Con el falso y antojadizo planteo de “proteger” la escuela pública de “ruidos molestos”, el gobierno de Vidal en Santa Cruz presentó un proyecto de ley trasnochado y antidemocrático, de supuesta “Protección del Entorno Escolar y del Derecho a la Educación sin Interferencias” (ver aquí: proyecto N° 289).
Con tan pomposo título solo quieren ocultar que es una ley anti protestas, que prohibiría la realización de toda movilización, reclamo, concentración, reunión o marcha en la provincia, con la excusa de preservar a las escuelas de sonidos molestos…
Cuando crecen las protestas educativas, las quieren prohibir
Justamente, cuando hay protestas como en la Secundaria 43 de Pico Truncado, donde sus estudiantes pusieron carpas y protestaron por la falta de una caldera; o en la EPP 78 de Río Gallegos que movilizó a Educación y la gobernación al suspenderse las clases por una fuga de gas; este proyecto busca prohibir las protestas educativas, pero también a toda marcha sindical, social, ambiental, democrática, de jubilados o de género y la diversidad. Un grave retroceso en los derechos democráticos.
Aunque su autora, la diputada y docente Fabiola Loreiro, del bloque SER “Por Santa Cruz”, diga que se la malinterpretó y “el proyecto no prohíbe reclamar, no toca el derecho a peticionar ni impide manifestarse”, en su Art. 1° dice lo contrario al establecer “la prohibición de realizar manifestaciones, protestas, concentraciones, uso de megáfonos, bombos, altoparlantes, o cualquier otro tipo de elemento generador de ruidos molestos en inmediaciones de cualquier establecimiento educativo durante los días y horarios de clases” (ver Proy. 289).
Un proyecto trasnochado y rebuscado, por no decir retorcido, ridículo y alejado de las necesidades educativas y las reales situaciones que “perturban el normal desarrollo de las actividades escolares”. Es un proyecto inconstitucional por dónde se lo mire y contrario a las leyes que rigen las demandas laborales y sociales.
La iniciativa impulsada por el gobierno de Vidal, se presenta como una respuesta represiva a las legítimas demandas de estudiantes, docentes y padres, quienes reclaman por la precaria situación de las escuelas, como la falta de calefacción, infraestructura deteriorada, baños clausurados, problemas de alumbrado o de cloacas y riesgos para la salud.
Ataca derechos básicos como la libertad de expresión, de petición, organización y reunión, y a la disidencia política; cuando la escuela, el gobierno y la legislatura deberían estimular el pensamiento crítico, reflexivo, cuestionador y la participación democrática.
Los derechos no colisionan, el Estado debe garantizarlos
En vez de educar en esos derechos, esta ley los pretende reglamentar al decir que al derecho a la protesta, buscan “ordenarlo espacial y temporalmente respeto al entorno escolar. Establecer una distancia de 200 metros y regular los horarios” como si esa fuese “una medida razonable que equilibra el derecho a expresarse con el derecho a educarse…”.
Estos dictadorzuelos parten así del supuesto choque o “colisión de derechos”, como le gusta a la derecha reaccionaria, que contrapone el derecho a educarse con el derecho a manifestarse, entendiendo que uno estaría sobre el otro. Pero los derechos no colisionan, sino que tienen que cumplirse y garantizarse desde el Estado, no reglamentarlos como quieren.
Por eso lo rechazó ADOSAC, gremio docente de CTERA, al entender que “este proyecto antidemocrático se adapta a los tiempos de ajuste, represión y autoritarismo del gobierno nacional”. También AMET (docentes de técnica), diciendo que entra “en conflicto con diversas normas y garantías constitucionales y convencionales, del orden nacional como internacional”. Y alertan sobre la “ambigüedad y amplitud de conceptos como de ‘interferencia ideológica o política’, que podrían censurar expresiones legítimas”.
