El 14 de julio se produjo la primera muerte en Río Gallegos. En estos tres meses la escalada de contagios y víctimas fatales se salió de control. La causa no es sólo el virus, sino el vaciamiento de la salud pública producido durante las tres décadas de gobierno del Frente para la Victoria y la falta de respuestas del gobierno de Alicia Kirchner frente al avance de la pandemia. Al día de hoy la capital de la provincia sigue siendo uno de los focos más preocupantes, con una tasa promedio de 100 contagios diarios y el hospital colapsado. Pero la ola de contagios ya se extiende por toda la provincia, Caleta Olivia y El Calafate fueron declaradas en los últimos días como zonas de transmisión comunitaria.
En ese marco la gobernadora anunció la firma del decreto en adhesión al DNU de Alberto Fernández, que estará vigente hasta el 25 de Octubre. Se puede resumir en las siguientes medidas:
-Río Gallegos, El Calafate y Caleta Olivia en ASPO, con restricción de circulación entre las 22:00 hs y las 8:00 hs (con excepción de personas esenciales y autorizadas) e intensificación de los controles. El resto de las localidades de la provincia en DISPO.
-Creación de un Registro Provincial de Trazabilidad Único Integral para rastrear los nexos epidemiológicos.
Durante el anuncio, Alicia agradeció de manera especial al personal de salud, pero sobre sus reclamos concretos no dijo una palabra.
Un gobierno sin respuestas
Los primeros meses de la pandemia casi no se registraron casos en la provincia y el ASPO tenía un apoyo social mayoritario. Era el momento para preparar el sistema de salud para afrontar la llegada del pico de contagios, pero no se hizo nada al respecto. Por eso ahora la única respuesta del gobierno es mantener la cuarentena para evitar una tragedia sanitaria, objetivo que de todas maneras está lejos de conseguir.
En el medio se agrava la situación social. Las paritarias a la baja de empleados públicos y docentes acrecientan la pobreza al ritmo incesante de la inflación. Los pequeños comerciantes están desesperados. No hay medidas provinciales para paliar la situación y las medidas nacionales son totalmente insuficientes.
La justicia está prácticamente paralizada en el marco de un aumento de las denuncias por casos de abuso sexual en las infancias.
En este cuadro se suceden los reclamos, movilizaciones y caravanas de distintos sectores. En el día de hoy se realizó una nueva caravana del personal de salud que contó con el apoyo de la ADOSAC (que realizará mañana un paro reclamando recomposición salarial). La semana pasada hubo una multitudinaria movilización por los casos de abuso sexual en las infancias que estallaron durante el transcurso de la pandemiay bocinazos de distintos sectores afectados por la crisis, reflejando el descontento de la población con el gobierno de Alicia Kirchner.
Cambiar el rumbo urgentemente
Mientras tanto, en la Legislatura de la provincia están más preocupados por las chicanas que en dar respuestas a la crisis sanitaria y social. El Concejo Deliberante, entre denuncias de abuso y aumentos salariales por decreto, tampoco da respuestas. El coronavirus no solo expuso la decadencia del sistema de salud y educativo, sino también la descomposición de la casta política.
Es urgente tomar medidas que atiendan los reclamos de la clase trabajadora y los sectores populares: un shock de presupuesto y la unificación de toda la infraestructura sanitaria en un único sistema de salud estatal controlado por su personal, incorporación de los auxiliares de enfermería del FENOA y de los residentes de la UNPA, aumento salarial y eliminación de la precarización para todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, y un comité de crisis con la participación del personal de salud que decida las medidas necesarias para enfrentar la pandemia. Además es necesario un aumento salarial para el conjunto de la clase trabajadora que cubra el costo de la canasta familiar, y un paliativo a los trabajadores informales y los sectores que no pueden trabajar por las medidas del ASPO.
Los recursos necesarios para llevar adelante estas medidas existen. Hace falta voluntad política para tocar los intereses de las grandes corporaciones extractivas (declaradas como actividades esenciales) que siguen haciendo fabulosas ganancias a costa del saqueo y la contaminación, favorecidas además por la devaluación y el aumento de los precios. La prioridad deben ser las necesidades sociales para enfrentar la crisis económica y sanitaria, no las ganancias de las corporaciones capitalistas. Es el único camino para evitar una tragedia en la provincia. Es la propuesta de la izquierda.
Javier Martínez