Policías, bomberos y ambulancias con cientos de kilos de droga y desaparición de mujeres.
La ley bases y el paquete fiscal impulsada por Milei y aprobada por los diputados de Sáenz, Olmedo y Romero en el Congreso Nacional sirven para fomentar el nuevo fenómeno en el mundo del crimen organizado: el tráfico de grandes cantidades de droga en vehículos oficiales, cuyas remesas económicas pueden ser depositadas en bancos locales en Argentina para luego ser giradas fuera del país de forma totalmente legal.
El martes 7 de julio, sobre la ruta nacional 34, en el tramo de la localidad de Aguaray en Salta, paso fronterizo con la ciudad de Yacuiba en Bolivia, una camioneta de la policía provincial fue sorprendida con 420 kilos de cocaína. Por el hecho quedaron detenidos dos policías y un tercero se dió a la fuga, no sin antes abrir fuego con el arma reglamentaria y luego ocultarse en el espeso monte norteño.
Estos hechos de vehículos “oficiales” con grandes cargamentos de estupefacientes proliferan semana a semana. Hace poco fue detenida circunstancialmente una ambulancia que llevaba más de 130 kilos de cocaína y había partido de la norteña ciudad de Orán.
Esa misma localidad cobró fama en medios nacionales cuando los videos de vigilancia de una estación de servicio GNC mostraban como explotaba un automóvil que intentaba hacer una recarga detonando el tanque de gas, esparciendo así una densa nube blanca de cocaína. El vehículo, que quedó totalmente destruido y por fortuna sin que nadie resulte herido, era conducido por una oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires de paseo por la frontera.
Posteriormente, sobre ruta nacional 50, un vehículo de emergencia de Bomberos Voluntarios de la ciudad salteña de Aguas Blancas, fronteriza con la localidad de Bermejo Bolivia, fue detenido cuando trasladaba mas de 300 kilos de cocaína con personal oficial a bordo.
A esto se le suma ahora la modalidad de secuestro de niños, jóvenes y mujeres. Se multiplican las denuncias judiciales que dan cuenta de la desaparición mujeres en la provincia. En la última semana se conocieron los casos de Mariana Jazmín de 14 años que salió de su hogar el 10 de julio; Iris Bibiana del Milagro Tarifa de 30 años; y ahora Trinidad Abigail de 15 años.
Tras esta sumatoria de delitos donde se expone la génesis de un narcoestado, el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Salta, Marcelo Domínguez, fue consultado sobre considerar su renuncia, a lo que el funcionario respondió con una fuerte carga de hipocresía: “¿Por qué debería renunciar? La prensa salteña repreguntó : “Y, por la policía, los patrulleros, las ambulancias, los vehículos de bomberos, todos con cientos de kilos de droga. Las mujeres desaparecidas. ¡Ministro!”. La respuesta fue concluyente: “Bueno, solo renunciaría si me lo pide el gobernador y eso no ocurrió”.
El pacto de Güemes en Salta entre los dirigentes dinosaurios y el pacto de Mayo en julio a nivel nacional entre gobernadores con el presidente, son un pacto de la casta. Blindan la impunidad de quienes manejan el estrado para su saqueo de los recursos naturales y asfaltan el camino para la proliferación del crimen organizado, los hechos son cada vez mas evidentes.
Solo la organización de los de abajo en unidad puede ayudar a buscar una salida a esta barbarie social.
Samuel Huerga, periodista y dirigente del MST en el FIT-U