Ayer las cámaras de la salud privada del país, en boca de su vocero Belocopitt, salieron a denunciar un supuesto intento nacionalizador por parte del gobierno de Alberto Fernández. Se quejan de que las han desfinanciado y que este sería el paso previo a una “estatización” del sistema privado. ¿Es esto cierto? Nuestra opinión sobre qué hay detrás de esta denuncia.
Ayer el vocero de la UAS (Unión Argentina de Empresas de Salud), Claudio Belocopitt salió a denunciar que el gobierno intenta una nacionalización o estatización del sistema de salud privado de la Argentina y remarcó que irían a la Justicia para realizar una medida cautelar que “les exija a las autoridades el cumplimiento de la ley”.
En realidad, el reclamo corporativo del sector, sea en forma de queja o amenaza legal pasa por dos cuestiones bien concretas. La primera se refiere a que pretenden que el gobierno les deje aumentar las cuotas de las prepagas y prestaciones médico- sanatoriales muy por encima de lo que se les permitió durante el año pasado, que fue de un 10% primero y cerca de un 13% posteriormente; a esto hacen referencia cuando dicen que quieren que se cumpla la ley. La segunda cuestión es que, como dijo Villavicencia, titular de la Asociación de Clínicas y Sanatorios, la inflación en la salud ha sido durante la pandemia muy superior a la general, con medicamentos que aumentaron por encima del 300% y algunos como los sedantes y tranquilizantes más del 1.300%, por lo que el sistema privado estaría en una situación de verdadero desastre, según sus palabras.
Aducen que de no remediarse esto, toda la salud colapsaría ya que, según sostienen ellos, atienden al 70% de la población mientras que el Estado solo atiende al 30%. ¿Son reales estos números?¿Y sus reclamos, son justos? Vamos por parte, para explicarlo.
¿Qué es la UAS?
La UAS fue creada en 2019, donde se juntaron las clásicas prepagas como Swiss Medical, encabezado por el que lleva la voz cantante, Belocopitt; prestadores de servicios de salud como la Asociación de Clínicas y Sanatorios y hasta entraron indirectamente las obras sociales sindicales. Se unieron en un intento de fortalecer en forma corporativa al sector privado que venía teniendo dificultades de funcionamiento y para dar prestaciones en un marco de inflación creciente en el sector y de bajos salarios e ingresos para recaudar. La pandemia multiplicó estas dificultades, incrementando exponencialmente el número de enfermos que atender y cuando el ex ministro Ginés habló solo de la necesidad de coordinación del sistema público y privado, se encendieron las luces de alarma del sector que no quiere ni la más mínima intromisión del Estado en su recaudación y ganancias.
Por la ley 26.682/2011 las prepagas -que, aunque solo manejan en forma directa el 10-12% del mercado de la salud son las que efectivamente dirigen la batuta- pueden aumentar las cuotas a sus afiliados de manera unilateral, previa autorización del gobierno, en razón de la inflación y sus supuestos costos. Para poder negociar con mayor fuerza en 2019 entonces, se unieron a las clínicas y sanatorios y a la Federación de mutuales y hospitales de comunidad y de manera indirecta también a las obras sociales.
¿Por qué se quejan?
Durante años hicieron enormes fortunas y ganancias a expensas de la salud de la gente, basándose en un principio muy sencillo: recaudar mucho a través de cuotas altísimas y dar las menores prestaciones posibles. Pero vino la pandemia por coronavirus y les cambió todo el escenario, se enfrentaban a un aumento exponencial de verdaderos y graves enfermos que requerirían de mucho “gasto” y encima el gobierno les impidió aumentar lo que ellos pretendían las cuotas y prestaciones. Para peor, son víctimas de su propia medicina, ya que los laboratorios farmacéuticos y proveedores de insumos médicos, haciendo gala de la más putrefacta especulación capitalista, les aumentaron los precios 300%-500% y hasta 1300%. Esto es lo que los enloqueció y ahora denuncian a los cuatro vientos que este gobierno los quiere nacionalizar o estatizar, agitando como siempre la bandera de la libertad de empresa y la protección de la propiedad privada.
¿Se necesita un sistema único de salud?
Desde el MST en el FIT-U les decimos a Belocopitt y los suyos que si es por el gobierno de Alberto Fernández, no teman por ninguna privatización. Vicentin, Pescarmona y tantos otros amenazados por el kirchnerismo de expropiación o estatización o no lo fueron o incluso fueron salvados con millones de dólares para rescatarlos de sus pérdidas o deudas.
Nosotros sostenemos que la salud debe ser un derecho incuestionable de toda la población y no presa de la ganancia privada, siempre; pero en medio de una pandemia mucho más. Pretender lucrar o retacear prestaciones en este marco es directamente criminal, porque lo que no dicen los de la UAS es que mientras ellos cobran cuotas de 10.000 a 30.000 pesos mensuales por persona, todas las drogas e insumos de alto costo son cubiertos por el Estado y ahora que llegó el momento de responderle a sus afiliados porque así lo requiere esta epidemia, quieren aumentar los precios de manera exorbitante, ya que no lograron mantener la estrategia inicial de negarse a atender enfermos o no pagar consultas médicas. Y como hasta ahora no lograron esos aumentos, van a la Justicia diciendo que se los quiere desfinanciar, fundir y posteriormente estatizar, cosa que ni ellos mismos se creen bajo este gobierno de falso progresismo.
Proponemos desde el comienzo de la pandemia que se necesita un sistema único de salud, bajo la órbita del Estado y controlado por los trabajadores de la salud y los usuarios. Solo de esta forma se lograría optimizar la atención de salud, unificando la recaudación total, por un lado, pero sobre todo para poder contar de manera racional y científica con todos los recursos humanos de todo el personal de la salud y con todos los recursos de infraestructura edilicia y de equipamiento e insumos necesarios. De ninguna manera puede ser el monto de la cuota lo que defina si un enfermo recibirá una atención de primer nivel o deficitaria. En definitiva, la pandemia exige de tomar medidas radicales, avanzar sí en la estatización y nacionalización de todo el sistema de salud y unificarlo. Ni de lejos son estos los planes del gobierno de Alberto.