El año cierra con otra polémica que provoca la megaminería en nuestra provincia. En diciembre la provincia de San Juan comunicó la expropiación del cerro Coronel por parte del municipio de Iglesia, violando leyes y órdenes de la Justicia solamente para favorecer a la Barrick Gold. San Juan y los que deberían ser representantes del pueblo, como el gobernador Orrego (Producción y Trabajo – PRO), el intendente de Iglesia, Jorge Espejo (Bloquismo) o el intentende de Jáchal, Matías Espejo (PJ) solo funcionan para cuidar los intereses del lobby megaminero en el país, demostrando que, para el saqueo no hay grieta.
El cerro Coronel
Iglesia es una ciudad de cerca de 9.000 habitantes al noroeste del centro de la provincia de San Juan. En ella funciona impunemente la mina Veladero, de Barrick Gold y Shandong Gold. En el cerro Coronel, que es parte de varias hectáreas de terreno de la familia Leonardi, hace más de 20 años la empresa instaló de manera ilegal una antena para beneficio propio. Esta familia, lejos de ser parte de las comunidades que luchan y resisten, son familiares de la gestión de José Luis Gioja, que aprovecharon los cargos públicos para poder hacerse con los terrenos del cerro con negociados por debajo de la mesa.
Durante estos últimos 20 años de gestión del PJ, la familia Leonardi hizo negociados con privados reventando los bienes comunes del terreno. Este cerro particularmente, tiene una importancia porque lucraron con una cantera gigante de arenas cuarcíticas, especiales para el fracking de cuarzo puro, y además la superficie que expropiaron es una propiedad considerada por los Leonardi como una mina de tercera categoría de alto valor. Entonces, la lucha con la Barrick no es inocente ni pretende defender la soberanía de los territorios, sino que sirve para concentrar negociados con privados en las manos de las familias poderosas de la provincia.
La disputa con la Barrick
Los Leonardi, varios años después de que la empresa instale la antena, hicieron mediciones del terreno y dieron cuenta de que efectivamente se encontraba dentro de las hectáreas que compraron. Es así que llevaron el caso a la Justicia y comenzaron una disputa legal que tuvo 2 resoluciones por parte de la misma: en primera instancia condenaron a la empresa a pagar una multa de casi un millón de dólares por la ocupación indebida del predio, pero la Sala I de la Cámara Civil ratificó que la antena estaba en territorio privado y revocó la multa, permitiendo a los propietarios desmantelarla.
Ante esto la empresa presentó medidas cautelares a la Justicia provincial, y sostienen que “no pagan este planteo judicial porque se les vendría una catarata de juicios de «otros privados que tendrían también lesionados sus derechos en otras cosas y causas»”. Pero, antes de que siguiese la cuestión judicial a un fallo definitivo, el intendente del departamento de Iglesia, Jorge Espejo (bloquismo) intervino con la expropiación justificando en la ordenanza, que el “el desmantelamiento de las antenas de referencia del terreno traería aparejado irreparables daños y perjuicios para las comunidades y economía del departamento, toda vez que son miles los empleados, proveedores, contratistas y comercios locales que dependen de dicha explotación minera y de los servicios de comunicación, lo que justifica con creces las razones de utilidad pública para la expropiación”. Posteriormente la provincia aseguró que se iba a hacer cargo de los gastos de la expropiación y lo publicaron en el Boletín Oficial a principio de mes.
Lo que la situación nos hace saber, para sorpresa de nadie, es que las empresas megamineras se manejan con una impunidad de no creerse dentro de la provincia. En el medio de que se descubre que desde principio de año no existe un marco regulatorio que fije cuánto se debe pagar por la exportación de oro y plata en el país, en donde Veladero, por ser el yacimiento más grande de los 10 que existen en Argentina, es el mayor beneficiado de la quita de retenciones, se expropian terrenos en la provincia solamente para favorecer los intereses de las empresas. Porque si la megaminería fuese tan importante para la economía local, existirían hospitales de última generación, escuelas en condiciones, calles asfaltadas y la realidad, es que en un país en donde la pobreza escala por encima del 50%, los departamentos azotados por los extractivismos se ven profundamente afectados por la falta de empleo real, la contaminación y la falta de agua sistemática.
La expropiación: ¿qué hacer?
Evidentemente, la gestión del gobierno de Orrego ha llegado a profundizar el saqueo extractivista que empezó el PJ en nuestro territorio. De la mano del RIGI y de las giras mundiales buscando inversiones mineras, regala a la provincia como zona de sacrificio y protege los grandes negociados empresariales y la impunidad que la Barrick tiene hasta hoy.
Los intendentes del PJ de la mano con el gobierno provincial le abren la puerta a las empresas para destruir a los departamentos. El mito del progreso que promete trabajo, salarios más altos y una mejor calidad de vida se ve totalmente falseado en el momento en el que entendemos que por fuera del Gran San Juan no existen hospitales ni públicos, ni privados con neonatología. Asimismo, las condiciones de existencia de las comunidades se ven atravesadas por la flexibilización laboral y una pobreza estructural de la que ninguna empresa megaminera las va a poder sacar. Con 30 años de extractivismo megaminero encima, vivimos en una Argentina con un 56% de pobres.
Evidentemente, que la familia sea dueña del cerro genera demasiado ruido para nosotres, es por eso que creemos que si los terrenos tienen utilidad pública como dice la ordenanza, deberían ser del pueblo y para el pueblo. Ninguna familia cerca a los partidos políticos tradicionales debería poder comprar hectáreas y hectáreas de nuestro territorio con tanta impunidad y desprecio a las comunidades que los habitan, solo para favorecer a sus negocios con privados.
Pero por otro lado, la complicidad del gobierno con las corporaciones es repulsiva. Es necesario prohibir la megaminería, porque despoja nuestros territorios hasta dejarlos inhabitables. Nos explotan hasta dejarnos sin agua y reventar nuestros cerros. Necesitamos urgente nuevas formas de relacionarnos con los bienes comunes y las comunidades. Desde la Red Ecosocialista creemos que no es momento de tibiezas en tiempos donde los gobiernos se organizan para sacarnos todo. Necesitamos consultas populares vinculantes para poder echar a las megamineras, pero por sobre todas las cosas, empleo genuino y un cambio en la matriz productiva. Este sistema capitalista y extractivista, que solo favorece a un puñado de ricos no va más. Y ante la ofensiva extractivista, la unidad de todas las asambleas ambientales de la provincia, junto a organizaciones sociales, de derechos humanos y la izquierda es clave. Echar a una gran megaminera en Valle Fértil es el primer paso para frenar al extractivismo en la provincia. La resistencia debe ser entre todes, unides, pero por sobre todo, en las calles.
Mili Álamo
Red Ecosocialista San Juan