, tal como contundentes estudios científicos demuestran.
Ahora bien, no perdemos de vista que la misma fue declarada tarde y mal. Mientras al comienzo del 2020 la bajante se consolidaba y como subproducto aparecían los incendios intencionales, el gobierno de Omar Perotti y la misma Justicia de Santa Fe miraban para otro lado.
La medida debe ser acompañada por asistencia económica para los pequeños y medianos pescadores que quedan desamparados, mientras transcurra la veda. Y su ejecución debe ser llevada a cabo por una comisión compuesta por trabajadores pesqueros afectados, especialistas en la materia y organizaciones socioambientales. En paralelo, hay que dar respuesta a las condiciones sociales y laborales de miles de familias de pescadores que viven desde hace años en la pobreza y la precariedad; mientras los monopolios frigoríficos explotan a les trabajadores, los bienes comunes y se llevan cuantiosas ganancias. Esto empieza por realizar un relevamiento de datos, apoyo socio-económico y reconocimiento como trabajadores con plenos derechos.
A su vez, se debe prohibir en todo el río Paraná el extractivismo ictícola desenfrenado, que explota y exporta sin ningún tipo de control estatal miles de toneladas de peces, algunos de los cuales tienen en riesgo su capacidad reproductiva. Todas estas medidas implican discutir el modelo de producción, distribución y consumo alimentario en Santa Fe y el país. Abrir paso a una transición ecosocialista donde la mayoría trabajadora planifique todo democráticamente en función de las necesidades sociales, la salud, la defensa del río y los bienes comunes; y no la ganancia capitalista.