El ajuste de Milei y los gobernadores viene provocando estragos acumulativos sobre todos los habitantes de Argentina. No es un ajuste paso a paso, como en ocasiones en gobiernos que lo precedieron, este avanza palo a palo, golpe a golpe.
Más allá de disputas internas en el seno del gobierno nacional y algunas diferencias en aspectos puntuales y hasta formales, no hay quiebre respecto a la orientación retrógrada y protofascista de este gobierno. Apalear adultos mayores que protestan por sus derechos y contra el veto presidencial a una ley de jubilaciones que les permitía empatarle a la baja de calidad de vida en los últimos meses, o el veto que ya anuncian respecto a la ley de financiamiento de las universidades nacionales son solo una muestra. Estos niveles de violencia institucional, a la par de otros hechos de violencia que salieron a flote en los últimos meses, acaparan las noticias de los medios. Si bien revisten enorme seriedad y debemos tomarlos en cuenta en todo análisis, hay también otras luchas, en diversas escalas y sectores. Debido a la complicidad de la justicia que todavía no se expide respecto a las múltiples inconstitucionalidades, el DNU de diciembre, la Ley de Bases y su capítulo 7 del RIGI siguen vigentes, y respecto al RIGI en particular todavía no acaba el proceso de adhesión de las provincias y municipios, con muchas luchas por delante.
El jueves 12 de septiembre se trató la adhesión al RIGI en la Legislatura de la provincia de Santa Cruz. Ese mismo día se trató también un proyecto de ley que traspasa competencias de control ambiental, incluyendo actividades como la minería, el petróleo y el agua, desde el Ministerio de Salud y Ambiente al Ministerio de Energía y Minería.
Los dos proyectos, más allá de quien los presentara formalmente, son impulsados por el mismo gobierno provincial, objetivamente aliado con Milei y por eso en Santa Cruz seguimos peleando contra el ajuste de Milei y Vidal. Veamos en detalle.
La batalla del RIGI, en Diputados y en la calle
El RIGI busca promover megaproyectos extractivos a costa de nuestros recursos, amenazando el acceso al agua, energía y otros derechos humanos básicos. El RIGI es contrario al artículo 41 de la Constitución Nacional, a todo principio de “no regresividad en materia ambiental”, a la Ley General de Ambiente, a las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 del Acuerdo de la COP de París de 2015, y a cualquier tipo de planificación que sirva a las mayorías populares y esté en armonía con la naturaleza. Es un régimen a pedido de las grandes empresas transnacionales.
Siguiendo la cronología, desde que a fines de junio los diputados y senadores aprobaron la “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” (27.742/24) incluyendo el capítulo 7 del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones -RIGI-, sabíamos que el gobierno de Santa Cruz o alguno de sus representantes en la Legislatura iban a proponer la adhesión de la provincia.
Desde el mes de mayo diversas organizaciones, inicialmente delegados de gremios estatales nacionales presentes en Santa Cruz, veníamos llevando adelante acciones en defensa de las fuentes de trabajo y apoyo a compañeros despedidos producto de la guerra de Milei contra el Estado y los trabajadores. Esta primera convergencia en torno al Frente de Empleados Estatales Nacionales se fue ampliando, sumándose nuevos gremios de las dos CTA y la CGT, centros de estudiantes, agrupaciones ecologistas y trabajadores que sin ser delegados se estaban agrupando.
Luego del receso de julio la propuesta fue presentada por Mario Piero Boffi, diputado por el pueblo de Puerto San Julián de la UCR, integrante del Frente Por Santa Cruz de Vidal. Enseguida, ante la información sobre en qué fecha se trataría, desde el frente de estatales se impulsaron dos acciones: por un lado se realizó una campaña de junta de firmas para exigir al gobierno provincial y autoridades de municipios y comisiones de fomento de Santa Cruz que rechazaran la adhesión al RIGI, acompañada por el estudio del proyecto y la aparición en varios medios. El 22 de agosto se debía tratar el proyecto en la Legislatura, pero el bloque de diputados oficialista no consiguió la mayoría para conseguir su aprobación. Por otro lado las presiones que iban subiendo en algunos sectores, desde trabajadores petroleros, municipales o camioneros por conflictos sectoriales se fueron sumando a la iniciativa contra el RIGI y acabaron convergiendo. La siguiente sesión de la Legislatura debía realizarse el 5 de septiembre pero fue postergada nuevamente.
El jueves 12 la movilización de alrededor de mil trabajadores de casi veinte gremios de las CTA y la CGT, estatales y privados, de centros de estudiantes de la UNPA y organizaciones ecologistas, entre otras la Red Ecosocialista del MST, sumado al trabajo de intervención en comisiones por representantes de algunos de estos sectores configuró un escenario donde el oficialismo se vio obligado a frenar la votación a riesgo de perderla.
Que se haya frenado es la primera batalla, pero no se rechazó. Es un freno de emergencia que metieron desde el gobierno. En caso que el nuevo dictamen de la misma comisión de Trabajo, previsión y seguridad social sea negativo, el riesgo para el gobierno es que, con 13 diputados, el artículo 64 lo aplique el bando del rechazo. La próxima sesión es el jueves 25, es el tiempo que tenemos para hablar con los diputados.
Contra el traspaso de funciones de contralor ambiental al ministerio del extractivismo
El mismo jueves 12 se votó la Ley Nº 224, que traspasa competencias ambientales relacionadas con la minería y los hidrocarburos desde el Ministerio de Salud y Ambiente al Ministerio de Energía y Minería, un verdadero ministerio del extractivismo rentista. En este caso por falta de comunicación nos enteramos tarde. De acuerdo a la declaración de rechazo elaborada por trabajadores de la Secretaría de Ambiente, “esgrimir razones de economía de recursos para traspasar atribuciones de control ambiental al organismo encargado de promover la minería y la energía es un grueso error”. También podría tratarse de un complemento local de la adhesión al RIGI que ya de por sí debilita las posibilidades de control de estas mismas actividades, para fomentar aún más un régimen extractivista que hace a la provincia aún más dependiente de la renta por explotación de sus recursos, debilitando las condiciones para el desarrollo sustentable de las actuales y futuras generaciones.
De mantenerse esta decisión, el control del cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional donde se defiende el derecho al ambiente sano, o de las leyes nacionales de ambiente, de bosques, de glaciares y ambientes periglaciares y otras similares quedarán bajo responsabilidad del zorro que cuida al gallinero.
Contra el RIGI, por los trabajadores y por el ambiente son la misma lucha
Las dos leyes son parte de un régimen a pedido de las grandes empresas transnacionales, en perjuicio de derechos ambientales y humanos garantizados por la Constitución Nacional. Hacemos un llamado a constituirnos en asambleas multisectoriales en las ciudades y los barrios para coordinar la pelea, para que los diputados se pronuncien en las comisiones y voten en la Cámara por el rechazo al RIGI y para que el gobernador vete la Ley Nº 224.
Alejandro Schweitzer