Habilita la intervención policial en las escuelas
A su vez, habilita la represión en su Art. 3°: “el Ejecutivo, el Ministerio de Seguridad y el Consejo Provincial de Educación, podrán requerir el auxilio de las fuerzas de seguridad para el cumplimiento de lo dispuesto”. Habilitan así el desalojo de protestas estudiantiles o de las familias, como quisieron hacer con la Secundaria 45, al mandar la policía días atrás.
Además, como denuncia ADOSAC, el Art. 2° inc. b) plantea que el “entorno escolar protegido comprende un área perimetral de hasta 200 metros desde los accesos principales” a las escuelas. Cuando la legislatura y la gobernación están a menos de 200 metros del colegio Industrial 4 y el María Auxiliadora. O el Consejo de Educación, donde suele haber manifestaciones, con una escuela a una cuadra… Así buscan blindar a los poderes del Estado de cualquier protesta, no solo educativa, sino de todo sindicato, organización social, vecinal o socio ambiental. Inaudito.
Es tan ridículo, que la policía debería realizar perímetros o “cercos anti marchas” a dos cuadras de las escuelas cuando hay una manifestación. Pero además, el Art. 2° inc. c) plantea como “entorno protegido” a “las rutas de ingreso y egreso utilizadas por los estudiantes”, por lo que no habría por dónde protestar…
Tan absurdo es que no podría haber obras en construcción ni reparación de calles cerca de una escuela. ¿Las van a prohibir? ¿Cuántas veces los gobiernos obligan a asistir a clases con escuelas en obra porque no hicieron los trabajos a tiempo? Nada de eso les preocupa a estos supuestos defensores de la educación.
Quienes incluso prevén “apercibimientos o sanciones administrativas a responsables escolares que incumplan sus deberes de protección” (Art. 4° inc. a). Es decir, si una directora no protege de ruidos o protestas a dos cuadras de su escuela, ¿¡podría ser sancionada!? El delirio no tiene fin…
Siguen a Milei, que se caracteriza por imponer ajustes con mano dura, a través del protocolo anti protestas de Bullrich. Esto daría como resultado una escalada autoritaria del gobierno provincial, ya que no solo vulneran el derecho a protestar, sino también intentan silenciar las voces críticas que denuncian las consecuencias de un ajuste brutal en educación.
El derecho a peticionar, consagrado en la Constitución, es esencial. Restringirlo ante la crisis que viven las escuelas, es un acto de autoritarismo inaceptable. Es restringir derechos fundamentales y reprimir la disidencia de pensamiento. En lugar de eso, el gobierno debería abordar las causas que originan la protesta: la falta de presupuesto educativo.
La solución no pasa por cercenar derechos, sino por garantizarlos
Esto implica mayor presupuesto para infraestructura, becas estudiantiles y salarios dignos para docentes y no docentes. Solo así se podrá construir una educación pública de calidad, justa e inclusiva, que responda a las necesidades del pueblo trabajador y no de los sectores privatistas, la Iglesia, el Banco Mundial, la OCDE y el FMI.
Más que proyectos trasnochados hace falta una Ley de Emergencia en Infraestructura y Mantenimiento Escolar con control social, como presentamos desde el MST (FIT Unidad) en la legislatura porteña con Alejandro Bodart, con Vilma Ripoll en la bonaerense, o en Córdoba con nuestra diputada, Luciana Echevarría.
El rechazo debe ser contundente: la CGT y las CTA deben convocar a enfrentarlo y pronunciarse como hizo la Federación de Sindicatos Municipales (Fe.SOEM) que denuncia este “claro intento de disciplinamiento social y criminalización de la protesta al querer silenciar las manifestaciones legítimas de todo el movimiento sindical y social”.
Compartimos la exigencia de que se retire este proyecto, pero debe acompañarse de la necesidad urgente de salir a las calles a defender la educación, mayores partidas para salud, vivienda, empleo y obra pública, por los derechos humanos y las libertades democráticas. Ya pasó con el intento de reinstalar el nefasto “presentismo”. Con lucha y en las calles lo podremos lograr.
Alternativa Docente, Santa Cruz