El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció que viajará a Buenos Aires para firmar la eliminación de las retenciones a la actividad hidrocarburífera convencional.
La medida se presenta como un estímulo a la inversión y al empleo en la Cuenca del Golfo San Jorge, pero profundiza un modelo extractivista que prioriza a las corporaciones por encima de las necesidades sociales y ambientales de la provincia.
Mientras Santa Cruz enfrenta una grave emergencia climática, con localidades afectadas y daños estructurales, el Gobierno avanza también en el traspaso de áreas de YPF a empresas privadas por 1.254 millones de dólares, reduciendo aún más el control estatal sobre recursos estratégicos.
Defender el agua y los bienes comunes
Ante la creciente emergencia hídrica, es imprescindible colocar el agua y los bienes comunes en el centro de las prioridades provinciales.
- El agua como derecho y bien común: frenar proyectos extractivos que amenacen cuencas y reservas.
- Control estatal y social de la energía: planificación pública con participación de trabajadores y comunidades.
- Plan de emergencia climática e hídrica: inversión en obras, prevención y adaptación.
- Transición productiva justa: diversificación económica y reducción de la dependencia extractivista.
Desde la Red Ecosocialista del MST en el FITU reafirmanos la necesidad de impulsar un modelo de provincia al servicio de los pueblos y no de las corporaciones, que ya demostraron históricamente que solo dejan pobreza, contaminación y dependencia económica. El cuidado del agua, del ambiente y de la vida debe estar por encima de cualquier interés privado.
La provincia necesita una orientación basada en justicia ambiental, soberanía energética y participación social real, para que las decisiones sobre el territorio no queden en manos de empresas que priorizan ganancias a corto plazo.
Defender los bienes comunes es defender el presente y el futuro de las comunidades trabajadoras, rurales y urbanas de Santa Cruz.
