En un hecho insólito y sin precedentes la justicia santacruceña, cumpliendo órdenes de la gobernadora Alicia Kirchner y de la vice presidenta, acusa a tres trabajadores docentes de “intento de femicidio” y a una trabajadora estatal de “intento de homicidio” por un reclamo salarial ocurrido en el marco del conflicto social del año 2017. Es un salto en la política de criminalización de la protesta que es necesario enfrentar.
La Cámara Criminal Oral hizo lugar a un nuevo pedido del fiscal subrogante Federico Heinz para cambiar la carátula de “violación de domicilio” a “intento de femicidio” contra Diego Barrionuevo, Claudio Wasquín, Juan Manuel Valentín e “intento de homicidio” contra Gabriela Ance. Barrionuevo era entonces el Secretario Adjunto del gremio docente ADOSAC, Wasquín y Valentín dirigentes de la CTA Santa Cruz y referentes del MST y el PO respectivamente. Ance referente de la oposición de ATE y también militante del PO. El pedido del fiscal (realizado “casualmente” el día que CFK visitó Santa Cruz y significó el lanzamiento de la campaña electoral oficialista de la provincia) había sido rechazado hace unas semanas por el Juez de Cámara Joaquín Cabral, pero ante la insistencia de Heinz y del Fiscal de Estado Tanarro los otros dos jueces de la Cámara hicieron lugar y pidieron volver a la instancia de instrucción. Esta decisión, además de solicitar penas más duras, implica la posibilidad de que ante una nueva indagatoria les dicten la prisión preventiva. En el marco de un nuevo conflicto docente que lleva seis meses y al que la gobernadora sigue sin dar respuesta, el cambio de carátula significa un salto de carácter cualitativo en la política de criminalización que el kirchnerismo implementa desde que gobierna la provincia. Recordemos que los hechos por el cual procesan a los compañeros se dio en un contexto de conflicto social cuando el gobierno provincial no sólo se negaba a otorgar una recomposición salarial a los trabajadores provinciales sino que llevaba casi dos meses de retraso en el pago de los haberes.
En ese marco, y al saberse de la noticia de que la entonces ex presidenta CFK se encontraba en la residencia de la gobernadora una movilización espontánea se hizo presente ocupando las calles y parte de los jardines de la residencia exigiendo soluciones. La respuesta fue una brutal represión con gases y balas de goma. La causa armada contra Barrionuevo, Ance, Wasquín y Valentín ha sido denunciada en varias instancias por la ADOSAC y distintas organizaciones sindicales y políticas de la provincia y del país. Pero las maniobras del gobierno de Alicia Kirchner no tienen límites. Primero fue la de aplicar la categoría de “funcionarios públicos” a trabajadores para impedir que la causa prescriba, ahora este nuevo salto que conlleva el cambio de carátula. Como bien lo denunció en un comunicado la Mesa Feminista Independiente de Río Gallegos: “El femicidio es una figura que representa un delito penal agravado impuesto al ordenamiento jurídico por los movimientos de mujeres que luchan día a día por correr el velo a la naturalización de la violencia por prácticas vinculadas, entre otras cosas, a los roles sociales que le han sido asignados a las mujeres. Es un delito que busca evidenciar y diferenciarse en la especificidad y así desanimar las prácticas reproducidas por modelos que sostienen la desigualdad y la dominación que terminan con la máxima expresión de la violencia de género que es el homicidio. Es por ello que, utilizar políticamente la figura del femicidio es un atentado a todas las mujeres, y por extensión a toda la sociedad, es quitarle importancia a una historicidad que conlleva muertes, es quitarle voz a las verdaderas víctimas, es burlarse del acto más atroz que pueda ejercerse sobre una persona, es ridiculizar el sometimiento de las miles de mujeres que aún no pueden salir del círculo de la violencia. Acusar aquí de intentar matar ya es un absurdo y un abuso del derecho y de la función además de una mentira contra con las personas criminalizadas por manifestarse pero, hacerlo además, bajo el precepto de cuando mediare violencia de género, es de una perversidad moral y una mala praxis profesional que merece el más enérgico repudio por el desconocimiento de la norma y la falta de criterio al esgrimir imputaciones sin el más mínimo conocimiento intrínseco de la figura legal y en perjuicio directo de los avances jurisprudenciales y normativos en materia de género.”
Es urgente desarrollar una gran campaña contra este nuevo salto en la criminalización de la protesta social.